La
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación a las empresas Aerovías del Continente Americano S.A. (
Avianca) y Prices RES S.A.S. por el presunto incumplimiento de los condicionamientos impuestos por la entidad a una resolución que en el 2018 las autorizó, de manera condicionada, la operación de integración para operar conjuntamente en el mercado de intermediación en la comercialización y reserva de paquetes turísticos a nivel nacional e internacional.
El organismo de control y vigilancia indicó que pudo evidenciar que, por lo menos, desde el mes de noviembre de 2018 y hasta marzo de 2021, las dos empresas habrían ofrecido una serie de bonos promocionales en los que, por la compra de tiquetes aéreos en la página web de Avianca.com, se otorgaban descuentos en la compra de paquetes o servicios ofrecidos en la página de Avianca Tours, marca que explotaban conjuntamente estas empresas en desarrollo de la operación de integración empresarial.
Y señaló que con esta conducta presuntamente se habría configurado el incumplimiento al segundo condicionamiento de la Resolución No. 60515 del 22 de agosto de 2018, que previó que la oferta de tiquetes aéreos nacionales o internacionales de Avianca debía realizarse a los competidores potenciales y actuales de la sociedad integrada, en este caso materializada a través de la explotación conjunta de la marca Avianca Tours, pero sin aplicar condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que pusieran a los competidores en desventaja.
Con ello, según el organismo de control, este tipo de prácticas habrían otorgado una ventaja injustificada a Avianca y a Price RES en detrimento de las otras empresas que participan en este mercado en la intermediación, comercialización y reserva de paquetes turísticos.
La actuación se inició luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio recibió una queja de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), en la que se aducía que las dos empresas estarían incumpliendo el segundo condicionamiento de la operación de integración, que buscaba mitigar el riesgo de posibles efectos verticales de la operación de integración.
Por este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio dijo que podrá imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir 100.000 millones de pesos por cada infracción al régimen de libre competencia, y a quienes hayan facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado y/o tolerado las conductas anticompetitivas, hasta de 2.000 salarios mínimos, es decir 2.000 millones de pesos por cada infracción.