Pagar para no apagar el país

Como sucede con otros sectores de la economía, el de la energía eléctrica tiene una cadena de suministro donde las empresas comercializadoras venden energía a los colombianos, tras comprar previamente a los generadores, pagar los 'peajes' a los transportadores (transmisores y distribuidores), facturar a los s y asignar temporalmente los subsidios a quienes se benefician de ellos, asumiendo riesgos de cartera y pérdidas comerciales, entre otros.

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Por ello, para afrontar las cargas y responsabilidades que les asigna la ley y la regulación, deben disponer de un cuantioso capital. En suma, los comercializadores son la cara del servicio y, si los ingresos por la venta de electricidad son insuficientes (la mitad o la tercera parte) para cubrir los costos, financiar los subsidios y saldar otros procesos, estos pueden quebrar. Hoy ese riesgo está latente.

¿Por qué esta situación de la comercialización de energía eléctrica en Colombia? Son varias las razones.

A diferencia de cualquier producto, la energía eléctrica es un servicio público esencial, y el Estado debe garantizar su y continuidad, para lo cual existen diferentes instrumentos.

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El país tiene cerca de 16 millones de s de energía eléctrica, y el 75 por ciento (es decir, 12 millones) pertenecen a estratos 1, 2 y 3, a los cuales se les subsidia el pago de una parte de su factura. Los comercializadores son el vehículo entre Estado y s para canalizar dichas ayudas y recibir las contribuciones que pagan los s de estratos 5, 6 y comerciales para participar con su financiación.

Como estas no alcanzan para cubrir la totalidad de los subsidios, el déficit lo asumen temporalmente los comercializadores de su propio capital, mientras el Gobierno les paga (suelen darse rezagos de 4 o 5 meses vencidos e incluso más en algunas ocasiones) con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Para 2023, no obstante la partida aprobada en el PGN, aún existe un déficit de 2,3 billones de pesos, suma que debería incluirse en el proyecto de adición presupuestal para evitar impactos significativos a los s más vulnerables del país.

Además de esas ayudas a cargo del Estado, en 2020, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ente supervisor del sector, expidió la denominada ‘opción tarifaria’, norma que consiste en no trasladar los costos reales del servicio en el momento causado sino en un periodo posterior, de forma gradual, y así suavizar incrementos inmediatos y abruptos en las tarifas con el fin de aliviar transitoriamente los impactos a los s.

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En la práctica es un fondo de estabilización de precios, como el de la gasolina, pero con la gran diferencia de que este no está a cargo del Estado, sino de las empresas comercializadoras.

En el pasado este fondo de estabilización de precios operaba sin sobresaltos, pero en los últimos años, varios eventos como la pandemia del covid-19 –cuando las tarifas de electricidad en Colombia se congelaron por cerca de 9 meses–, algunos ajustes normativos, una inflación global y más recientemente el Pacto por la Justicia Tarifaria, han dado como resultado que la diferencia entre costos e ingresos por la venta de energía a menor precio que el real sea tan grande que las comercializadoras tienen un problema de liquidez significativo.

Las cuentas no dan y, de hecho, varias empresas pueden entrar en un estado de inviabilidad e insolvencia financiera, lo que nos deja ante un riesgo sistémico para el sector, que pone en cuestión la continuidad y calidad del servicio para todos los colombianos.

En cuanto a las medidas implantadas, sí hay alivio en las tarifas: desde septiembre pasado a mayo, la opción tarifaria y el Pacto por la Justicia Tarifaria ayudaron a que los costos promedio para los s por cada kilovatio consumido de las empresas afiliadas en la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), que atienden al 99 por ciento de los s en Colombia, se hayan incrementado en 5,1 por ciento, muy inferior al IPC que en igual periodo fue de 8,8 por ciento.

Esto, sin embargo, ha representado un enorme costo para las comercializadoras, que hasta abril pasado acumulaban saldos por recuperar por opción tarifaria (4,6 billones de pesos) y por subsidios entregados a los s, junto con deudas de s oficiales y de alumbrado público: una suma cercana a 6 billones de pesos que podría incrementarse a fin de año hasta cerca de 10 billones.

¿Por qué? Por el fenómeno de El Niño y, con ello, alzas de los precios de la bolsa de energía, que es donde acuden los comercializadores para comprar parte de la energía que suple el consumo de los colombianos.

Dado que las comercializadoras sostienen financieramente a toda la cadena de prestación del servicio, los saldos de 6 billones de pesos (o 10 billones) por recuperar son gigantescos al compararlos con sus ingresos anuales por realizar su tarea, cercanos a 3 billones de pesos.

Es decir, los saldos por recuperar equivalen a entre 2 y 3 años de ingreso, dependiendo del mes en el cual se analice la situación. Ante este escenario, ¿pueden ser viables las comercializadoras que atienden a los colombianos cuando se les debe lo que recibirían de ingreso por 2 y 3 años?

Las empresas abogan por tarifas eficientes y competitivas y defienden a los s, como es su razón de ser. Pero, a su vez, las tarifas deben permitir un balance entre esta eficiencia y la garantía en la prestación futura del servicio, contribuyendo a incrementar la cobertura y a mejorar la calidad del servicio, entre otros.

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Y eso solo es posible con empresas sostenibles y suficientes, sean públicas, privadas o mixtas. Así avanzaremos firmemente hacia una transición energética justa con beneficio para toda la sociedad.

Urgen soluciones estructurales, con base en los estudios y las propuestas planteadas y recomendadas, para que puedan reconocerles y pagarles a las empresas lo adeudado y evitar un 'no pagar apaga' a Colombia o, dicho de otra manera, 'pagar no apaga' el país.

JOSÉ CAMILO MANZUR (*)

(*) Director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).

PARA EL TIEMPO