La reforma reducirá de manera drástica el ahorro pensional: Asofondos

A pocos días de que inicie en el Legislativo el segundo debate del proyecto de reforma pensional del actual Gobierno, persisten las dudas y preocupaciones por el impacto negativo que este tendrá de aprobarse tal y como está planteado.

“Claro que el proyecto tiene aspectos positivos”, insiste Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que representa a las AFP Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia. Sin embargo, también advierte que hay temas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y las finanzas públicas, mientras otros golpean de forma directa el ahorro pensional de millones de colombianos y es ahí donde se debe centrar buena parte de esta discusión.

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Comencemos por los elementos positivos, como la posibilidad de ampliar de 1,7 millones a unos 3 millones de afiliados, lo que llamamos hoy Colombia Mayor, e incrementar el subsidio de 86.000 a 225.000 pesos mensuales, cifra que cubre la línea de pobreza extrema. Pero esto está bien siempre y cuando se financie con recursos del Presupuesto Nacional y no con las cotizaciones o ahorros de los trabajadores formales. Y para evitar esa tentación, sería mejor no incluirla dentro del proyecto de ley, sino establecerla mediante decreto. Además, para asegurar que no se tomará plata del ahorro de los trabajadores, su financiación debe estar en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para los próximos años y dentro de los límites de la regla fiscal que supervisa el Comité Autónomo de esa regla (Carf) que hasta ahora no ha incorporado dicha proyección.

Otro aspecto positivo es que, al reducir el salario sobre el que se cotiza en Colpensiones, reduce parte de los subsidios regresivos de las pensiones que hoy otorga el régimen público de pensiones. Pero también hay que aclarar que, si bien reduce estos subsidios, no los elimina y sí multiplica por tres el número de personas que seguirán recibiendo subsidios, incluyendo aquellas más adineradas. Esto se explica porque hoy 8 millones están afiliados a Colpensiones y, con la reforma, 24 millones entrarán a cotizar sobre un umbral de 3 salarios mínimos, lo que también explica el enorme costo fiscal de dichos subsidios.

Incrementa el costo fiscal y el pasivo pensional del régimen público en cifras que son muy elevadas. Según el último informe del Carf, que es una entidad pública, el pasivo pensional puede subir desde un 100 por ciento del PIB en la actualidad hasta un 290 por ciento del PIB. Esta es una cifra increíblemente alta, que, de hacerse realidad, implicaría no solo la inviabilidad fiscal de los futuros gobiernos, sino también un golpe sobre los jóvenes de hoy y las futuras generaciones que tendrían que pagar esta carga con mayores cotizaciones, con una mayor edad de jubilación, con más años de cotización, con menores pensiones o con una combinación de todas las anteriores.

Consistente con el mayor costo fiscal y ese elevadísimo costo de la deuda pensional, el proyecto de ley de reforma pensional reducirá drásticamente el ahorro previsional, como también lo ha señalado el Carf y otros analistas. Esta es una consecuencia muy negativa para los mismos trabajadores colombianos por el envejecimiento de la población, que ha hecho que los sistemas de pilares, como lo propone el Gobierno, sean verdaderas pirámides financieras. En estos sistemas de pilares, las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores, pero, con el envejecimiento de la población y la caída en la tasa de fertilidad, cada vez hay menos cotizantes y muchos más adultos mayores, lo que vuelve insostenibles estos sistemas. Por esas razones los sistemas pensionales deben estar basados en el ahorro.

Los fondos de pensiones tienen en la actualidad ahorros por 372 billones de pesos, fruto de las cotizaciones de los trabajadores, quienes son sus dueños, y unas rentabilidades muy buenas que llegan a ser el 70 por ciento de ese monto. Esa cifra podría haber sido superior a los 500 billones si no se hubiesen dado los traslados de afiliados desde los fondos de pensiones hacia el régimen público (Colpensiones), atraídos por los subsidios regresivos que se han otorgado a las personas de elevados ingresos allí. Para explicar el impacto sobre el flujo de ahorro de este proyecto de reforma pensional, es muy útil comparar la reforma propuesta en Colombia con la que se está proponiendo en Chile y con la que se aprobó en México hace dos años. En el caso de Chile, el gobierno de Gabriel Boric está discutiendo incrementar la cotización a pensiones, que hoy está en 10 por ciento del salario, hasta en 6 puntos porcentuales. La discusión en Chile es qué tanto se incrementa el ahorro. En caso de que solo la mitad del incremento vaya al ahorro, el flujo total del ahorro de este subiría un 30 por ciento. Si los 6 puntos se ahorran en su totalidad, este subiría hasta en un 60 por ciento. En ningún escenario se contempla reducir el ahorro en Chile.

Pero en el caso de Colombia, la reforma apunta en la dirección contraria. Si el umbral es de 3 salarios mínimos legales, el ahorro en los fondos de pensiones caerá un 80 por ciento y si el umbral fuese de un salario mínimo, el ahorro caería un 50 por ciento. Aun si un fondo público llegase al improbable escenario de ahorrar todas las nuevas cotizaciones que lleguen al régimen de pilares, en el mejor de los casos el ahorro seguiría en un nivel de 100. De esa manera, el escenario de ahorro para Colombia es muy negativo comparado con los casos de Chile y de México.

No sobra recordar que el ahorro nacional de Colombia es muy bajo, 15 por ciento del PIB, mientras que en un país como Chile es de 25 por ciento y en China de 40 por ciento. La reforma pensional, entonces, es un golpe muy duro al ahorro del país, al mercado de capitales y al financiamiento del sector productivo y del mismo Gobierno.

