Air-e y Afinia: mandatarios del Caribe exigen al Gobierno una auditoría sobre la inversión de ambas empresas

El pasado viernes, los gobernadores de los departamentos del Caribe colombiano emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su preocupación por la crisis energética que afecta a la región. 

La declaración, firmada tras una sesión del Consejo Regional y istrativo de la Región istrativa y de Planificación (RAP), aborda temas cruciales como el deterioro del servicio eléctrico y las tarifas elevadas, así como la intervención de la empresa distribuidora Air-e, y la posible intervención de Afinia, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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Según indicaron, los ciudadanos del Caribe no pueden seguir sufriendo las consecuencias de un servicio eléctrico inestable y deficiente, especialmente en una región que enfrenta una alta vulnerabilidad socioeconómica.

El objetivo es garantizar que los recursos prometidos se han utilizado adecuadamente para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio, así como asegurar que las tarifas sean justas para los s más vulnerables de la región.

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Los mandatarios departamentales subrayaron la importancia de cumplir con los acuerdos establecidos en las actas firmadas con el Ministerio de Minas y Energía, congresistas, actores del sistema y alcaldes locales. Estos acuerdos incluían compromisos para reducir las tarifas y mejorar el servicio eléctrico, aspectos que, según los gobernadores, no han sido implementados de manera efectiva. En la declaración, solicitaron que se revisen y se cumplan dichos compromisos para aliviar la carga de los consumidores, especialmente de los estratos 1, 2 y 3.

Además, los mandatarios exigieron que se avance en un plan de ampliación de la infraestructura eléctrica. Este plan es fundamental para estabilizar el sector energético en la región y facilitar la entrada de nuevos proyectos de generación de energías renovables, que permitirían no solo cubrir la demanda creciente, sino también diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Uno de los puntos más críticos de la declaración fue la solicitud de creación de un fondo de compensación de pérdidas. Según los gobernadores, el costo de las pérdidas en la red eléctrica no debería ser asumido por los consumidores, sino por el Gobierno Nacional. Esto ayudaría a aliviar las cargas económicas que afectan a millones de ciudadanos en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes pagan tarifas desproporcionadamente altas en comparación con otras regiones del país.

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Sobre el futuro de Air-e, la empresa de energía intervenida este jueves, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, llamó al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, a unirse a consejo consultivo, que propone el agente interventor, para la toma de decisiones en conjunto y desde varios sectores.

La situación en torno a la intervención de Air-e ha generado tensiones adicionales. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advirtió sobre un posible riesgo de sabotaje en el sistema eléctrico de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según la entidad, ha recibido información que indica que el sabotaje podría afectar tanto el ámbito operativo como istrativo, lo que pondría en peligro el suministro de energía para los habitantes de la región.

La Superservicios instó a las gobernaciones y alcaldías a discutir el tema en sus comités de gobierno y consejos de seguridad, con el fin de tomar medidas preventivas que aseguren la estabilidad del sistema eléctrico. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con la manipulación de las líneas de transmisión y centros de operación de energía.

Ante la gravedad de la situación, la entidad aseguró estar monitoreando constantemente el estado del servicio y tomando medidas para minimizar el riesgo de interrupciones. Un equipo de empalme trabaja para garantizar la continuidad del servicio, y se han activado planes de contingencia para prevenir un colapso total del sistema en caso de sabotaje.

Otro de los temas clave que abordaron los gobernadores fue el relacionado con las tarifas de energía. Los mandatarios solicitaron la devolución, mediante compensación, de los valores cobrados por concepto de opción tarifaria en el caso de Air-e. Explicaron que de las 12 cuotas correspondientes a este concepto, ya se han cancelado 10, lo que significa que los s más vulnerables, como los de los estratos 1, 2 y 3, no están recibiendo los beneficios previstos en la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Por último, pidieron modificar los límites de consumo de subsistencia para los s ubicados por debajo de los 340 metros sobre el nivel del mar. Propusieron que se aumente el límite de 173 kWh a 252 kWh a partir de abril de 2024, lo que beneficiaría a miles de familias que actualmente ven restringido su a un servicio básico a precios asequibles.

Con estas demandas, los gobernadores del Caribe buscan una solución integral a la crisis energética que afecta a la región y esperan que el Gobierno nacional actúe de manera rápida y efectiva para garantizar un servicio de calidad para todos los habitantes de la Costa.

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Redacción Caribe