Los siete ministros y funcionarios con familiares contratistas y en cargos del Estado

Jimena y Rosana Velasco Chaves son hermanas del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y las dos hacen parte de la nómina de entidades vinculadas al Gobierno Nacional. La primera es asesora del Ejecutivo en temas cafeteros y la segunda se desempeña como gerente de una firma comercial adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Este caso del mininterior se suma al de la ministra Irene Vélez, cuya pareja, el holandés Sjoerd van Grootheest, tiene un contrato de más de 10 millones de pesos mensuales con la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Así lo pudo constatar la Unidad de Datos de EL TIEMPO tras revisar no solo las declaraciones de conflictos de interés de cada uno de los servidores públicos en cuestión, sino las bases de datos de la página de contratación estatal Secop, los portales de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda y Anticorrupción de la Presidencia de la República, y el Aplicativo para la Integridad, alimentado por el Departamento istrativo de la Función Pública.

Esta semana se desató una fuerte polémica en el país debido a la revelación de casos como el de la ministra Irene Vélez, cuyo esposo, el holandés Sjoerd van Grootheest, tiene un jugoso contrato de más de $10 millones de pesos mensuales con la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Esta práctica de los altos funcionarios de tener familiares en cargos públicos no es nueva ni exclusiva de la actual istración. Sin embargo, sí ha generado críticas entre la opinión pública y analistas, quienes consideraron que no se ve bien que un gobierno que defiende el cambio caiga en viejas prácticas de políticos tradicionales.

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En Colombia, por ley, no hay una norma que inhabilite la presencia de un familiar de un funcionario en otra entidad de gobierno. Lo que se prohíbe es que el servidor público contrate directamente a un familiar cercano o a su pareja en la misma entidad para la que trabaja. También es penalizable si se demuestra que hubo presiones indebidas para contratar a alguien, independiente de la entidad a la que llegue.

Así lo explicó Jhon Carvajal, abogado constitucionalista de la Universidad Manuela Beltrán, quien señaló que en el caso actual de los ministros no hay un delito, salvo si se demostrara que hubo presiones o malos manejos. Sin embargo, aclaró que “la práctica deja mucho por desear desde el criterio de la moralidad, porque no se puede hablar de transparencia cuando los contratistas son familiares o amigos de algún alto funcionario”.

Walter Castro, abogado y asesor jurídico en derecho público de la Universidad Ecci, recordó por su parte que si bien temas como la meritocracia, la contratación abierta al público y la ley 80 de 1993 han tratado de erradicar esta práctica, el ‘nepotismo’ persiste.

“Los funcionarios aprovechan su posición e influyen en la contratación de familiares y amigos. Aunque el Estado ha buscado contrarrestar esta práctica, sigue habiendo una brecha especialmente cuando cuando se trata de cargos de libre nombramiento y remoción”, dijo.

El caso de la minminas ha provocado críticas en el mismo Pacto Histórico, desde donde señalan la inconsistencia del discurso de campaña del hoy presidente Gustavo Petro con nombramientos y contratos decididos por el alto gobierno. “Es inmoral que las hojas de vida de mi familia compitan con las de millones que no tienen esa influencia”, dijo el exsenador Gustavo Bolívar sobre el asunto.

Y como ha salido a la luz, el caso de Vélez no es el único.  Al menos seis ministros y un alto funcionario - el director del Departamento istrativo de la Presidencia (Dapre)- tienen, de acuerdo a los documentos oficiales,  familiares en cargos o contratos en entidades del Gobierno.

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En el caso de Velasco, fue el propio ministro quien en su declaración de bienes y rentas publicada el pasado 27 de abril reconoció que Jimena Velasco podría generarle un potencial conflicto de interés “toda vez que ocupa el cargo de Asesora Adjunta del Gobierno Nacional para asuntos Cafeteros en la Federación Nacional de Cafeteros”.

Jimena Velasco Chaves es una dirigente política muy reconocida en el departamento de Cauca. Comunicadora social de la Universidad Externado, ha sido entre otras Secretaria de Planeación y de Agricultura de la ciudad de Popayán.

Por su parte, Rosana Velasco Chaves, aunque no es mencionada en la declaración de conflictos de interés del Ministro del Interior, sí aparece en el Aplicativo para la Integridad Pública como gerente de analítica de la Fiduciaria de Comercio Exterior (Fiducoldex), que en su página web se define como una sociedad financiera de economía mixta “vinculada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, filial del Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia - Bancóldex".

