El precio del oro disparó la minería ilegal: alerta en cinco zonas del país

Un gramo de oro, extraído de forma legal en Colombia, puede costar $ 377.000, de acuerdo con el Banco de la República. De hecho, se considera hoy como una de las monedas de cambio más sólidas para invertir.

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De otro lado, un barequero (dedicado a la extracción artesanal) se lucra de la maquinaria amarilla que de forma ilegal los grandes capos ponen a su servicio para extraer oro de manera ilegal o extracción de aluvión.

Estos labriegos en un día de trabajo, 14 horas en promedio, pueden extraer 12 gramos, lo que en su jerga es un ‘tomín’. A ellos les llegan a pagar por gramo entre 100.000 y 120.000 pesos, pero la diferencia se queda en manos de los peces gordos del negocio, que además tienen así un nuevo frente para lavar la plata que les entra por sus actividades de narcotráfico.

La riqueza aurífera de nuestro país se convierte así en una maldición dorada, porque detrás de la extracción tanto en socavones como en ríos se mueve y nutre un entramado criminal que acaba con el medioambiente, perpetúa la explotación de centenares de personas y acrecienta las arcas de los grandes generadores de violencia en el territorio nacional.

La Policía Nacional, a través de la dirección de Carabineros, se ha enfocado en cinco regiones donde se registra mayor afectación por este negocio. La primera la componen el sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar, donde hay fuerte incidencia del ‘clan del Golfo’, ya sea porque coordinen la extracción o porque cobren una especie de impuesto por cada gramo.

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La segunda región la compone el departamento de Chocó, en medio de su problemática por la guerra territorial que libran integrantes del Eln y del ‘clan del Golfo’. De hecho, la Defensoría del Pueblo ha lanzado varias alertas ante el impacto en la salud de las comunidades indígenas y afro por la contaminación de los ríos con mercurio.

El tercer foco se concentra en Cauca y Nariño, donde además hacen presencia las disidencias y hay zonas de alta concentración de cultivos de mata de coca. En cuarto lugar se encuentra el triángulo que conforman Amazonas, Putumayo y Caquetá, regiones en abierta confrontación entre las disidencias que se encuentran divididas; y por último está Guainía, en la frontera con Venezuela.

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A la extracción ilícita del oro, que deja una grave deforestación, se suma el daño a la riqueza hídrica por el mercurio, el metal líquido que se usa para separar el oro del resto del material extraído y que es una potencial amenaza para la vida humana. En el país se repiten historias como la del río Sambingo, que cruzaba por Mercaderes, Cauca, y que se convirtió en el primer río del país en desaparecer debido a la minería ilícita.

Combatir esa depredación y a sus promotores es la tarea de los Carabineros de la Policía y su grupo de operaciones especiales contra la explotación ilícita de minerales. Su cabeza, el general José James Roa, asegura que en esa batalla el Estado está empleando todos sus medios, desde tiradores de alta precisión, técnicos en explosivos, comandos fluviales y pilotos de drones. Su labor es apoyada por un equipo interdisciplinario de peritos judiciales que incluye expertos en ingeniería ambiental, ingeniería química, topografía y fotografía forense. De esa manera, desde el terreno empiezan a armarse los casos judiciales, que son un frente con pocos resultados en el país.

En el Bajo Cauca, a través de un sobrevuelo, se observa desde el aire la estremecedora cara de la deforestación y el envenenamiento de suelos: más de 50.000 hectáreas en los últimos años. Por eso, para Carabineros es prioridad dar captura a Andrés Felipe Úsuga Oquendo, integrante del ‘clan del Golfo’, quien es uno de los capos de la explotación ilícita del oro en la región. Otro de los más buscados del ‘Clan’ es Luis Carlos Berrío Ocampo, a quien señalan de mover el negocio ilegal en el occidente antioqueño y de fijar precios y zonas de explotación.

Los carabineros también están trabajando en la recuperación de zonas que estaban en manos de los ilegales como el parque de Los Farrallones en Cali, donde se logró cerrar 22 bocaminas (ver recuadro).

Se trataba de una especie de ciudadela en las montañas donde podían llegar a hacer presencia más de 2.000 personas, cuya actividad ilegal estaba contaminando el río Cali, que surte las bocatomas de la capital del Valle del Cauca.

De igual forma, en la Amazonía, donde los uniformados en coordinación con la Fiscalía General llegaron al Parque Natural Nacional Río Puré, lograron la intervención de 21 unidades de producción minera y se destruyeron 21 dragas tipo ‘dragón brasilero’ avaluadas en 55.000 millones de pesos.

El general Roa señaló que en las últimas semanas se desplegaron acciones en zona rural de California (Santander), donde se concretaron 8 órdenes de registro y allanamiento que permitieron la incautación de 1.135 gramos de mercurio. Este municipio es en efecto uno de los más afectados por el uso indiscriminado del mercurio (ver recuadro).

De igual forma, los policías incautaron 39 kilos de explosivo Anfo, 95 barras de indugel y 181 detonadores. De acuerdo con Carabineros, “esta operación se enfocó en desarticular entables mineros o plantas de beneficio, donde se procesaba material aurífero con el uso de molinos mecanizados, mercurio y material explosivo”.

