‘No tengo ningún interés en atornillarme por meses en el cargo de fiscal general’

La vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, en entrevista con EL TIEMPO, habló sobre los avances en el esclarecimiento de los ataques a líderes sociales, desmovilizados y del recrudecimiento de la violencia.

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La funcionaria amplió su balance presentado en el Congreso Internacional de Derecho Disciplinario realizado por la Procuraduría en Cartagena.

En la mayoría de las ocasiones, detrás de estas conductas hay una estructura criminal. Durante esta istración, hemos trabajado en la consolidación del modelo investigativo que fue implementado en la Unidad Especial de Investigación, creada en virtud del Acuerdo Final de Paz, de la cual fui su primera directora.

La estrategia para perseguir y desmantelar las estructuras criminales detrás de estos delitos parte del esclarecimiento individual de las conductas. Luego de eso, identificamos patrones de criminalidad. Así, caracterizamos a las organizaciones responsables, judicializamos a los cabecillas con suficiencia probatoria e impactamos sus economías ilegales, con el fin de garantizar la no repetición. Por supuesto, eso nos ha permitido pasar de una tasa de avance hacia el esclarecimiento del 52,62 % (febrero de 2020) al 60,88 % (noviembre de 2023) respecto a delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

En cuanto a población reincorporada, tenemos una tasa de avance hacia el esclarecimiento que recibimos en el 46,46 % (febrero de 2020) y que, actualmente, está en el 58,26 % (noviembre de 2023). Paradójicamente, la ‘paz total’ terminó liquidando paulatinamente el acuerdo de paz de La Habana.

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Las masacres han tenido un aumento preocupante durante el último año. Esto demanda una verdadera voluntad política de seguridad y prevención del Gobierno. Así, en las masacres en las que hubo tres víctimas, pasamos de tener 195 víctimas en 2022 a registrar 207 víctimas en lo corrido de este año. Esto representa un aumento del 6 %. En cuanto al esclarecimiento, antes de esta istración este fenómeno ni siquiera contaba con una medición oficial precisa. Hoy tenemos una tasa de avance de esclarecimiento del 76,81 % en aquellas masacres en que hay tres víctimas. En aquellas que tienen cuatro o más víctimas tenemos una tasa de avance de esclarecimiento del 90,26 %. 

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En la última semana ha habido siete homicidios colectivos con tres o más víctimas. De estas, la Fiscalía ha podido corroborar cinco con 16 víctimas. En Algeciras, Huila, estamos adelantando las labores. Así, en los casos que están en etapa de indagación, con equipos itinerantes en territorio, tenemos identificados a sus autores y a las estructuras detrás de ellos. Algunos casos se explican en retaliaciones entre actores criminales. La Fiscalía está actuando con la mayor diligencia para lograr judicializar a los autores o partícipes. Esto, a pesar de la falta de garantías para ingresar a los distintos lugares donde se ejecutan los homicidios. Hoy existe presencia de estructuras criminales en los lugares donde se presentan las masacres, con un control total del territorio.

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Como indiqué, en casi todos los fenómenos de violencia priorizados hay estructuras criminales. En la mayoría de los casos, son hechos relacionados con el desarrollo de economías ilegales y sus estrategias de control territorial. Allí encontramos al Eln, a las disidencias de las Farc, al ‘clan del Golfo’, etc., tan solo para mencionar los grupos más importantes.

La metodología de la Fiscalía ha marcado la diferencia justamente debido a que nuestra prioridad es atribuir los hechos más graves de violencia a los cabecillas de las estructuras. Hemos construido estrategias de análisis criminal y de asociación de casos y situaciones que han dado resultados en dicho sentido. En homicidios colectivos, desde 2021, tres determinadores han sido condenados y 17 autores mediatos tienen orden de captura vigente, como cabecillas de estructuras criminales. Pero la Fiscalía va mucho más allá: sostenemos y consolidamos estos impactos para llegar a la dimensión financiera de estas estructuras. Se trata de metodologías exitosas que han sido presentadas y probadas ante los jueces, y hoy están recogidas en una directiva del Fiscal General.

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De acuerdo con la georreferenciación de la criminalidad hecha por la Fiscalía, en este año las zonas más afectadas son Bogotá, Atlántico, Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Antioquia y Cauca.