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Velasco, especialista en derecho financiero y bursátil tambien del Externado, aparece en su perfil de la red social Linkedin como actual gerente de analítica de Innpulsa Colombia, entidad también vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Sin embargo, el pasado nueve de junio a las 12:22 del día cargó en el Aplicativo para la Integridad sus declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés, requisito que impone la ley para posesionarse en un puesto estalal. En esos documentos, ya aparece con su cargo en Fiducoldex.

El caso más reciente de familiares con contratos estatales es el ya mencionado de Irene Vélez. La situación generó polémica no solo porque el documento se firmó con la ministra ya en su cargo, sino que 15 días antes, al actualizar su declaración de conflictos, la alta funcionaria omitió el nombre de su pareja, tal como lo reveló este medio.

Al respecto, Vélez aclaró que no hay ningún tipo de ilegalidad en ese contrato. Además, aseguró que la omisión del nombre en el documento presentado a Función Pública se debió a un “error de digitación”.

Una situación parecida es la de Gloria Inés Ramirez, ministra de Trabajo, cuyo hijo Alvaro Eduardo Restrepo Ramírez tiene un contrato firmado en enero de este año, por $ 70 millones de pesos, con el Ministerio de Cultura. Su objeto es asesorar a esa cartera en la “gestión de alianzas estratégicas, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de iniciativas, planes, programas y proyectos”.

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Pero un caso que llama la atención es el de Mauricio Lizcano, jefe del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su esposa, Catalina Mesa Ramírez, aparecía vinculada al Senado de la República con un contrato de noviembre a diciembre de 2022 por valor de $13 millones de pesos y cuyo objeto era prestar “servicios profesionales en la Secretaría General del Senado de la República”.

Y si bien el acuerdo ya no está en ejecución, Mesa Ramírez, el pasado 20 de febrero a las 14:26 horas, cargó su declaración de renta como servidora pública. En ella, reseña que ingresó a funciones como contratista en el Senado de la República.

Además de Velasco, los datos abiertos del Gobierno muestran también que hay altos funcionarios con familiares en cargos de libre nombramiento y remoción en diferentes entidades del Estado colombiano.

El más llamativo es el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuya esposa, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, es la directora de la Superintendencia de Salud, entidad encargada de “inspeccionar, vigilar y controlar la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, istración y aplicación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Gómez Consuegra llegó al cargo el 16 de septiembre de 2022, siete meses antes de que su esposo asumiera la cartera de Salud. Y ambos, en sus declaraciones ante el Estado, consignaron esa eventualidad como causal de un posible conflicto de interés.

Pero también está el caso de Carlos Ramón González, actual director del Dapre, corazón istrativo de la Presidencia. Su esposa, Luz Dana Leal Ruiz, según aparece en el directorio de funcionarios del Sigep, es directora de Empleo y Trabajo en el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

A este grupo también se suma Ricardo Bonilla. Su esposa, Claudia Liliana Cortés López, a de empresas con magíster en Ciencias Económicas es, desde el 13 de junio de este año, la directora de la Unidad de Planificación Agropecuaria, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura encargada de “planificar e implementar un modelo de ordenamiento territorial agropecuario”.

Bonilla, en declaraciones a medios, ha señalado que Claudia Liliana Cortés está en ese cargo debido a su experiencia y no por ‘palanca’. “Yo no la estoy nombrando, fue la ministra de Agricultura, que la conoce de tiempo atrás, quien le propone estar allí”, afirmó hace algunas semanas a la emisora ‘La W’.

Si bien no se trata de puestos en el alto gobierno, también se han conocido los contratos de otros ministros con entidades del orden nacional y territorial. Es el caso de la ministra de Educación, Aurora Vergara, cuyo esposo, Víctor Olmedo Martínez, es contratista de la Defensoría del Pueblo. Lo mismo sucede con el jefe de la cartera de Transporte, William Camargo. Su esposa, Miryam Stella Pinzón Camargo, es contratista del Fondo Distrital de Salud de Bogotá.

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Además de ellos, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, reconoció en su declaración pública de bienes y rentas tener familiares y allegados que si bien no están vinculados con el Estado colombiano, sí podrían generar eventuales conflictos.

Se trata de su hijo, Camilo Ernesto Umaña y de su nuera, Silvia Sorescu, quienes trabajan para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde). El primero, señala el ministro es “Digital Transformation Economist” y la segunda, ‘Trade Policy Analyst’, en ese organismo multilateral.

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor de la Unidad de Datos EL TIEMPO

@TheFugazi