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Estalla crisis financiera en la red de hospitales del Atlántico: radiografía de irregularidades y un modelo fallido

La E.S.E. Universitaria del Atlántico enfrenta un colapso anunciado. Deudas superan los 200 mil millones de pesos.

Supersalud — ESE UNA la conforman: el Juan Domínguez Romero de Soledad; Hospital de Sabanalarga; el CARI; y el Niño Jesús, en Barranquilla. Foto: Cortesía Comunicaciones Gobernación del Atlántico

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Leonardo Herrera Delgans

PERIODISTA17.03.2025 08:25 Actualizado: 17.03.2025 08:45

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La E.S.E. Universitaria del Atlántico (E.S.E. UNA), creada para gestionar los servicios de salud en el Atlántico bajo un modelo centralizado, está al borde del colapso financiero y operativo.

(Además: La historia de la joven que fingió estar embrazada y desapareció: excuñada revela la verdad).

Auditorías recientes de la Superintendencia de Salud han revelado un panorama sombrío que incluye un déficit acumulado de unos 200 mil millones y contratos millonarios que comprometen recursos hasta el año 2037.

Las denuncias de irregularidades, falta de transparencia y decisiones istrativas cuestionables han puesto en evidencia una crisis estructural que afecta tanto a los trabajadores como a los pacientes más vulnerables de la región.

A la espera de un análisis

El gobernador Eduardo Verano, quien lideró la istración previa a la creación de la E.S.E. UNA, explicó que el sistema actual está en etapa de análisis por parte de la Superintendencia de Salud.

Más calidad en la prestación del servicio del PAE pidió el gobernador. — Eduardo Verano gobernador del Atlántico. Foto:Cortesía Gobernación del Atlántico

Verano recordó que el modelo anterior consistía en hospitales independientes con gerencias autónomas, pero fue reemplazado por una estructura centralizada que unificó las operaciones bajo una sola entidad.

Según el gobernador, este cambio ha generado dificultades para competir con las más de 80 entidades de salud presentes en el departamento.

Verano propuso fortalecer los servicios médicos con equipos modernos y utilizar recursos provenientes de la estampilla para mejorar el equipamiento hospitalario. "Para poder competir tenemos que mejorar nuestro servicio, tener más equipamiento moderno y mejores recursos", afirmó.

Sin embargo, reconoció que están a la espera del informe final de la Superintendencia para tomar decisiones concretas sobre el futuro del sistema.

Contratos cuestionados: ¿quiénes son los beneficiarios?

La auditoría reveló que los contratos firmados por la E.S.E. UNA con operadores privados suman un billón de pesos y se extienden hasta 2037. Estos acuerdos incluyen:

Unidad de Cuidados Intensivos: $354 mil millones adjudicados a la Unión Temporal UT UCI Pediátrica y Neonatal.

Servicios Farmacéuticos: $241 mil millones asignados a UT Servicios Farmacéuticos del S & D.

Laboratorio Clínico: $85.563 millones contratados con UT E.S.E. UNA.

Alimentación: $173 mil millones entregados a Servicios de Alimentos N.P.

Imágenes Diagnósticas: $303 mil millones gestionados por Sociedades Ayudas Diagnósticas del Atlántico.

El abogado Alfonso Camerano Fuentes criticó duramente estos contratos por su falta de transparencia y cuestionó quiénes son las empresas involucradas y cómo fueron seleccionadas.

La red hospitalaria del Atlántico atraviesa serios problemas financieros. Foto:Redes sociales

Según Camerano, estos acuerdos benefician principalmente a operadores privados, desnaturalizando el carácter social del servicio público.

Un modelo inviable desde su concepción

El diputado Alfredo Varela señaló que el modelo implementado durante la istración de Elsa Noguera es inviable y favorece desproporcionadamente a los operadores privados.

Antes de la creación de la E.S.E. UNA, existían cuatro hospitales independientes (Cari alta complejidad, Cari salud mental, Niño Jesús y Juan Domínguez Soledad), cada uno con su propia istración.

Alfredo Vareral, candidato a la Gobernación del Atlántico. — Alfredo Varela diputado del Atlántico. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO

La centralización bajo una sola entidad eliminó esta autonomía y concentró los contratos en manos privadas.

Varela explicó que los privados utilizan las instalaciones públicas pero se quedan con el 70% u 80% de las ganancias, dejando apenas un 20% para la red pública.

Este desequilibrio financiero ha llevado a que los ingresos sean insuficientes para cubrir siquiera los salarios del personal médico. "El nuevo modelo se hizo a pérdida, mal concebido, solo para que privados ganen dinero a costa de que la gobernación pierda", afirmó.

Advertencias ignoradas y persecución política

La crisis actual no es una sorpresa para quienes han seguido el desarrollo de esta entidad desde su creación.

La Superintendencia de Salud ya había impuesto un Plan de Mejoramiento en marzo de 2023 tras identificar deficiencias graves en servicios médicos y presupuestos deficitarios.

Entre las irregularidades señaladas estaban pérdidas operacionales por $48.293 millones, ingresos inferiores a los gastos y deficiencias en personal médico especializado.

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Foto:Gobernación del Atlántico.

Además, figuras como Ulahy Dan Beltrán López, exgerente del Hospital Universitario Cari, enfrentaron persecuciones políticas cuando intentaron implementar modelos alternativos basados en alianzas público-privadas. Según Camerano Fuentes, estas acciones fueron orquestadas para desmantelar cualquier intento previo de salvamento financiero.

Impacto social: trabajadores sin pago y servicios colapsados

La diputada Alejandra Moreno denunció las condiciones precarias dentro de la E.S.E. UNA.

Los trabajadores contratados bajo modalidad de prestación de servicios acumulan meses sin recibir sus salarios, mientras que las millonarias deudas ponen en riesgo la continuidad del sistema hospitalario. Moreno también alertó sobre el cierre progresivo de unidades médicas, lo cual afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables del Atlántico.

Alejandra Moreno, diputada del Atlántico. Foto:Prensa Alejandra Moreno

"Nos trataron como mentirosos cuando advertimos esta crisis", señaló Moreno. La diputada ha solicitado un debate político para exigir explicaciones al gerente actual, Pablo De La Cruz, mientras informes sindicales revelan pasivos superiores a $109 mil millones.

¿Qué sigue para la E.S.E. UNA?

Las denuncias sobre irregularidades financieras han llegado ya a instancias como la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación. Entre las acusaciones más graves están falsificación documental, fraude en procedimientos médicos inexistentes y pagos por servicios no prestados.

Estas prácticas no solo afectan el patrimonio público sino también la calidad del servicio médico ofrecido a los ciudadanos.

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Por otro lado, se espera que la Superintendencia Financiera evalúe la legalidad de los desembolsos anticipados realizados por entidades bancarias para financiar contratos cuestionables.

Según Camerano Fuentes, estos acuerdos perpetúan un modelo donde los contribuyentes asumen las pérdidas mientras los operadores privados obtienen ganancias exorbitantes.