En Nariño, en el llamado Triángulo de Telembí –conformado por tres municipios: Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán– se desarrollan actividades especiales para ubicar a Esteban Sánchez Soto, a quien Carabineros señala de estar al frente de la actividad de explotación. Y a la par, se han reforzado acciones de la Fuerza Pública en medio de la operación Perseo, que busca el control del cañón del Micay, donde también se registra esta actividad a mano de las disidencias.

El director de Carabineros le dijo a EL TIEMPO que en lo corrido de este 2024 se logró la “intervención de más de 5.000 minas ilegales, la destrucción de 304 excavadoras y retroexcavadoras, 240 dragas tipo buzo y dragón”, lo que se traduce en una millonaria afectación a las redes que se nutren de la extracción ilegal de minerales. También se incautaron 145 retroexcavadoras, 323 dragas, 974 motores, 262 kilos de mercurio y gran cantidad de gasolina y AM.

Esta semana, la procuradora Margarita Cabello Blanco declaró su preocupación ante el alarmante aumento del 223,52 por ciento en la deforestación de la Amazonía, comparado con el mismo periodo de 2023, según cifras del Ideam.

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Para Cabello Blanco, este incremento, registrado en los boletines trimestrales, refleja un panorama crítico agravado por la expansión de actividades ilegales como narcotráfico, minería ilegal y acaparamiento de tierras, muchas veces impulsadas por presencia de grupos armados. “Desde el 2001, con excepción del año 2023, se han reportado pérdidas de bosque por encima de las 110.000 hectáreas anuales. Según las estimaciones actuales, este año nuevamente se superarán las 100.000 hectáreas deforestadas”, advirtió.

En las regiones, muchas veces con la hostilidad de comunidades enteras instrumentalizadas por actores armados, la Fuerza Pública está dando pelea contra la minería criminal. Pero en otro frente clave no hay mayores avances: el de las investigaciones judiciales para dar con las redes que lavan y sacan del país, a través de sofisticadas maniobras, el oro cuya fiebre sigue arrasando miles de kilómetros cuadrados cada año.

El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali es uno de los puntos más críticos de Colombia en lo que respecta a la minería ilegal. El oro extraído en las minas ubicadas en esta zona representaba, según las autoridades, el combustible para el funcionamiento de grupos armados ilegales y bandas criminales en el suroccidente del país.

Es por eso que la Alcaldía y la Fuerza Pública llevaron a cabo durante el último fin de semana de noviembre una de las operaciones definitivas para cerrar algunas de las minas más grandes de la zona (‘El Feo’, ‘El Pataqueso’ y ‘El Paisa’).

Álvaro Pretel, subsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, contó que los últimos tres meses han adelantado con intensidad el cierre de diferentes minas ilegales de oro, por el deterioro ambiental al que estaba sometido el parque natural y el peligro en el que se encontraba el recurso hídrico de los caleños.

El mayor Gustavo Escobar, comandante del grupo de Operaciones Especiales contra la explotación ilícita de minerales número 4, explicó que antes de la implosión, primero verifican que en el interior de las bocaminas no se encuentren personas. Han hallado motobombas, taladros, granuladores y demás artículos empleados para la minería ilegal.

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La última mina en cerrarse fue ‘El Paisa’, para la cual fueron necesarias varias semanas para limpiarla y, posteriormente, destruirla con explosiones controladas.

Andrés Mauricio Portilla, jefe de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana, explicó que emplearon explosivos tipo anfo e indugel, a través de una técnica que permite desmantelar de manera controlada el macizo rocoso.

Un megaoperativo del Ejército, la Policía y la Fiscalía en el municipio de California, Santander, tras meses de investigación, condujo al hallazgo de cinco bocaminas subterráneas en las que se realizaba la explotación ilegal de minas.

En zonas aledañas al páramo de Santurbán, ecosistema vital para la prestación del servicio de agua en la región, se hallaron 1.130 gramos de mercurio. Solo un gramo de este metal tiene la capacidad de contaminar 600.000 litros de agua.

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El general José James Roa, director de Carabineros y proyección ambiental encargado, relató que este operativo afectó las finanzas criminales de la minería ilícita, y se logró proteger  la seguridad humana y salud pública: “Se procedió a verificar la profundidad y las condiciones de seguridad de esos puntos en la planeación, básicamente, de los procedimientos de inversión. Es preciso indicar que las bocaminas fueron verificadas y corresponden a un proyecto minero con una empresa que ya tenía una autorización en el pasado”.

Ante la magnitud del daño que se evitó en ese lugar, estas bocaminas fueron entregadas a la Agencia Nacional de Minería por finalización de actividades de exploración y explotación de minerales. El general dio a conocer que se evitó la contaminación del sur de Santander, que equivale a 48 municipios.

Se presume que estas cinco bocatomas estaban operando desde hace  seis meses  a un año en California. Con este operativo, según el general, también se cuidó y se preservó el agua pura de 33 municipios de Norte de Santander y 15 municipios que corresponden al departamento de Santander.

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REDACCIÓN JUSTICIA Y NACIÓN