La solución no son más subsidios, sino medidas estructurales, dicen los expertos

Esta semana arrancó con la discusión de otra propuesta que lanzó el presidente Gustavo Petro y que podría desembocar en dar nuevos subsidios, sumándose a, por lo menos, otros cuatro auxilios que se han anunciado y ejecutado en menos de nueve meses.

Tras una reunión con los taxistas, el 25 de agosto el Gobierno Nacional anunció que establecería una tarifa diferencial de la gasolina para este gremio con el fin de atenuar los altos costos que están asumiendo por el incremento de aproximadamente 4.800 pesos que ha tenido el precio de este combustible.

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Sin embargo, solo unos días después el mismo Gobierno reconoció que no era viable implementar esta tarifa diferencial y planteó entonces entregar un subsidio en efectivo a los conductores de taxis al final de cada mes.

Para septiembre podría oscilar entre 80.000 y 100.000 pesos para unos 190.000 taxis que circulan en el país, aunque no son precisamente los más pobres los que se suben a estos vehículos.

Pasó una semana y el 2 de septiembre el presidente Petro volvió a hacer otra propuesta: pagar a través "una pequeña cuota" en la factura de la luz el transporte público masivo y así las personas lo podrían usar todos los días y sin ninguna restricción.

En principio, esta idea no plantea un subsidio, pero si al final la cuota no es tan pequeña como se cree, las personas de estratos medios-altos terminarían subsidiando los viajes de las familias más vulnerables, independientemente de que lo usen o no.

Por ejemplo, si en Bogotá tres millones de hogares pagan el servicio de energía y la operación mensual de este sistema cuesta unos 433.226 millones de pesos aproximadamente, el pago adicional en la factura sería de 144.000 pesos al mes.

El presidente de Anif, Mauricio Santa María, dice que "poner a pagar una sobretasa a la energía a los hogares pobres llevaría a que fuera peor el remedio que la enfermedad", por lo tanto, la sobretasa se debería repartir en menos hogares y sería mucho más alta.

Como no se trataría de "una pequeña cuota", la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, plantea la necesidad de que los recursos provengan de varias fuentes: el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y los hogares, por lo que al final terminaría siendo un subsidio más.

Lo mismo pasó con el descuento del 50 por ciento en el precio del Soat para varias categorías de vehículos como motocicletas, taxis y buses de transporte público con el fin reducir la evasión, bajar la accidentalidad vial y paliar la trepada de la inflación.

Pese a este descuento, el Gobierno se comprometió con las aseguradoras a pagarles el seguro completo y Fasecolda advierte que el hueco estimado hasta el final de este año por este subsidio llegaría a los 613.000 millones de pesos, pero ni la evasión ni la accidentalidad han bajado significativamente.

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Esto se suma a los 800.000 millones de pesos que decidió asumir el Gobierno por el congelamiento de los peajes en enero pasado, aunque hace unos meses también anunció que antes de que termine el 2023 se autorizará el alza que no se hizo a inicios del año.

Pero aún es incierto cuándo reembolsará el dinero que dejaron de recaudar los concesionarios por este congelamiento, que –según alertó la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)– pondría en riesgo el modelo de concesiones en el país.

Expertos señalan que el camino para resolver las necesidades e inconformidades de la población no es repartir subsidios, sino buscar soluciones estructurales porque en muchas ocasiones estas ayudas –que se financian con recursos públicos– no llegan a los más vulnerables.

Para María del Pilar Granados, gerente sénior de proyectos de Infraestructura de KPMG, estas soluciones estructurales parten de la identificación de causas reales y específicas; entender qué crea los problemas para cada población y buscar modificar estas causas.

"Una vez hemos identificado las causas, podemos definir acciones en el corto, mediano y largo plazo para modificarlas. Al final, habremos dado pasos certeros hacia un desarrollo real de las poblaciones", agrega.

Entre las acciones de corto plazo se podrían plantear subsidios que busquen generar un impacto inmediato para aliviar una condición crítica de alguna población, explica Granados. Sin embargo, su definición debe estar alineada con la visión a largo plazo, la causa real identificada del problema y enfocada en una población específica.

También resalta que los subsidios, como última medida para la solución de problemas inmediatos, deben tener un tiempo límite de aplicación y estar acompañados de acciones que disminuyan progresivamente su necesidad, pues en Colombia constantemente se le da la razón al economista Milton Friedman, quien decía que "no hay nada más permanente que un programa temporal del Gobierno".

"No tiene sentido generar costosos subsidios masivos que no estén enfocados en quienes más lo necesitan y no vayan articulados con acciones de mejora de mediano plazo que hagan progresivamente innecesario el subsidio", dice la experta de KPMG.

Entre tanto, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, asegura que los subsidios no deben verse como un mecanismo de salida de la condición de pobreza por parte de los hogares, sino más bien como un mecanismo que permita ofrecer soluciones temporales a choques económicos negativos, como lo fue Ingreso Solidario, un programa que nació durante la pandemia del covid-19 para darles un apoyo a las personas que estaban en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad.

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Y si la idea es seguir solucionando algunas problemáticas con subsidios –señala Mejía–, es mejor tener subsidios condicionados como los de Familias en Acción y bien focalizados, porque es precisamente la focalización uno de los retos más importantes en la política social y uno de los problemas más grandes que se tiene actualmente en el diseño de los subsidios, porque una parte muy importante de ellos no llegan a las personas más pobres y vulnerables.

En ese sentido, "los subsidios a la gasolina realmente no tienen una buena focalización porque si bien les llegan a personas pobres y vulnerables, también lo reciben hogares de ingresos medios y altos que naturalmente no deberían estar siendo subsidiados a través de recursos públicos", manifiesta el director ejecutivo de Fedesarrollo.

¿Cómo garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan? Lo fundamental es tener un buen mecanismo de focalización y ese es el Sisbén, que si bien no es perfecto, es sustancialmente mejor que el de los estratos socioeconómicos, que es un mecanismo que ha abierto la puerta a que muchos hogares reciban auxilios del Gobierno sin necesitarlos realmente.

Esta focalización, según Luis Fernando Mejía, también evita solicitudes adicionales de subsidios porque cuando se empieza a pensar en la política social como una política enfocada en subsidios sectoriales, como es el caso de los subsidios a los taxistas, naturalmente se abre la puerta para que cualquier otro sector levante la mano y solicite un subsidio también de manera particular.

Por ello, es importante que los subsidios, como solución a condiciones críticas inmediatas, nazcan de "un análisis de causas técnicas, estar focalizados en quienes realmente lo necesitan, tener una temporalidad definida y estar acompañados de acciones de mitigación de las causas que garanticen la temporalidad del subsidio", reitera María del Pilar Granados.

Ningún subsidio que entregue el Gobierno es gratis. Los costos deben ser asumidos por alguna fuente de financiamiento –ya sea privada o pública–, y si lo hace la Nación, al final lo hace con recursos que aportan los colombianos cada año a través del pago de impuestos.

Por lo tanto, si no se trabaja paralelamente en soluciones estructurales, claramente se pueden generar impactos cada vez más profundos sobre las finanzas y el desarrollo del país, advierte la experta de KPMG.

Hoy en día, Colombia tiene un déficit fiscal que supera el 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el próximo año también va a tener un déficit superior al 4 por ciento del PIB, por lo que "cualquier discusión de un subsidio adicional debe circunscribirse justamente a un limitado espacio fiscal y además a una situación en la cual, por supuesto, esos nuevos subsidios deben competir con otro tipo de gastos en política social como la salud y la educación", señala Mejía.

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