Pese a que en la última década la extorsión es uno de los delitos que más porcentaje de crecimiento ha tenido en el país y que las denuncias ante las autoridades aumentan cada año, el castigo que reciben los culpables parecería que es prácticamente nulo.
Es tal la preocupación de que despierta este crimen, que el presidente Gustavo Petro ha reconocido que es el único que ha mostrado cifras en ascenso: “Hemos tenido fallas porque no lo hemos podido contener. Tenemos que tener un aparato capaz de detener también la extorsión”, dijo el Jefe de Estado.
De hecho, un informe publicado el domingo pasado por EL TIEMPO revela cómo este delito se ha convertido en la tercera renta criminal más lucrativa en el país. El análisis publicado por este medio señala que "la existencia de poderosas organizaciones criminales, incluso blindadas por la ‘paz total’, detrás del negocio; la explosión de las redes sociales, la irrupción de nuevos actores más violentos y el agravamiento de la falta de control del Estado sobre las cárceles son cuatro factores clave que explican por qué el pago forzado por seguridad o tranquilidad se convirtió en una realidad para miles de personas en todo el territorio nacional".
Y a este preocupante panorama hay que sumarle la poca efectividad de los procesos judiciales en contra de los extorsionistas. Aunque son cada vez más las denuncias, los procesos no avanzan. Por el contrario, parecen acumularse cada vez más en los escritorios y archivadores de las oficinas de los fiscales.
La Unidad de Datos de EL TIEMPO hizo el análisis de los datos abiertos sobre las denuncias por este delito desde el año 2010 hasta septiembre de este año, que son consolidadas mes a mes por la Fiscalía General de la Nación y
encontró que en ese lapso el 83 por ciento de los casos reportados no han pasado de la etapa de ‘indagación’, es decir, en la que se determina si se avanza o no con la investigación. En total, de acuerdo con las cifras analizadas por este medio, hay registradas 170.060 denuncias por extorsión en todo el país. De ese total hay 140.837 registradas en etapa de ‘indagación’ mientras que tan solo el 17 por ciento ha tenido algún desarrollo judicial o penal, tal como se puede observar en la siguiente gráfica interactiva.
Esto equivale a que, desde hace casi 15 años, cuatro de cada cinco denuncias hechas por extorsión ante las autoridades no han pasado de la etapa en la que se indaga si en efecto hubo un delito que amerite avanzar en el ejercicio de la acción penal.
Pero no solo eso, la alarmante impunidad queda también en evidencia al revisar que de todos los 140.000 casos que se encuentran en etapa de indagación en los años analizados , tan solo 543 (que no llegan ni siquiera al 1 por ciento del total) fueron precluídos. Es decir que no se encontró mérito para avanzar en una causa penal o en un proceso judicial.
En 2024 la tendencia sigue igual
El análisis de las cifras de la Fiscalía muestra que este año las denuncias por extorsión tampoco avanzan a buen ritmo. En total, con corte a septiembre, se ha registrado un total de 16.225 casos, de los cuales el 96 por ciento, que equivalen a 15.518, están en etapa de indagación.
En 2024 se ha registrado un total de 16.225 denuncias, de los cuales el 96 por ciento están en etapa de indagación.
El restante 4,3 por ciento de los casos se dividieron entre los que entraron a etapa de juicio (2,47 por ciento), investigación (1,37 por ciento) y un 0,52 por ciento que se dividió entre ejecución de penas o terminación anticipada.
Este año, el 53 por ciento del total de denuncias hechas por extorsión hasta septiembre estaba concentrado en las cuatro regiones más poblados del país: Bogotá (3.028 denuncias) Antioquia (2.467), Valle del Cauca (1.588) y Atlántico (1.488).
Un delito con crecimiento constante
Los datos de la Fiscalía General de la Nación muestran también que desde el año 2017 las denuncias por extorsión no han parado de mostrar incrementos. El mayor aumento de los últimos 15 años se produjo entre entre el 2021 y 2022, cuando se pasó de 13.393 reportes a 20.193, lo que representó un aumento de 50 por ciento entre un período y el otro.
Y la tendencia de crecimiento se mantuvo, aunque no con la misma intensidad. Para el año 2023, la Fiscalía registró un total consolidado de 21.673 casos, lo que representó un crecimiento de 7,3 puntos porcentuales frente al año 2022.
Para ese año, que es actualmente el del mayor número de denuncias por extorsión, los datos muestran que si bien los casos netos se concentran de nuevo en los cuatro departamentos más poblados, la mayor prevalencia del delito se presentó en el departamento de Chocó.
Allí, al menos 12 de cada 10 mil habitantes acudieron ante las autoridades a denunciar un caso de extorsión. El segundo es el departamento del Atlántico, donde hubo una tasa de ocho por cada 10 mil pobladores afectados y en el tercer lugar aparece el Guaviare, con una prevalencia de 7 por cada 10 mil habitantes.
Bogotá, con 3.389 casos totales de denuncias ante la Fiscalía, registró una afectación por extorsión de cuatro por cada 10 mil habitantes. En esta tabla interactiva se pueden ver más claramente esos indicadores.
RAFAEL QUINTERO CERÓN
Editor Unidad de Datos EL TIEMPO
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