La entidad del Mintransporte que solo existe en el papel, pero a la que se le han asignado más de 20 mil millones de presupuesto

De ser aprobado tal como está el Presupuesto General de la Nación para el año 2025, se cumplirían 10 años ininterrumpidos en los que se le han asignado recursos públicos de entre mil y dos mil millones de pesos a una entidad 'de papel'. Se trata de la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte, creada en el año 2014 y que hasta la fecha no tiene un solo día de trabajo.

Y eso que se trata de un organismo que, a la vista, tendría un papel fundamental en la regulacion del mercado del transporte en el país y la infraestructura que utiliza pues sus funciones, de acuerdo con el decreto que la creó, van desde la vigilancia para evitar comportamientos monopólicos hasta la mediación en conflictos entre el Gobierno y los transportadores.

Sin embargo, la información sobre su accionar es nula y de hecho, de acuerdo con el Portal de Transparencia del Estado (PTE), es la única entidad de las 155 registradas que hasta la fecha tiene en ceros la ejecución de recursos por más de 1.300 millones de pesos este año. Y el tema es recurrente. Nunca, desde su creación en 2014, ha usado el dinero que le ha sido asignado.

La Crit fue creada el 21 de mayo de ese año durante el Gobierno del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos. Se hizo a través del decreto 974 que no solo le dio vida jurídica, sino también estructura, cargos y fuentes de financiación estatal . Vea el decreto aquí.

De acuerdo con el texto de ese decreto, la finalidad de este organismo es el de diseñar y definir el “marco de regulación económica de los servicios de transporte y de la infraestructura de transporte, cuando se presenten fallas de mercado, para fomentar la eficiencia, promover la competencia, controlar los monopolios y evitar el abuso de posición dominante”.

Esto aplica para los sectores terrestre, fluvial y férreo. Y según lo firmado por el Gobierno de entonces, la Crit tiene injerencia para regular y promover la competencia del sector “así como evitar los monopolios y la posición dominante en los proyectos de infraestructura”.

Igualmente sirve como instancia de mediación y  fijar las tarifas y los topes máximos de costos de las “actividades no reguladas del sector transporte”, tales como los sectores férreo, fluvial y las plataformas de servicios logísticos y de transferencia intermodal.

Poco tiempo después de creada, y durante el congreso de la Cámara Colombiana de la la Infraestructura realizado en diciembre de 2014, el investigador Pablo Roda presentó un estudio sobre la recién creada comisión.

En el documento, calificó a la Crit como “un acierto” toda vez que separaría en el sector el tema de la regulación y la ejecución de la parte política que está en cabeza de Ministerio de Transporte. Vea la presentación aquí.

Y a partir del año 2015 se le comenzó a incluir como beneficiaria de una asignación presupuestal en el sector de transportes, dinero que,hasta la fecha no ha sido ni comprometido ni ejecutado.

En total, de acuerdo con lo revisado por la Unidad de Datos de EL TIEMPO, desde ese año hasta lo proyectado para el presupuesto 2025 se le ha destinado recursos que sumados alcanzarían un valor de 21.023 millones de pesos destinados a gastos de funcionamiento.

El primer presupuesto que tenía previsto fue de 2.500 millones de pesos, que se mantuvo hasta el año 2017. Posteriormente, entre el 2018 y el 2020, año de la pandemia por el COVID-19, se redujo ese monto a 2.360 millones de pesos y para el año siguiente se redujo hasta quedar en 1.210 millones de pesos.

A partir de ahí, el monto se ha incrementado paulatinamente hasta llegar a los 1.310 millones de pesos que aparecen en el presupuesto 2024. Para el año 2025, de acuerdo con el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, le serían asignados a esta ‘comisión fantasma’ recursos por 1.407 millones de pesos.

El dinero, del que no se ha ejecutado un solo peso en 10 años, debería estar destinado a gastos de funcionamiento, pues la norma no solo crea el órgano consultivo, que es presidido por el propio Ministro de Transporte, sino que además establece una dirección ejecutiva, una oficina asesora jurídica, una subdirección istrativa, además de órganos de asesoría, control interno y personal. 

Si bien el presupuesto de la Crit es bajo con respecto a lo que manejan otras entidades estatales, llama la atención que pese a que no se ha reunido por primera vez, no tiene personas trabajando y ni siquiera han sido designados sus integrantes, se siga considerando entregarle una partida que es muy cercana a la que maneja actualmente el Consejo Nacional Electoral de 1.800 millones de pesos.