El tema es delicado. Desde el inicio, la política de ‘paz total’ no ha tenido orden ni claridad. Terminó siendo una paz criminal. Por ello, tal y como lo ha señalado el señor Fiscal General, la Fuerza Pública no está garantizando el de los investigadores a los territorios, no está siendo efectiva en la ejecución de las órdenes de captura que obtenemos ante los jueces en contra de los cabecillas responsables de estos delitos ni está trabajando con la articulación que se requiere. En la entidad tenemos un total de 3.428 órdenes de captura sin ejecutar. De estas, 289 tienen que ver con delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos, mientras que 235 están relacionadas con victimizaciones a reincorporados y sus familiares. Por homicidios y feminicidios atribuibles a estructuras criminales están pendientes de ejecutar 502 órdenes de captura. Son hechos que no se pueden ignorar.

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Ya lo ha señalado el Fiscal General: no existe una política coherente en materia de seguridad y prevención, ni de protección de los derechos humanos, cuya responsabilidad es del Gobierno. A la Fiscalía solo le corresponde una parte de la lucha contra la criminalidad: nosotros investigamos, obtenemos órdenes de capturas y judicializamos. Pero no podemos solos: necesitamos de la Fuerza Pública y, con urgencia, del fortalecimiento de la Judicatura. En las iniciativas del Gobierno no vemos nada de esto. Solo el afán de otorgar beneficios derivados de procesos de paz a estructuras criminales sin naturaleza política, herederas del paramilitarismo, para forzar acuerdos con ellas sin sustento jurídico ni un norte claro.

En su momento no. Y yo en esto he sido muy clara, porque hay varias cosas que deben entenderse bien. La primera es que yo no soy investigadora, ni receptora de denuncias, ni tengo procesos a mi cargo. Mi función, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto Ley 016 de 2014, es realizar seguimiento misional. En ese marco fueron escuchados los investigadores a los que hace referencia. Nada más. La segunda es que el deber de denunciar radica en quien tiene conocimiento directo de los hechos. En este caso, si en ejercicio de la agencia encubierta, los investigadores encontraron que un investigador del CTI de Buenaventura, que apenas conozco como servidor público, estaría incurriendo en delitos, debían reportarlo en el informe respectivo al fiscal del caso. Esto tiene un sustento normativo y es la resolución interna de la Fiscalía que regula la agencia encubierta.

Los agentes también podían presentar la denuncia respectiva, tanto por estos hechos como por la supuesta presión que dicen haber recibido. A pesar de esto, los investigadores no mencionaron al investigador del CTI de Buenaventura en su informe al fiscal del caso, ni lo denunciaron ni denunciaron las supuestas presiones. Ahora, dos años después, en medio de una proliferación de ataques a mi persona patrocinados por el Presidente de la República, y la convocatoria a la audiencia para la elección de la próxima fiscal general, aparecen con una historia para montar, de la nada, un expediente en mi contra.

Pablo Bolaños y Fabio González, dos personas judicializadas, delatadas por narcotraficantes condenados por concierto para delinquir, por haber usado su labor de agencia encubierta para traficar estupefacientes, señalándome a mí de favorecer narcotraficantes. A mí, que he dedicado toda mi vida profesional a combatir este tipo de delincuencia. Cabe decir que estas personas condenadas por narcotráfico declararán en el juicio que se adelanta contra Bolaños y González. Esto para no hablar, sin ir más lejos, de los resultados de esta istración en Buenaventura, en materia de narcotráfico. Por ejemplo, durante este período han sido desarticuladas 27 organizaciones criminales (dedicadas al microtráfico y al narcotráfico), y han sido realizadas 366 capturas.

Esto contrasta de manera elocuente con las decisiones del Gobierno frente a la criminalidad organizada en Buenaventura, al designar, como voceros de paz, a integrantes de grupos armados al margen de la ley (6 pertenecientes a los ‘Espartanos’ y 2 a los ‘Shotas’), judicializados por concierto para delinquir, homicidio, desaparición forzada, secuestro extorsivo, varios de ellos en libertad, en reclusión domiciliaria o prófugos. Vale la pena reflexionar sobre quiénes son los que están beneficiando a la delincuencia. Por supuesto, con ocasión del reporte periodístico en el que hablan los señores Bolaños y González fue abierta una noticia criminal y deberá investigarse exhaustivamente. Pero que no usen esto para mancillar mi honra y buen nombre. Eso es injusto e infame.

