Gobierno toma posesión de Air-e y Contralor alerta por riesgos en sector eléctrico: 'Puede generar cesación en la prestación del servicio'

Luego de que Air-e informó el martes que necesitaba intervención urgente del Gobierno, pues solo tenía capacidad para operar cuatro o cinco días más, jueves  la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informó que tomó posesión de la empresa encargada del suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Para esto se designó como interventor al ingeniero eléctrico Carlos Diago, quien tiene una amplia experiencia en el sector.

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“Inicialmente se ha establecido un año, yo aspiro a crear un consejo consultivo de personas con mucha capacidad y mérito para que no quede todo en manos del agente interventor”, detalló al respecto el superintendente Dagoberto Quiroga en una declaración pública. El objetivo de la intervención, que podría ser prorrogable dependiendo de los avances, es revisar los estados financieros de Air-e y las condiciones bajo las cuales la empresa está operando. Esta acción responde a los problemas de ineficiencia y falta de cobertura que la empresa ha mostrado en su operación en el Caribe colombiano.

El proceso de intervención será estrictamente istrativo, y la empresa podría ser devuelta a sus propietarios una vez se logre estabilizar su funcionamiento. No obstante, no se descarta la liquidación si no se alcanzan los objetivos.

Precisamente a esta intervención se refirió ayer desde Cartagena, donde asistió al Congreso Confecámaras 2024, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien le envió un mensaje urgente al Gobierno. El funcionario recordó que el pasado 2 de septiembre advirtió que 10 millones de personas podrían quedarse sin energía en diferentes zonas del país, y reiteró que esa alerta sigue vigente.

“Si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, así como las demás entidades competentes como la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los s, el desarrollo económico del país, en especial en toda la costa Caribe y, por ende, los ingresos al presupuesto nacional derivados de diferentes conceptos”, señaló Rodríguez.

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Pese a que el Contralor calificó la situación como grave y compleja, dijo que no observa que se estén tomando “medidas concretas, oportunas y efectivas” para solventar la situación. Asimismo, sostuvo que la intervención que se lleva a cabo en Air-e “se puede presentar en otras empresas como Afinia, en la costa Atlántica, y que puede afectar a otras empresas como EPM y las finanzas de Medellín y Antioquia, que un altísimo porcentaje depende en su desarrollo de este tipo de recursos transferidos por este concepto”.

Igualmente, el funcionario habló sobre lo costosos que pueden salir los procesos de intervención, pues afirmó que una intervención a una empresa le podría costar al Gobierno aproximadamente 4 billones de pesos al año, “que corresponde al déficit de operación de Air-e y Afinia para solventar no solo su operación, sino las inversiones y garantizar la atención de la demanda con confiabilidad”. 

Esto es delicado si se tiene en cuenta que, como también lo recordó Rodríguez, “la Nación no cuenta con los recursos necesarios”. Prueba de ello, apuntó, es el atraso en el giro de los subsidios y el no cumplimiento del compromiso de asumir la deuda de los s con la opción tarifaria.

En ese sentido, el jefe del órgano de control dijo que se requieren medidas urgentes para cumplir con el fin esencial del Estado de garantizar el a servicios públicos, que son indicadores de desarrollo, equidad y disminución de la pobreza. “Se tendrá que actuar para garantizar el servicio a los s y dar garantías a los prestadores. (...) La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional y comprende además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta”, indicó.

Finalmente, el Contralor hizo un fuerte llamado a los ministerios, a las superintendencias involucradas y al Gobierno “para que se adopten las medidas con carácter urgente para prevenir y solventar las afectaciones en la prestación del servicio público y evitar el riesgo sistémico sobre el sistema a nivel nacional”.