La histórica recuperación de baldíos en Islas del Rosario que alerta a empresarios

En un hecho inédito en la historia de Cartagena, La Agencia Nacional de Tierra, ANT, recuperó este año 13 predios baldíos de la nación en las paradisiacas islas del Rosario, en zona insular de ciudad heroica.

Estos baldíos eran ocupados por particulares, muchos de los cuales tenían deudas millonarias con el estado por concepto de arrendamientos, mientras se lucraban con proyectos hoteleros y casas de descaso.

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De los 13 predios recuperados siete han sido entregados provisionalmente al Consejo Comunitario de las comunidades afro de Islas del Rosario para su istración; dos son operados por privados, entre ellos la Sociedad Tequendama perteneciente a las fuerzas militares; otro más fue entregado a la Policía Nacional para un comando insular; uno, que se está tragando la erosión costera, servirá para restauración coralina. Dos más serán ofertados públicamente para que cualquier colombiano pueda postularse y tomarlo en arriendo.

La meta del Gobierno Petro es ir por al menos 120 predios baldíos en las paradisiacas islas del Rosario en los próximos tres años.

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Esta oleada de operativos en zona insular de Cartagena es la respuesta a dos investigaciones que le abrió la Procuraduría General de la Nación en 2022 a la ANT por presuntas faltas en la gestión en la supervisión de contratos e incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios de estas islas. En marzo de 2022 la Contraloría había revelado que la nación habría perdido más de $9 mil millones por irregularidades en el pago de arriendos en esta región insular escenario de turismo de exclusividad.

EL TIEMPO consultó a un grupo de empresarios, ocupantes de baldíos en las islas, quienes aseguran que los deudores y quienes han hecho uso indebido de los predios son una minoría, y que los operativos que promete seguir adelantando el Gobierno Petro sobre estos baldíos estarían faltando a la ley y a los derechos consignados en la constitución.

“Estamos preocupados ante las diligencias realizadas sin las adecuadas citaciones ni notificaciones en procesos de restitución de predios en arrendamiento. Este proceder omite pasos legales esenciales y pone en riesgo el derecho fundamental de defensa. Con base en la jurisprudencia de altas cortes, reiteramos que sólo un juez de la república está facultado para ordenar lanzamientos en estos casos”, señala sostiene Jaime Pinto*, un empresario cartagenero que tiene en arriendo un baldío en estas islas.

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En esta región habría al menos 180 predios baldíos en arriendos que datan desde el año 2006, pero la falta de un plan de ordenamiento territorial vigente en Cartagena, el cual no se actualiza desde el año 2001, hace que ni la misma ANT tenga claro aún cuantos baldíos de la nación hay en estas islas ni cuántos están ocupados.

“Pareciera que a este gobierno solo le interesa recuperar baldíos en islas del Rosario 'ocupados por apellidos prestantes'. Dónde están las recuperaciones de los baldíos en el pacífico colombiano, o en Los Monjes, frontera marítima con Venezuela. O para no ir más lejos: ¿cuándo van a intervenir Playa Blanca en Barú donde el 95 por ciento de restaurantes, hostales y otros negocios están en la ilegalidad y destruyendo los recursos naturales? Tenemos un estado que ataca a los empresarios legales, con contratos, donde reconocemos que ocupamos baldíos de la nación, pero guarda silencio frente la ilegalidad”, sostiene Pinto*, abogado.

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“A inicios de 2023 la ANT presentó 42 demandas para la anulación anticipada de contratos de arrendamiento ante el Tribunal istrativo de Bolívar, para la recuperación material de los predios por vía istrativa aduciendo causales como: contratos sin avalúos o con valores inferiores al 1 por ciento del avalúo del IGAC, expedientes sin escritura pública, contratos celebrados el último día de existencia del Incoder, renovación de contratos con arrendatarios en mora, o superar el área máxima susceptible de arrendamiento, construcciones ilegales y afectación ambiental al ecosistema”, señala Gerardo Vega a la dirección general de la Agencia Nacional de Tierras.

La mayoría de estos predios cuentan con modernas instalaciones y servicios públicos, y están habilitados para la prestación de servicios turísticos, de echo cuando fueron allanados, muchos, estaban en operación:

Predio los Argonautas (4.324 m²): el cual fue entregado de manera voluntaria por Henrique Luis Román Becerra, representante legal de la sociedad Henrique Luis Román Vélez y CIA.

Gente de Mar (4 hectáreas + 2.991 m²): predio que nunca tuvo contrato y era operado hotel de lujo por la Sociedad Gente de Mar Resort S.A.S.

Foncolpuertos (2 hectáreas + 2.786 m²): se trata de una instalación de la liquidada Foncolpuertos (Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia). Sobre este predio los empresarios consultados señalaron que fue 'un falso positivo' porque ya estaría en manos del estado.

