La extradición, ante una prueba de fuego

En los últimos 25 años, 3.396 personas han sido extraditadas por Colombia; de ellas, 3.058 era connacionales enviados a otros países para que respondan allí por diversos delitos, en su mayoría relacionados con droga; y en este mismo periodo, el país al que más colombianos se han enviado es Estados Unidos, a donde han ido a parar 2.574 personas.

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Por la gran cantidad de colombianos que son solicitados casi que a diario por las autoridades de Estados Unidos y por ser esa nación, a la vez, el principal socio de Colombia contra el narcotráfico y el destino de la mayor parte de los cargamentos de droga, resultó relevante que la idea del presidente Gustavo Petro de hacer cambios a esa herramienta en la lucha contra el delito fuera socializada esta semana ante representantes de la Casa Blanca de visita en Bogotá.

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“Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos; narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita”, dijo Petro.

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La propuesta del Gobierno generó de inmediato un intenso debate sobre la conveniencia de limitar la extradición, que tiene una larga tradición en el país, a partir de acuerdos internacionales, como una de las herramientas más eficaces en la lucha contra los carteles del narcotráfico.

Estados Unidos respondió, en una rueda de prensa en Bogotá con funcionarios encargados del tema antinarcóticos, que esto es algo que “el Departamento de Justicia debe discutir”, que continuarán “negociándolo y discutiéndolo con el nuevo Gobierno” y que aunque la extradición es importante, no es la única opción para enfrentar este flagelo.

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¿Podría el tema en el futuro afectar las relaciones entre las dos naciones? Expertos consultados coinciden en que la reforma plantea retos para las istraciones y sistemas judiciales de los dos países en asuntos de cooperación judicial y persecución de bienes.

El exvicefiscal general Francisco Sintura sostuvo que ante ese escenario se debe fortalecer a la Fiscalía y la Policía para garantizar que puedan identificar a quien incumpla su palabra.

“El beneficio debe estar condicionado y las autoridades deben tener las capacidades para detectar a quien no está diciendo toda la verdad o no está entregando todos los bienes. Y a esa persona se le debe revocar el beneficio y aplicarle la totalidad de la pena y agravada”, dijo Sintura.

Otra cara de la discusión es si la justicia colombiana y sobre todo el sistema carcelario estarían preparados para procesar a los narcotraficantes que no serían extraditados y frenar sus vínculo ilegales. Javier Zapata, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que Colombia tiene que poder procesar en su territorio a las personas y descubrir la verdad aquí, antes que en otro país, pero indicó que para ello es necesario fortalecer la justicia y garantizar que sea independiente, imparcial y objetiva.

Añadió que para ello se requiere una reforma que permita realmente cortar la comunicación o control que desde prisión puedan seguir teniendo procesados o condenados por estos delitos. “Todo está sobrediagnosticado, pero ni los centros carcelarios, ni los ministros de justicia ni los jueces han hecho algo para frenar que desde las cárceles se siga delinquiendo”, dijo

El asunto es de la mayor relevancia si se tiene en cuenta que los narcos estarían en prisiones bajo el control del Inpec que ha sido cuestionado por graves hechos de corrupción y sobre el que incluso se han hecho propuesta de liquidación.

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En esto último estuvo de acuerdo el general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía y exvicepresidente de la República, quien señaló que un cambio como el propuesto debe estar “acompañado de ajustes en el sistema penitenciario porque la extradición ha sido una herramienta que rompe con el mando y control de las organizaciones criminales; y como están hoy las cárceles, podrían terminar siendo centros de control de estos delitos”.

El abogado Juan Carlos Restrepo, exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), cuestionó la propuesta del Gobierno, pero señaló que ante esa posibilidad existe un andamiaje que funciona para el manejo de los bienes y se debe garantizar que los controles realmente lleven a que el narco pierda el control de sus propiedades.

“Esto resulta ingenuo porque van a entregar cualquier cosa y van a intentar ocultar sus bienes más valiosos para disfrutarlos después de pagar la pena”, dijo.

El exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño añadió que la extradición es una herramienta de cooperación judicial que establece una posibilidad, pero no una obligación.

“La posibilidad no implica que cada Estado pierda la soberanía de su decisión en materia de extradición, cada país conserva su independencia”, dijo, e indicó que por eso mismo el país no está expuesto a ningún tipo de sanción porque no hay un incumplimiento de los tratados. “Pueden producirse tensiones de carácter político que deben manejar el jefe de Estado y la Cancillería en el plano de la diplomacia con otros países para explicar claramente los alcances del nuevo enfoque propuesto”, advirtió.

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“La extradición siempre se ha hecho bajo la premisa de que el Presidente tiene la facultad discrecional de aprobar o improbar las extradiciones; en ese sentido, esta propuesta no es nueva; en su momento lo usaron Belisario Betancur y César Gaviria, también Uribe en el proceso con los paramilitares, no es algo nuevo”, dijo el general (r) Naranjo.

En todo caso, los analistas consultados señalaron que es mejor negocio una fórmula concertada con las autoridades de Estados Unidos.

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Esto porque ya en ese país hay voces muy críticas. El senador Marco Rubio resaltó una declaración que dio hace un mes en la que dijo que había que “oponerse enérgicamente a cualquier intento de cambiar nuestro acuerdo de extradición”.

Y el también senador Ted Cruz ya había anunciado incluso su intención de presentar un proyecto para restringir ayuda a Colombia si el gobierno Petro tomaba decisiones que afectaran los esfuerzos antinarcóticos.

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A las críticas se sumó el partido Centro Democrático, que dijo que los anuncios del Gobierno “dejan un enorme manto de duda sobre la manera en la que se va a desarrollar la lucha contra las drogas y la ilegalidad”.

El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández señaló que la Ley 27/80, “aprobatoria del Tratado de Extradición entre Colombia y U.S.A., fue declarada inexequible en 1986 por la Corte Suprema. Hoy es discrecional del Presidente de la República, previo concepto de la Corte, decidir a quién extradita y a quién no”.

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En efecto, en particular con Estados Unidos, Colombia tiene un tratado de extradición vigente desde 1982 y, a pesar de la caída de la ley, esto no afecta su vigencia internacional, pues ninguno de los dos Estados ha procedido a su denuncia, como señaló el Consejo de Estado en un auto de 1988.

Aunque por ahora esto es solo una propuesta del Ejecutivo y no un hecho cumplido, la idea no ha dejado de generar polémica, sobre todo porque antes de este anuncio, el Presidente ya tenía en su despacho su primera ‘papa caliente’ en materia de extradición: Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, que el mismo Petro incluyó en la lista al Congreso, aunque luego se distanció de ella.

El hombre fue capturado a comienzos de febrero y pedido por EE. UU. por narcotráfico, y aunque la Corte Suprema ya dio luz verde a su extradición, la decisión ahora está en manos del Gobierno, que aún no se pronuncia sobre el tema.

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Expertos en política criminal señalaron que de fondo los dos países se deben detener a evaluar conjuntamente si la extradición ha sido útil para desmantelar las redes criminales.

Esto porque tras el envío de los narcos a Estados Unidos los poderes en las organizaciones se reciclan y siguen funcionando, y porque cada vez es mas común que negocien en el exterior y regresen muy rápido al país.

Añadieron que bien ante la justicia de Colombia o de Estados Unidos lo clave es que quien negocie entregue sus rutas, declare contra sus socios y pierda su fortuna conseguida ilegalmente.

El debate, en todo caso, apenas se abrió. Hace falta que el Gobierno explique de fondo su propuesta, algo que no ha salido a hacer ni el presidente Petro ni su ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Esta por verse también qué pasará con la política de lucha contra las drogas a la que el Ejecutivo ha puesto ya varios frenos, pues además del eventual cambio a la extradición tampoco se revivirán las aspersiones aéreas con glifosato y solo se erradicará coca forzosamente en donde no se logren acuerdos de sustitución voluntaria, algo que ha avanzado a paso lento en los últimos años.

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