¿Notaría del Clan? La historia oculta detrás de Ana Dolores Meza y el millonario robo de tierras en Barranquilla

La reciente captura de Ana Dolores Meza Caballero, notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, ha provocado un sismo en el mundo jurídico de la ciudad. Su detención, ejecutada por la Sijín, se enmarca en una compleja investigación por un presunto esquema de despojo masivo de tierras que involucra a una red de funcionarios públicos, tramitadores, abogados y organizaciones criminales.

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La captura de Meza Caballero no fue un hecho aislado. EL TIEMPO pudo establecer que la Fiscalía venía trazando una línea de investigación desde hace más de un año, tras descubrir una red delictiva que utilizó instrumentos jurídicos legales —escrituras, poderes, certificados de tradición y libertad— como armas de guerra silenciosa para arrebatarles tierras a cientos de ciudadanos.

La caída de la notaria, de 66 años, se da en un momento clave del proceso judicial. La Fiscalía Octava contra la Corrupción, con sede en Bogotá, lidera el expediente y ha logrado vincular a al menos 33 personas, entre ellas altos funcionarios, exinspectores de Policía, abogados, registradores y notarios en funciones y retirados. 

Todos estarían conectados con una estructura criminal que operaba como un "cartel de tierras", aprovechando vacíos institucionales, relaciones de poder y hasta la propia ley para legitimar el saqueo.

Durante décadas, Meza Caballero forjó una reputación de diligencia y conocimiento técnico. Fue notaria Primera, durante doce años y desde hace dieciséis lideraba la Notaría Segunda, ubicada en pleno centro de Barranquilla. Sin embargo, la acumulación de denuncias, irregularidades documentales y antecedentes penales en su entorno profesional sembraron dudas en los investigadores sobre si su papel era de omisión o de complicidad activa.

Las autoridades sostienen que la funcionaria habría incurrido en delitos como peculado por apropiación, prevaricato por omisión, asociación para delinquir y urbanización ilegal. Todos ellos apuntan a un posible conocimiento, tolerancia o colaboración en el uso de su oficina para legitimar maniobras criminales. La Fiscalía afirma que varios de estos delitos venían ocurriendo desde 2018 y alcanzaron su punto más crítico entre 2021 y 2023.

Este diario logró conocer que el primer gran escándalo que rodeó la Notaría Segunda ocurrió en abril de 2024, cuando fue capturado Augusto Osorio Berdugo, exnotario encargado y jubilado. Osorio fue señalado como pieza clave en una trama que utilizó escrituras falsas y poderes simulados para transferir ilegalmente propiedades a nombres de terceros que, en muchos casos, tenían antecedentes judiciales o nexos con estructuras criminales.

Según la Fiscalía, Osorio actuó de forma coordinada con el abogado Ever Edinson Castro Miranda y con Diana Patricia Molina Barraza, quienes oficiaban como intermediarios y tramitadores. Su propósito: favorecer los intereses de del clan del Golfo y de la banda los Costeños en la apropiación de predios urbanos y rurales con alto valor comercial.

Los investigadores lograron establecer vínculos entre esta red y al menos dos de los criminales más peligrosos del Caribe colombiano: Omar Alexander Ladino Vargas, alias el Señor del Portafolio, señalado como cerebro financiero de los Costeños y experto en despojo de tierras; y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.

Ambos aparecen en expedientes donde figuran documentos notariales emitidos desde la Notaría Segunda. EL TIEMPO conoció que uno de los hallazgos más impactantes fue la existencia de escrituras que transferían propiedades a testaferros de estas organizaciones, muchas veces utilizando identidades falsas o poderes judiciales caducos.

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EL TIEMPO conoció un hecho aún más inquietante asociado a esta notaría que salió a la luz tras la captura de Osorio. En 2020, desde ese mismo despacho se habría expedido un acta de defunción falsa para Jorge Eliécer Torres, alias Plástico, otro cabecilla del ‘clan del Golfo’. El documento certificaba su supuesta muerte en un accidente de tránsito en La Apartada, Córdoba. El objetivo: ayudarle a escapar del radar de las autoridades mediante una identidad nueva.

Pero alias Plástico no había muerto. Investigaciones posteriores demostraron que este documento fue utilizado para limpiar su historial y facilitar una fuga. El hecho no solo reveló la profundidad de la infiltración criminal en las instituciones legales, sino también la capacidad operativa que estas redes alcanzaron en su interacción con entidades públicas.

Las ramificaciones del caso van más allá de Barranquilla. En los operativos que llevaron a la captura de Meza Caballero también fueron detenidos Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, asesor jurídico de la Alcaldía del mismo municipio; y Francisco Mejía, notario de Santo Tomás. Además, figuran inspectores de Policía, supuestos “poseedores” de tierras, abogados y tramitadores.

Durante las audiencias, el juez Ángel Monroy legalizó 16 de las 17 capturas, y anunció que se espera una segunda fase de imputaciones en los próximos días. El presidente Gustavo Petro, al referirse al caso, aseguró que “esta red criminal será desmantelada por completo” y que el Gobierno respaldará las acciones judiciales para frenar el despojo de tierras a campesinos y propietarios legítimos.

Se estima que los predios comprometidos suman cerca de 277.000 metros cuadrados, con un valor comercial superior a los 22 mil millones de pesos. Muchos de ellos se encuentran en zonas de expansión urbana o en sectores estratégicos para desarrollos inmobiliarios.

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El caso de la Notaría Segunda de Barranquilla ha encendido las alarmas en todo el país. Para expertos en derecho notarial y urbanismo, consultados por este medio, este escándalo no es solo un hecho de corrupción puntual, sino el síntoma de una enfermedad más profunda: el deterioro institucional y la vulnerabilidad del sistema legal ante redes de poder que actúan como mafias enquistadas en las estructuras del Estado.

Las investigaciones apenas comienzan. Lo que ya está claro es que el caso de Ana Dolores Meza Caballero no es solo la historia de una funcionaria en caída. Es la evidencia más reciente —y más elocuente— de cómo el poder legal puede ser torcido, manipulado y comercializado como instrumento de despojo. Y cómo, detrás de cada sello y cada firma, puede ocultarse un entramado de intereses mafiosos que amenaza la propiedad, la ley y la justicia misma.

Las audiencias continuarán esta semana, cuando se espera que la Fiscalía avance en la formulación de imputaciones y se determine por parte del juez, la medida de aseguramiento para los implicados.