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Hay información que, en su momento, el país conocerá de manera completa. Sin embargo, estamos ante una serie de sucesos que evidencian la intención deliberada de atacarme sistemáticamente, de denigrar mi nombre, mi reputación, de destruirme moral y socialmente. Es algo realmente insólito. Y cada vez es para mí más difícil no concluir que estos ataques cuentan con el patrocinio del Gobierno. Primero: el Presidente de la República, que según la Corte Constitucional tiene el deber de guardar ponderación y objetividad en las cosas que dice, ha adoptado, desde hace un tiempo, por la costumbre de divulgar y reproducir contenidos difamatorios en mi contra, en su cuenta de X, sin el más mínimo respeto que las relaciones interinstitucionales requieren. Segundo: ha sido difundida la idea –falsa y absurda– de que estoy detrás de un complot para obstaculizar la elección de una nueva fiscal general, con el fin de impedir que se luche contra la impunidad. No me estoy inventando esto, está en su publicación del 4 de octubre, a la que los medios de comunicación dieron ese alcance, sin que él lo desmintiera. Y tercero: la clara intención de convertirme, con artificios, en una criminal. Primero, fue la difamación en la que me señalaban como patrocinadora del ‘clan del Golfo’, a pesar de los resultados de esta istración en contra de esa estructura y de que fui yo quien me negué a suspender las órdenes de captura en contra de sus integrantes, como lo pretendía el Gobierno. Y ahora, esta carpeta que pretenden armar en mi contra con la advenediza versión de dos investigadores judicializados por narcotráfico. Ambas difamaciones, desde luego, reposteadas y divulgadas por el Presidente. ¿Qué puede uno pensar? Yo sí le digo al Presidente, con todo respeto, por la dignidad que representa, que recapacite y se dé cuenta del daño que hace. Por cierto, sepa que no tengo ningún interés en atornillarme por meses en el cargo de fiscal general encargada. Soy una fiscal de carrera, cercana a su pensión, que jamás ha contado con padrinos políticos de ningún tipo. Le pido, de paso, que respete la autonomía e independencia de la Corte Suprema en la elección que debe llevar a cabo.

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Mi hermano trabaja en la Fiscalía hace 15 años, aproximadamente. Y, de nuevo, no tengo incidencia en los ascensos dentro de la institución, porque es un tema que se sale de mi competencia. Creo que, en medio de un debate como este, se trata ante todo de un ataque a mi persona, a como dé lugar.

No me alcanzarían las líneas de este espacio para hablar de mi carrera. Son más de treinta años en la institución. Pero no son solo los años. Es una trayectoria con integridad, la mayoría de ella en cargos directivos, en casi todas las istraciones de distintos fiscales generales. Implementando metodologías de investigación, desmantelando estructuras criminales, casi siempre en lo rural, que es donde más se sufre la violencia armada. Parte de esta experiencia la cristalicé como directora de la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo Final de Paz, por postulación del Comité de Escogencia. No sé qué tantos sepan esto, pero yo no conocía al doctor Francisco Barbosa al momento de su posesión como fiscal general. A pesar de esto, él confió en mi experiencia.

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No, jamás he tenido una ambición como esa. Mi perfil es técnico y ya casi voy de salida. Trabajaré por la justicia de este país hasta el último día que deba hacerlo dentro de la institución. Y, si es del caso, ejerceré mi cargo de fiscal general encargada por el periodo que me corresponda. La decisión la tiene la Corte. Sobra decir que recibiremos a la fiscal general que designe la Corte, para continuar trabajando. Seguiré ejerciendo mi función como fiscal delegada ante tribunal, en la Unidad Especial de Investigación, porque creo en el Acuerdo de Paz. Y creo también en los procesos de paz, por supuesto. Prueba de eso es que, con el Fiscal General, hemos acompañado la ‘paz total’, al suspender las órdenes de captura a de grupos guerrilleros. Nos hemos negado, eso sí, a hacerlo a favor de narcotraficantes, que carecen de todo estatus político, sin que se tenga una ley de sometimiento colectivo. Con esta persecución en mi contra, eso es posiblemente parte de lo que se me está cobrando.

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