El futuro del petróleo y el gas natural se ve cada vez más incierto

La decisión del Gobierno de no adjudicar nuevos contratos petroleros trajo una nube de incertidumbre para las empresas que llevan años invirtiendo en el país. Pero más allá del propio anuncio, lo que más genera preocupación es que esta medida tiene como base un documento que ha estado en medio de la polémica.

Primero, porque su elaboración se le atribuyó, entre otras personas, al exdirector de Hidrocarburos, Camilo Rincón, quien aseguró que esto no era cierto y que tampoco autorizó que su nombre fuera incluido como coautor del ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética’.

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Entre tanto, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz –a quien el Presidente le aceptó la renuncia el viernes–, dijo que conoció el informe completo solo hasta que fue publicado, pero este “tiene problemas técnicos, económicos y metodológicos”. Y la ministra Irene Vélez aseguró que se decidió que Ruiz no participara en su redacción “porque debíamos acelerar el poder tomar decisiones sobre este balance de los contratos”.

Adicionalmente, desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (A) manifestaron que este balance es un “análisis somero” que no incluye el componente macroeconómico y fiscal, el de financiación de las regiones y transformación productiva, en especial, en las zonas petroleras.

En este documento se indica que, de desarrollarse con éxito las etapas contractuales, los 273 proyectos en ejecución, tanto en fase de exploración como de producción, tienen la probabilidad de aportar hasta 2.033 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, 363 millones de barriles en recursos contingentes y 684 millones en recursos prospectivos.

En gas, el potencial en reservas es de hasta 3.028 gigapiés, en recursos contingentes de 2,651 gigapiés, y en prospectivos de 28.283 gigapiés, incluyendo lo que podría haber en los descubrimientos que se han reportado en el mar Caribe y en el bloque Sinú-9 (Córdoba).

Aunque en el informe se dice que los actuales recursos contingentes de Sinú-9 se pueden incorporar a la producción desde el 2026 y los del offshore a partir de 2027, estos solo tienen una probabilidad de éxito del 50 por ciento.

A pesar de ello, el Ministerio de Minas y Energía infiere que estos recursos “pueden abastecer la demanda nacional e, incluso, producir un excedente en su producción hasta el 2037. Si tenemos en cuenta los recursos prospectivos este suministro se puede extender hasta el 2042”.

Sin embargo, Camilo Rincón afirmó que no tiene información que dé origen a estas proyecciones y “deberán ser los formuladores y estructuradores del documento (dos asesores de la ministra) quienes expliquen las metodologías y datos usados para tal fin”.

Como sobre estos recursos aún no se tiene ninguna certeza y todo se trata de estimaciones preliminares, el Ministerio también se enfocará en destrabar 32 contratos que tienen oportunidad exploratoria y actualmente están suspendidos por conflictividad social (18), orden público (10) y trámites ambientales (4).

De esta manera, se buscará agregar nuevas reservas al balance que, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), son de 2.039 millones de barriles al cierre de 2021, las cuales alcanzan para 7,6 años. Por el lado del gas, se calculan en 3.164 gigapiés cúbicos, con una vida útil de 8 años.

Para mayo se espera conocer el informe de reservas actualizado al 31 de diciembre de 2022, que servirá de base para ratificar o no la decisión de no más contratos y definir si los recursos existentes son suficientes para llevar a cabo las transiciones energéticas, exportadora y fiscal, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

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Sin embargo, para la A las reservas actuales no son suficientes para asegurar la autosuficiencia energética de Colombia hacia adelante, por lo que se requiere seguir adjudicando nuevos contratos para hacer una transición.

En ese sentido, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, dijo que es clave mantener la actividad exploratoria, ya que “la seguridad energética del mañana se garantiza con más exploración desde hoy”. Además, las inversiones y resultados de estas exploraciones no son inmediatos sino a largo plazo.

De acuerdo con la A, la exploración y producción de hidrocarburos es esencial para garantizarle al país autosuficiencia y soberanía energética, a corto, mediano y largo plazo, mientras se adelanta la transición responsable que se requiere.

Además, el principal desafío no está en la diversificación de la matriz eléctrica sino en la energética, y eso solo se dará con la transformación del parque automotor, ya que el país depende de los combustibles derivados del petróleo y el gas en un 99 por ciento.

“No tiene sentido sacrificar y debilitar una industria que es tan importante para el país, cuando la realidad es que la actividad que se busca prohibir no hará ninguna diferencia en Colombia ni en el mundo”, aseguró el presidente de la A, Francisco José Lloreda.

Y es que Colombia aporta el 0,37 por ciento de los gases de efecto invernadero del planeta. De este, el 59 por ciento lo produce el sector agrícola y ganadero, la deforestación y el mal uso de la tierra, el 31 por ciento está asociado a la generación y consumo de distintas fuentes de energía, siendo más significativo el transporte (12 por ciento), mientras que los hidrocarburos aportan menos del 1 por ciento del total de las emisiones.

Pero en la economía del país el aporte de esta industria es totalmente diferente. Cerca del 40 por ciento de las exportaciones dependen de este sector, que también proporciona el 20 por ciento de los ingresos fiscales de la Nación y el 76 por ciento de las regalías.

“La decisión de no firmar más contratos pone en grave riesgo al país frente a un posible ‘apagón’ económico. Los países están salvaguardando sus economías, definiendo una transición energética paulatina, planeada y organizada, de mediano y largo plazo. El Gobierno debe revisar esta decisión aspiracional y replantear la estrategia de exploración y producción de hidrocarburos”, aseguró Daniel Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem).

Adicionalmente, este gremio recomienda al Gobierno diseñar una hoja de ruta de la transición energética basada en estudios que soporten las cifras y sustenten con claridad que no se requerirán nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, sin afectar la economía del país.

El presidente de la A también menciona que no entregar nuevos contratos, más temprano que tarde, le pasará factura a la producción de petróleo, como ocurrió en 2015 cuando el desplome de los precios internacionales le puso un freno a las inversiones y la producción cayó por debajo del millón de barriles diarios.

La pandemia fue otro golpe para la industria y llevó a que la producción se ubicara sobre los 700.000 barriles. Luego de casi tres años, la recuperación ha sido lenta y no ha logrado volver a los 800.000 barriles por día. Una menor producción de hidrocarburos significa menos ingresos para la Nación, menos regalías, menos dividendos y un riesgo de perder la autosuficiencia energética.

LINA QUIROGA RUBIO

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