Además de eso, no hay en este momento indicios de que se vaya a activar en el futuro cercano. La Unidad de Datos de EL TIEMPO consultó al respecto al Ministerio de Transporte y fuentes de esa cartera se limitaron a responder que sencillamente “no ha empezado a funcionar”. 

Al ser indagadas esas fuentes sobre cuándo comenzaría su trabajo, por qué no se ha reunido o cuándo está previsto avanzar en su conformación no se obtuvo respuesta al cierre de este artículo. Es decir que por lo pronto continuará siendo una entidad de papel.

Y esto,en concepto de expertos consultados por este medio, demuestra dos cosas: que el gasto público seguramente está sobredimensionado y que existe una absoluta falta de planeación y seguimiento de los recursos por parte del Estado.

La profesora Roxana Contreras, especialista en derecho tributario de la Universidad Manuela Beltrán, consideró que este tipo de casos demuestran serias fallas en todas las etapas de planeación, ejecución, control y seguimiento que debe seguir el Presupuesto General de la Nación.

“Cuando existen fallas de este tipo, sin duda puede presentarse una fuga de esos recursos  y que se asigne a entidades que no hacen sus actividades. Eso demuestra una clara inoperancia del Estado en su capacidad de controlar el gasto público”, afirmó.

La especialista agregó que la Contraloría y los demás entres de control deberían empezar a hacer seguimiento para ver si no se han usado esos recursos de forma irregular. “La norma es clara en que si la entidad no cumple la función que le fue asignada, no puede seguir recibiendo recursos. Ahí puede configurarse una irregularidad”, agregó.

Por su parte Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, dijo que este caso es una muestra de que se justifica la discusión y la polémica sobre el Prespuesto y el monto para gastos del año 2025 que avanza actualmente en el Congreso.

“Si hay una comisión creada desde hace 10 años y no ha funcionado, queda claro que ese dinero sobra, debe ser declarado como recurso libre y estar disponible para usar como recurso adicional para completar la financiación del presupuesto del año siguiente”, explicó.

Y agregó que este caso y “muchos otros similares que hay en el país” demuestran que no hay una buena investigación y análisis del gasto público, lo que debería motivar a que de aquí al 24 de septiembre, cuando se vote la Ley de Presupuesto del 2025, se haga un estudio real de los montos que se requieren para el funcionamiento del Estado. “Se debe promover una discusión sensata para que tanto el Congreso como el Ministerio de Hacienda logren una dimensión realista del gasto”, enfatizó.

Aunque en bajo porcentaje, el dinero de la Crit hace parte de los 184,7 billones de pesos que hasta la fecha no tienen una asignación clara presupuestalmente y que están en riesgo de quedar en el limbo el 31 de diciembre de este año, tal como lo publicó recientemente EL TIEMPO.

Ese dinero, de no ejecutarse antes del 31 de diciembre de este año, expirará. “El Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone expresamente que el presupuesto es anual, por lo que los saldos no afectados al cierre del año caducan. Igualmente indica que las apropiaciones incluidas en el presupuesto general expiran después del 31 de diciembre de cada año, por lo que no pueden comprometerse, adicionarse o transferirse”, dijo César Camilo Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes.

Frente a esa posibilidad, voceros del Ministerio de Hacienda aseguraron que la ejecución se dará durante lo que queda del año y se acelerará en diciembre cuando empezarán los pagos de primas y otros temas similares.

Pero otra de las dudas que ha surgIdo con ese dinero sin comprometer es en dónde está y qué destino tendrá si finamente no es ejecutado. Al respecto, el profesor Amorocho recordó que los recursos están en manos de la Subdirección de Tesorería del Ministerio de Hacienda y recordó que no se entregan “si no hay un contrato estatal”.

En el caso de los dineros que no se ejecutan ni se comprometen, explicó que de acuerdo con la ley pasan a un rubro llamado ‘Sobrantes de apropiación’ y deben ir a una cuenta llamada ‘Recursos de balance’, en la que “a través de inversiones muy puntuales se busca lograr rendimientos financieros para que no pierda poder adquisitivo”.

Esto implica que pueden ser llevados, entre otros, a una fiducia ya sea pública o privada, “para que el dinero pueda ser istrado, genere rendimientos y rinda una tasa de interés”, remató. 

RAFAEL QUINTERO CERÓN

Editor de la Unidad de Datos EL TIEMPO

En redes: @TheFugazi