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Caso contra sicarios que confesaron 700 homicidios lleva seis fiscales y casi 10 años

EL TIEMPO accedió al expediente que llevó a que les imputaran cargos en 2015 a los Borré Barreto.

Estos hombres hicieron parte de la banda 'los Rastrojos Costeños'. Foto: Cortesía Policía y EL TIEMPO

Sair Buitrago y Carlos López

25.11.2023 14:53 Actualizado: 26.11.2023 11:08

PERIODISTA JUDICIAL25.11.2023 14:53 Actualizado: 26.11.2023 11:08

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El fiscal Jorge Sanín Ramírez, de 48 años de edad, fue asesinado en septiembre de 2012 cuando estaba de vacaciones en las playas de Bocagrande, en Cartagena. Un sicario menor de edad le disparó en tres ocasiones y aunque fue llevado a un hospital, no sobrevivió.

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El 6 de septiembre de 2012 fue asesinado César de Jesús López López cuando cumplía turno como islero en una estación de combustible de Barranquilla; el crimen se habría ordenado para presionar el pago de una extorsión a los dueños del lugar.

Esos crímenes hacen parte de un voluminoso expediente de la Fiscalía en el que se relacionan más de 700 víctimas de una temida red criminal que delinquió entre agosto de 2012 y julio de 2015 en Bolívar, Sucre, Atlántico, Magdalena y Córdoba, y cuyos protagonistas son Juan Manuel Borré Barreto y Brayan Eduardo Borré Barreto.

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Juan Manuel, según la investigación, hizo parte del Bloque Córdoba de las Autodefensas y en 2008, ya desmovilizado, siguió delinquiendo: hizo parte de ‘Los Urabeños’ bajo el mando del extraditado capo ‘Don Mario’, luego integró ‘Los Rastrojos’ en el Valle; y ya capturado, desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, creó en 2013 la banda ‘Los Rastrojos Costeños’ cuando su jefe ‘Gandhi’ fue capturado y extraditado a los Estados Unidos.

En 2014, los procesados pidieron ser interrogados por la Fiscalía y ofrecieron colaboración judicial para entregar información sobre sus crímenes y empezaron a dar datos de sus víctimas, los móviles y los autores intelectuales. Incluso afirmaron que participaron en desapariciones forzadas y que entregarían la ubicación de los restos de sus víctimas.

Nicolás Petro y Day Vásques estuvieron en el búnker de la Fiscalía. Foto:Unidad Investigativa

Lo que parecía la posibilidad de aclarar cientos de crímenes y la oportunidad de judicializar a los autores intelectuales y materiales en realidad se convirtió en un tortuoso proceso por el que han pasado seis fiscales, se han ordenado investigaciones contra autoridades, compulsado copias a políticos y empresarios, y se ha denunciado la pérdida de piezas claves de la investigación.

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EL TIEMPO accedió a las audiencias de abril de 2015 en las que el fiscal 48 contra el crimen organizado imputó cargos por homicidio y concierto para delinquir a los Borré Barreto. El funcionario hizo una muy breve introducción de los hechos y luego empezó a leer una larga lista de nombres y fechas con los crímenes vinculados a la organización delincuencial. Aunque solo relacionó un centenar de homicidios, afirmó que los crímenes superaban los 700 y que se harían nuevas audiencias para judicializarlos todos.

Más de nueve años después, la Fiscalía no ha presentado la acusación contra los procesados, que están presos por otros delitos, y penalistas consultados advierten que el tiempo corre en contra de la justicia y con cada día que pasa aumenta el riesgo de prescripción que llevaría a que esos crímenes queden en la impunidad.

El exparamilitar, fue excluido de Justicia y Paz y llevado ante los jueces como integrante de 'Los Rastrojos'. Foto:Archivo/EL TIEMPO.

“Hasta aquí vamos a formular imputación (de cargos) y a medida que la Policía judicial me termine el informe con los otros procesos vamos a ir adelantando las otras adiciones”, dijo el fiscal del caso en 2015. Este diario estableció que el funcionario ya no está en el ente acusador y es una de las personas contra las que se hizo una compulsa interna de copias para investigar presuntas irregularidades en el proceso.

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Las indagaciones realizadas por EL TIEMPO permitieron establecer que el proceso se tuvo que rehacer al considerar que el primer fiscal no cumplió adecuadamente con sus funciones y que el caso estaba en un total “desorden” y no se hicieron labores mínimas de verificación de los hechos.

Expedientes de exjueza penal militar Francy Castaño Foto:Archivo particular

Por ejemplo, incluso hay dudas de que algunas de las supuestas víctimas realmente estén muertas. Sumado a esto, en los registros de los interrogatorios de los procesados se habla de una agenda en la que habría información sobre los crímenes; sin embargo, ese documento no aparece y no se sabe en qué momento se perdió, pues la investigación ya ha pasado por seis despachos.

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Además, se conoció que en esas declaraciones los Borré Barreto dieron información sobre la presunta participación de empresarios y políticos en sus delitos, pero no se encontraron las respectivas copias para que se investigaran. Y solamente hasta comienzos de este año, la nueva fiscal que trabaja en la acusación, para finalmente presentarla ante la justicia este año, hizo las respectivas compulsas.

Durante los últimos días, el fiscal Francisco Barbosa Delgado, se reunió con autoridades en Argentina y Chile para hablar sobre cooperación judicial. Foto:Fiscalía

La Fiscalía ordenó investigar a los funcionarios del ente acusador (fiscales y Policía Judicial) que han pasado por el caso y que al parecer no hicieron las compulsas de copias a tiempo o incurrieron en dilaciones que han puesto en riesgo el proceso y que no saben qué pasó con la agenda que no está en el almacén de evidencias.

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En 2017, otro fiscal que tuvo el caso, presentó la acusación y se hicieron 10 intentos por realizar la audiencia formal de acusación y esto no fue posible. Los investigadores de ese entonces, durante la istración del fiscal Francisco Barbosa, decidieron retirar ese documento el año pasado y seguir investigando, actividad que se extendió hasta este año cuando el ente acusador parece estar listo para proceder a la acusación con lo que se reactivará el proceso ante los jueces.

Con una nueva metodología, los actuales fiscales ya tienen un patrón de víctimas y documentados los primeros homicidios que estarían probados y por los que se podría llegar a una condena de los dos procesados.

Compulsas a congresistas

Este diario conoció que este año la nueva fiscal del proceso compulsó copias para investigar al excongresista y alcalde electo de Sincelejo (Sucre) Yahir Acuña, quien fue mencionado por los procesados señalado de supuestos nexos con su organización.

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Además, mencionaron al excongresista José Antonio Name Terán, a exalcaldes de San Onofre, Tolú y Coveñas (en Sucre), a un juez que los habría beneficiado, abogados y un sargento que supuestamente les suministraba las armas que usaban en sus crímenes.

Yahir Acuña excongresista de Sucre. Foto:Tomada de las redes sociales

Todos esos capítulos están en investigación y, de hecho, trascendió que funcionarios de la Corte Suprema de Justicia ya hicieron una inspección judicial al proceso de la Fiscalía en la investigación contra los mencionados que tienen fuero.

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Sumado a esto, está en etapa de alegados finales el proceso contra el empresario Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, conocido como el ‘Turco' Hilsaca, quien fue señalado de financiar la organización criminal y ser el determinador de uno de los homicidios.

Hilsaca Eljadue, quien ha insistido en su inocencia a lo largo del proceso, fue mencionado por un fiscal como el padre de una personas que habría entregado una suma de dinero para la campaña Petro Presidente, cuyo uso y destino son objeto de investigación.

Redacción Justicia

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