El Remanso (796 m²): este predio tenía contrato de arrendamiento, vencido, suscrito con Rodolfo Felipe Díazgranados Rosado, quien vendió la edificación a Carlos Alberto Gaviria Mejía para uso personal, pero este la rentaba por temporadas.

Gran Edén (7.000 m²): predio con el contrato vencido, suscrito con Jaime Hirz Gontovnik Sutan y era operado como alojamiento.

Casa Blanca (3 hectáreas + 4.875 m²): era un predio ocupado por la familia de Antonio Turbay, puntualmente por su hijo Santiago Turbay, pero no tenía contrato de arrendamiento.

Hooker (3.823 m²): predio que tampoco tenía contrato de arrendamiento, y era ocupado por Daniel Fernández.

Isla Nasa (8.374 m²): predio con contrato de arrendamiento vencido a nombre de Mauricio Lemaitre Carbonell, y era operado como hotel y pasadía por un tercero.

La lista de baldíos recuperados continúa con:

Hotel Casa Grande (4.810 m²): predio con contrato vencido suscrito con Carlos Alberto Díaz Cárdenas, quien se encuentra demandado y tiene una cartera morosa superior a los 100 millones de pesos con el estado.

Samoa (1.398 m²): predio con un contrato de arrendamiento vencido con Mayron Vergel Armenta.

Isla San Quintín (860 m²): predio que también tenía contrato vencido, suscrito con Howard Armitage Cadavid, quién falleció el 5 de mayo de 2018.

Isla San Juan de Pajarales (2.293 m²): con contrato de arrendamiento suscrito con la sociedad Rosasco Cardi S en C, representada legalmente por Mónica Rosasco. El contrato de arrendamiento se terminó de manera anticipada por el estado debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Isla Fama (7.454 m²): había sido arrendado por el estado a inicios de este siglo a la actriz Fanny Mikey, pero desde su fallecimiento heredó el contrato su hijo, Daniel Álvarez Mikey, y Gloria de la Pava, quienes incumplieron las obligaciones contractuales.

Pero este territorio enclavado en el mar Caribe, además de ser un paraíso para turistas de todo el mundo y carta de presentación de Cartagena como destino, es hogar desde hace tres siglos de una comunidad negra raizal, a la cual en 2014 la Corte Constitucional, a través del extinto Incoder, le entregó la titulación colectiva del territorio, como lo exige la Ley 70.

Por primera vez en la historia de Colombia, el estado tituló un baldío reservado de la Nación, de 100 hectáreas, a una comunidad negra en las Islas del Caribe colombiano.

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Y es que estos operativos han dejado más incertidumbres que certezas entre estas comunidades raizales, que, incluso, en las primeras intervenciones de las autoridades generaron enfrentamientos, respaldando a ocupantes de predios allanados, en los cuales tuvo que intervenir el Esmad de la Policía.

“Estamos de acuerdo con la ANT, en una parte, por el uso que privados están haciendo y el aprovechamiento de estos baldíos y que deben aportarle más a la comunidad. Pero hay que hacer ajustes y mejoras, sobre todo en la forma como la autoridad está llegando, eso nos tiene bastante preocupados”, señala un líder de Islagrande, quien pide reserva de su nombre.

Este líder explica que los predios ya recuperados y los que siguen en la lista han sido la oportunidad de trabajo para muchas personas en las islas, y temen que con la salida de esos empresarios se dispare el desempleo.

“El peligro ahora es que esto se llene de turismo masivo y depredador y los empresarios que traiga el gobierno lleguen a lucrarse en pocos años y convertían esto en playa blanca o en la torre del Reloj Público de Cartagena. No podemos olvidar que esto es in parque nacional”, señala el líder afro.

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A lo anterior se suma que estas islas enfrentan un problema de erosión costera como consecuencia del cambio climático, sobre el cual el Gobierno aún no habla. Han sido las comunidades en alianza con varios de los ocupantes quienes se han dado a la tarea de repoblar zonas de manglar para fortalecer las barreras naturales del archipiélago.

Como respuesta a estos operativos, los afectados alistan demandas y otros ya presentan demandas preventivas y tutelas para que sea un juez y no la ANT, como juez y parte, la que esté llevando a cabo los operativos, según los arrendatarios de los baldíos que ha venido recuperando el estado.

“Para demandar hay que cumplir unos requisitos previos, que ya se están adelantando. Se tienen 2 años para demandar desde la fecha del desalojo. Hablamos de demandas por los medios de control de reparación directa y de controversias contractuales. En teoría, basta probar que la restitución del predio debía ser ordenada por un juez y no podía hacerlo la agencia mediante auto o tutela istrativa”, señala uno de los arrendatarios que adelanta demandas.

“Y si la ANT entrega el predio a un tercero y el anterior ocupante gana la demanda el estado tiene que indemnizar por daños y perjuicios”, agrega.

Según él, al menos 80 demandas contra la nación se estarían cocinando mientras la ANT sigue ejecutando operativos.

Corresponsal de ELTIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas