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Habrá incentivos a empresas que generen empleo, dice mintrabajo

Ramírez asegura que es necesario dar garantías para el ejercicio del sindicalismo en Colombia.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo Foto: Mintrabajo

02.09.2023 16:20 Actualizado: 03.09.2023 08:51

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La crisis del sindicalismo en el país es absoluta. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, revela, por ejemplo, que “solo en el 0,2 por ciento de las empresas se realizan negociaciones colectivas”.

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Ante semejante situación, el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que fortalece –por no decir “resucita”– el sindicalismo en el país.

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La ministra Ramírez fue dirigente sindical, profesora y política. Es miembro del Partido Comunista Colombiano. Fue presidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Acaba de presentar una nueva gran reforma laboral, similar a la que llevó hace meses al Congreso, pero que se hundió por falta de trámite. En diálogo con este cronista para EL TIEMPO habla sobre lo que trae la reforma y dice por qué no se concertó con el sector privado la reforma laboral.

¿Por qué no se concertó con el sector privado?

Desde el Ministerio del Trabajo creamos múltiples espacios de participación desde el 2022, entre los que destaco el valor tripartito de la subcomisión de reforma laboral con importantes expertos de gremios y sindicatos más representativos.

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¿Qué originó la presentación casi clandestina de la reforma?

La reforma laboral no se presentó de espalda al país. No debe confundirse demostrar que no partimos de cero con supuesta clandestinidad.

Para usted, ¿cuáles son los cambios fundamentales en el texto de la reforma con respecto al proyecto anterior?

Destaco, por ejemplo, las protecciones e incentivos que generaremos para más de cuatro millones de personas situadas en lo que el Dane registra como “micronegocios”, con el único requisito de que formalicen sus empresas a partir del pago de seguridad social a tiempo parcial, realizando el registro mercantil y creando su propia contabilidad, promoviendo negocios con proyección de productividad y sostenibilidad.

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Entre los beneficiarios iniciales, ¿quiénes estarán?

Los sectores de hotelería, bares y restaurantes, así como la agricultura.

¿Y qué soluciones propone para combatir la informalidad laboral, que ya está en el 56 por ciento del universo de trabajo del país?

Elaboramos mecanismos que, sin duda, motivarán espacios de formalización laboral y generación de empleo, que serán respaldados por nuestra política pública de trabajo digno y decente y protección de la economía popular.

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Último momento: la Reforma Laboral 2.0 ya fue radicada en el Congreso Foto:MinTrabajo

¿Serán escuchados por usted los gremios de la producción?

Los gremios en toda su pluralidad y diferencias tienen en el Gobierno un interlocutor. Así lo hemos demostrado, por ejemplo, cuando logramos la concertación del salario mínimo 2023.

Pero a veces la opinión cree que el Gobierno no dialoga…

El Gobierno escucha, la puerta del diálogo está abierta y no necesitan llaves para entrar al acuerdo nacional, solo se necesita disposición para aportar en la transformación de un país que reclama derechos sociales. El propósito que nos une es acabar con la desigualdad en Colombia.

¿Y cómo se acaba?

A través de la ocupación, del empleo.

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La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, está marchando en Bogotá Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Pero ¿cuáles son las rutas y metas para generar más empleo?

Nosotros sostenemos que la economía colombiana tiene grandes potencialidades que deben explorarse, entre ellas la economía popular, solidaria y comunitaria. Ese será el eje de promoción de trabajo con derechos; también la política de reindustrialización del campo, o los esquemas de incentivos a las empresas que se otorgarán a través de la política pública de trabajo digno y decente. Eso permitirá sentar las bases de generación de empleo, y menciono también los incentivos que otorgaremos desde nuestra reforma laboral a favor de la creación de empleos dignos, decentes y sostenibles con el medioambiente.

El trabajo que usted llama “digno y decente”, ¿como se fomentará?

A través de los esquemas de incentivos que se otorgarán a las empresas con la política pública de trabajo.

¿Y qué hacer con la población joven desempleada?

La juventud trabajadora está a la espera de oportunidades. Por eso, próximamente publicaremos el decreto que permitirá la contratación de mano de obra local en un 50 por ciento para proyectos e inversiones por ejecutarse en las regiones. Contamos con un programa de incentivos a la nómina en el que se reconoce a las empresas que vinculen jóvenes entre los 18 y los 28 años, entregándoles el 25 por cieno de un salario mínimo por cada joven contratado. Ya tenemos registro de 574.657 jóvenes contratados. El futuro de los jóvenes no puede ser un trabajo sin derechos.

A su reforma le critican que estimula el sindicalismo en un país donde los sindicatos casi no existen…

Un panorama de sindicalismo pasa por reconocer que la afiliación es muy baja, al punto de que de cada 100 trabajadores tan solo 5 son parte de un sindicato. Tan solo en el 0,2 por ciento de las empresas se realiza negociación colectiva. Si somos una democracia, ¿qué o quiénes motivaron la construcción de una cultura antisindical que arroja más de tres mil líderes asesinados?

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¿Y cuál es la respuesta?

Para este gobierno basta con reconocer en el sindicalismo un actor democrático importante para los equilibrios económicos y sociales, pero el debate también debe transitar por avanzar en el cumplimiento de obligaciones internacionales que heredamos cuando llegamos al gobierno, entre ellas las que se relacionan con las garantías para el ejercicio del derecho de asociación sindical, la negociación colectiva y la huelga como derecho. Así lo reconoció la Organización Internacional del Trabajo en carta que recibí en junio de este año: la construcción de una reforma laboral respetuosa de la libertad sindical.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sostiene el proyecto de ley para la reforma laboral el día de su radicación. Foto:Archivo EL TIEMPO

¿Cómo hacer para combatir la informalidad laboral?

Nuestras políticas ya están teniendo un impacto en la atención a la informalidad. Esta semana, el Dane publicó los resultados del mercado laboral del mes de julio de 2023 y reveló que hubo una reducción de la tasa de desempleo que se ubicó en el 9,6 por ciento, manteniendo la cifra de un digito después de cifras tan complejas como las de la pandemia. Motivados con los buenos resultados continuaremos en la implementación de medidas.

Pero ¿medidas como cuáles?

Acciones concretas a favor de los micro, pequeños y medianos empresarios con incentivos para la creación y permanencia de empleos sostenibles, un enfoque en la asociatividad reconociendo la potencia de la economía popular, solidaria y comunitaria, también avanzando en los esquemas de formación para el trabajo con un moderno sistema nacional de cualificaciones y también pensando en la necesidad de proteger a los desempleados mediante el al mecanismo de protección al cesante.

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¿En qué consiste ese mecanismo?

Promoveremos el de todos los cesantes al beneficio económico, el cual aumentaremos, y activaremos las rutas de reentrenamiento y reinserción laboral desde la formación para el trabajo.

Su reforma incluye un artículo que sugiere autorización eventual para huelgas en servicios públicos…

Durante la construcción de la reforma laboral en la subcomisión creada por la Comisión de Concertación escuchamos a la relatora para Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien reafirmó la importancia de que Colombia adopte el cumplimiento de estándares internacionales que provienen de la Corte Interamericana, entre ellos el reconocimiento de la huelga como derecho humano. En correspondencia, la reforma laboral propone aspectos y procedimientos modernos para su ejercicio, entre ellos uno que es básico en cualquier democracia: la huelga debe ser pacífica. Y en tal sentido avanzamos también en reconocer que la huelga como derecho debe ser protegida por las autoridades judiciales, no lo digo yo, lo dijo recientemente la Corte Constitucional en el comunicado de la sentencia C-134-23, en la cual insta al Congreso a regular el ejercicio del derecho a la huelga en el servicio público esencial de la istración de justicia, y por eso cumplimos. La reforma tiene una propuesta que permitirá que en todo caso se garantice la prestación de servicios mínimos cuando se puedan comprometer servicios esenciales.

La ministra del Tranajo, Gloria Inés Ramírez. Foto:Twitter de Mintrabajo (@MintrabajoCol)

¿Es decir que será permitida la huelga en servicios públicos?

Acogemos lo que en materia de servicios esenciales determinen los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, somos respetuosos de los estándares internacionales y judiciales de las altas cortes en Colombia. La reforma laboral adopta el criterio de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que mandata que el derecho de huelga en servicios esenciales se ejercitará garantizando la prestación de servicios mínimos.

El proyecto de reforma pensional significa tan altísima inversión que el Comité de Regla Fiscal lo considera inviable…

Los cálculos del proyecto de ley de reforma pensional que pusimos a disposición del Congreso de la República se han hecho de forma responsable y provienen del arduo trabajo que realizamos con un equipo de expertos de la Universidad Nacional, en virtud del Convenio Interistrativo que suscribimos con ellos. De igual manera, desde la construcción de la propuesta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha hecho la revisión en el marco de la política macro y ha dicho que esta tiene sostenibilidad fiscal.

Los sectores comerciales han criticado la modificación de la jornada nocturna…

El diálogo continúa y como novedad invito a leer la propuesta que llevamos para proteger a los sectores que en realidad tienen trabajo nocturno, que son tan solo el 11,4 por ciento del total de empresas en Colombia. Mantuvimos la ponencia mayoritaria de la anterior legislatura y por consiguiente la jornada diurna se inicia a las 6 de la mañana y culmina a las 7 de la noche, a partir del reconocimiento de que el mayor costo para una empresa está entre 6 y 7 de la noche. Este es un tema de justicia social, estamos hablando no solo del crecimiento del empleo o el aumento de los salarios, hablamos de una dimensión de derechos, de libertad, de democracia.

Finalmente, ¿cómo operará y desde cuándo la reducción de la semana laboral?

Actualmente rige la Ley 2101 de 2021, la acogemos y la implementamos. Recuerdo que en ella se estableció la reducción progresiva hasta 42 horas semanales, en nuestra reforma laboral limitamos la jornada máxima legal a 8 horas diarias en cumplimiento de recomendaciones del Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo.

¿Cuál es su posición sobre los contratos a término fijo? ¿Cómo se regulará el contrato por prestación de servicios?

El contrato de prestación de servicios se podrá seguir utilizando en particular a favor de personas que ejecutan trabajos o actividades con verdadera autonomía e independencia, sin embargo, cuando se use para engañar o encubrir verdaderas relaciones laborales la justicia reconocerá los derechos que se tengan.

¿Cómo se realizará o ejecutará la política de economía popular que propone el Gobierno?

El Gobierno parte por reconocer que la informalidad debe ser atendida en su dimensión social, y por ello la política pública se orienta a la protección del trabajo en todas sus modalidades. Vamos a implementar esquemas de protección que atiendan y reconozcan el valor de la economía popular, solidaria y comunitaria. La asociatividad constituye el pilar del cambio e irá acompañada del apalancamiento técnico y financiero a través del crédito público.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO

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