El nuevo pulso de los privados y el Gobierno por la reforma laboral

Tras reconocer que el sector laboral colombiano tiene problemas estructurales de alto calado, como el alto desempleo y la informalidad y que es necesario adecuarse a los avances tecnológicos, Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, hizo ayer una defensa contundente del proyecto de reforma laboral, en la audiencia pública que se realizó en el Congreso de la República.

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Luego de escuchar por más de cuatro horas los argumentos y peticiones de representantes de las plataformas digitales, gremios de la producción y las centrales obreras, la funcionaria fue tajante al señalar: “No hay un solo artículo de esta reforma que no tenga un sustento en la jurisprudencia nacional e internacional o en los compromisos que ha adquirido el país, el cual necesita de esa reforma”.

Dijo que el Código Sustantivo del Trabajo no recoge la realidad de lo que necesita el país en materia laboral. Por eso, desde el Gobierno se ha planteado que el tema central del proyecto es la estabilidad. “Esto no es una locura ni significa el caos, son certezas jurídicas para empresarios y trabajadores”, dijo la ministra, para quien es claro que debe haber un equilibrio entre estas dos partes.

Para Ramírez, no es cierto que Colombia esté afrontando un caos, lo que está experimentando es un cambio hacia la justicia laboral en materia de salario, crecimiento del empleo, derechos, libertad y democracia.

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Por eso invitó a los asistentes a la audiencia a discutir y corregir cualquier artículo del proyecto que no responda a una norma, recomendación o jurisprudencia, porque se trata de darles garantías tanto a trabajadores como a empresarios, insistió la ministra en su intervención.

Frente a las críticas recibidas porque el proyecto no tiene una clara vocación de generación de empleo, dijo que al país no se le puede mentir y el Gobierno ha diseñado una política integral de empleo que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, a través del proceso de reindustrialización, el microcrédito y la economía popular.

Y mencionó, por el contrario, que si bien la Ley 50 flexibilizó el mercado laboral, también lo precarizó, a la que se sumó luego la Ley 789 creada para generar empleo y reducir la informalidad abaratando las nóminas.

El recorte de no pagar los recargos nocturnos con la extensión de la jornada, más el del despido sin justa causa que ha sido muy abaratado, ha generado que durante estos 20 años un trabajador de salario mínimo haya dejado de recibir 33 millones de pesos mensuales, según cifras de Ministerio del Trabajo.

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Por eso, consideró la ministra Ramírez, no se puede continuar con ese modelo ni con el discurso de seguir reduciendo los costos de nómina para generar empleo porque no da resultados.

“Hay que buscar que los trabajadores produzcan con calidad, pero hay que pagarles en proporcionalidad a ese proceso”, puntualizó.

Aunque la generación de empleo y la alta informalidad siguen preocupando a trabajadores, académicos, centrales obreras, analistas y gremios de la producción, entre otros, cerrarles las puertas a nuevas modalidades de contratación, desconociendo la realidad del mercado laboral, conducirá a la destrucción de empleo, a la precarización del mismo y causará un duro golpe a la productividad y la competitividad.

Y así se lo hicieron saber a la ministra del Trabajo, aunque la lista de factores negativos, más que los positivos, esbozados por los asistentes a la audiencia pública de ayer fue mucho más extensa, así como los argumentos que apuntan a los daños que ocasionaría para el mercado laboral, la inversión, la calidad de vida de millones de colombianos y el desarrollo del país, la aprobación de esa iniciativa tal como fue presentada.

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Mencionaron, por ejemplo, las implicaciones que tendría volver a ampliar la jornada nocturna, el tema relacionado con las indemnizaciones por los despidos de trabajadores, así como los que implementan nuevas condiciones a la huelga de trabajadores en todos los sectores, incluidos aquellos que prestan servicios públicos esenciales.

Voceros de los empresarios dejaron claro, no obstante, que no están en contra de que con este proyecto se pretenda mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que se debería apuntar también a lograr objetivos mucho más ambiciosos y urgentes que tiene el país en materia laboral, como reducir la tasa de desempleo –hoy en 10 por ciento–, la elevada informalidad cercana al 48 por ciento, así como la productividad y la competitividad colombiana.

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