El sistema de pensiones de México es un buen ejemplo de lo que Colombia debería implementar. Una reforma debe hacerse pensando en cubrir los riesgos de la vejez, no solo de las actuales, sino también de las próximas generaciones. En ese sentido, debería tener los siguientes seis elementos:

Primero, para enfrentar los problemas del envejecimiento poblacional, la reforma debe estar basada en el ahorro y la capitalización individual. La razón de fondo para este enfoque es que los sistemas de reparto son insostenibles por ser esquemas piramidales, debido a la transición demográfica y el envejecimiento de la población. Por esa razón, cada vez más países del mundo están implementando sistemas de ahorro y de capitalización individual.

Segundo, la istración de un sistema pensional basado en el ahorro puede estar a cargo de entidades públicas y privadas que funcionen bajo las mismas reglas de juego para que esa sana competencia genere los mejores resultados a favor de los afiliados. En Colombia pueden ser las actuales y futuras AFP, sean públicas o privadas. Para istrar de forma adecuada los ahorros de los trabajadores e incrementar la competencia, dicha istración debe ser remunerada según las mejores prácticas internacionales.

En tercer lugar, si el Gobierno y el Congreso persisten en incluir un umbral de reparto o prima media pura para el pilar contributivo de la reforma pensional, este debería ser de solo un salario mínimo mensual legal. Así, se reducirá la caída en el ahorro de los trabajadores, el incremento en el déficit y en el pasivo pensional, y se reducirá también el monto de los subsidios a las pensiones altas que otorgue el sistema.

Como cuarto punto, decir que el sistema de protección a la vejez debe ampliar el programa Colombia Mayor tanto en cobertura como en la ayuda que otorgue a los adultos mayores con discapacidad y en situación de pobreza absoluta con recursos del presupuesto nacional y no del ahorro de los trabajadores.

Un quinto elemento es que se debe ampliar el pilar semicontributivo, mediante el mejoramiento de los llamados beneficios económicos periódicos (BEP), basados en la capitalización individual y con un subsidio adecuado que mantenga la sostenibilidad del sistema como un todo. De esta forma se garantizaría un ingreso digno en la vejez para aquellos afiliados que no alcancen a cumplir los requisitos de pensión debido a la informalidad laboral.

Por último, una reforma debe consolidar todos los incentivos para el ahorro voluntario, tanto en cuentas exclusivas como en las del ahorro voluntario en las obligatorias.

Es una comunicación respetuosa pero crítica, aunque no parezca, del proyecto de reforma pensional del Gobierno. Sin embargo, creo que si quienes la firmaron hubiesen conocido las más recientes estimaciones del Carf del impacto de la reforma sobre el pasivo pensional, posiblemente no la hubiesen firmado o hubiesen sido mucho más críticos del proyecto. Por otro lado, la carta bien pudo haber precisado al menos dos puntos que es importante mencionar: Lo primero, no es cierto que la reforma incrementa la cobertura pensional (una mesada que sea de al menos de un salario mínimo). De hecho, la reduce porque los trabajadores ya no podrán jubilarse con 1.150 semanas, como sucede hoy con los fondos privados (AFP) gracias al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM). La cobertura de la población que recibe subsidios se incrementa con el llamado pilar solidario, pero no la cobertura de la población que recibe pensión.

En segundo lugar, tampoco es cierto que todos los adultos mayores que no cumplan los requisitos para una pensión recibirán automáticamente el pilar solidario. Para ello, los adultos mayores tendrán que ser clasificados como pobres o vulnerables de acuerdo con el Sisbén. Según cifras del mismo Gobierno, en 2052 más de 3 millones de adultos mayores no recibirán ni pensión ni subsidio.

Una reforma pensional debe compensar a las mujeres, la maternidad y el cuidado de los hijos en el hogar. Sin embargo, dejar el remedio contra la discriminación en reducir edad y semanas condena a las mujeres a recibir pensiones bajas debido a la brecha de salarios que existe en el mercado laboral. La mejor forma de corregir esa desigualdad es otorgando un bono por cada hijo, pero no un bono que solo reduzca las semanas como propone el Gobierno, sino una suma de dinero que se acredite a la cuenta cuando nace el hijo y genera rendimientos hasta que la madre se pensiona. Este tipo de ayuda permite que las mujeres compren las semanas faltantes si no cumplen con el mínimo requerido, pero también permite que tengan pensiones más altas si tuvieron oportunidad de cotizar las semanas mínimas. Frente a la propuesta del Gobierno, esta medida resulta más flexible para las mujeres y además genera un ahorro que mitiga el costo fiscal del sistema a futuro.

La transición debería tener tanto el requisito de semanas cotizadas, que deben ser 1.000 semanas, como el requisito de edad, que debería ser tener 10 años antes de la edad de jubilación. Si no se introducen esos requisitos, la entrada en vigor de la reforma podría tardar más de 20 años, golpeando en sus efectos a la población más joven.

Desde Asofondos siempre hemos argumentado que la competencia entre los dos regímenes nunca ha sido buena. Pero lo que no explica el ministro es que muchas personas se trasladan porque Colpensiones otorga subsidios muy regresivos, es decir, que se subsidia en mayor medida a las personas con más altos ingresos. El sistema público en Colombia ha premiado a los ricos y no a las personas más necesitadas. La competencia es muy buena y, por eso, hemos planteado que el nuevo sistema debería estar basado en el ahorro y la capitalización con entidades públicas y privadas, operando bajo las mismas reglas de juego.