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Noticia
'El Gobierno avanza en la reforma al Sistema General de Participaciones y a la Ley de Servicios Públicos': DNP
El director del DNP, Alexander López, expresó que “es momento” de revisar el modelo creado con la Ley 142 y 143 de 1994.
En la actualidad, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), hay 12,8 millones de colombianos sin a un servicio de acueducto con calidad, de los cuales 3,2 millones no cuentan con ninguna forma de agua potable.
Así lo resaltó el director de la entidad, Alexander López Maya, quien hizo una radiografía del sector de los servicios públicos en Colombia y expresó la importancia de hacer ajustes en la regulación.
“En pleno siglo XXI hay 2,6 millones de compatriotas de las zonas rurales sin agua y 600.000 ciudadanos de las periferias que no pueden abrir una llave”, señaló López en el Congreso de Andesco que se celebró la semana pasada en Cartagena.
Más de 3,2 millones de personas no cuentan con ninguna forma de agua potable en Colombia. Foto:iStock
En energía eléctrica, dijo que si bien el sector reporta un aumento en la cobertura que alcanza el 94,9 por ciento, cerca de 818.000 viviendas (unas 4 millones de personas) no cuentan con el servicio de energía eléctrica, principalmente en las regiones más vulnerables.
Adicional a ello, puso sobre la mesa la brecha existente pues, según cálculos de la entidad, la calidad del servicio de energía es cinco veces mayor en Bogotá que en un territorio apartado como el del Caquetá.
Por ello, el director expresó que “es momento” de revisar el modelo creado con la Ley 142 y 143 de 1994 en el que se le otorga tan solo una función de vigilancia, control y regulación al Estado en un marco de operación con el sector privado.
“Existe una alta brecha en las tarifas de energía entre las regiones del país afectando especialmente al Caribe. Nuestro pueblo ha tenido que pagar 2,7 billones de pesos por las pérdidas de energía”, resaltó en el evento.
Termopaipa en Boyaca Foto:ENERGIA
Las cambios al sistema
Ante este panorama, López señaló que es importante hacer ajustes en la regulación y que ya se está avanzando en el proyecto para cambiar el sistema general de Participaciones y la Ley de Servicios Públicos.
“Tenemos un modelo en el que en 1990 la infraestructura estatal de los servicios públicos se dispuso para la gestión privada como aporte para el arranque del modelo y el Estado terminó asumiendo los riesgos y billonarias deudas que no fueron cumplidas por los privados para garantizar la prestación de los servicios públicos”, sentenció.
En concreto, planteó hacer un gran acuerdo nacional para garantizar la igualdad y la equidad en los servicios públicos equilibrando la relación entre el sector público y el privado.
“Las vigencias futuras y el presupuesto en este gobierno se dirigirá hacia a financiar proyectos estratégicos para la población más vulnerable”, concluyó.