Alerta inminente en municipio de Nariño por disputa territorial entre disidencias

La disputa entre grupos armados ilegales en Olaya Herrera, Nariño, por el control de las rutas del narcotráfico, la movilización de tropas, el desarrollo de la minería ilegal y el tráfico de armas, tiene en inminente riesgo a la población civil, que se ve afectada por los enfrentamientos entre grupos ilegales.

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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en ese municipio existe una alta posibilidad de intensificación de las confrontaciones armadas entre facciones disidentes de las Farc, por lo cual se emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 002 de 2024.

En el territorio la disputa es entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de la disidencia ‘Estado Mayor Central’ y el Bloque Occidental Alfonso Cano, perteneciente a la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’, subordinada a la ‘Segunda Marquetalia’.

“Los combates y otros hechos de violencia que de ellos podrían derivarse desencadenarían en graves afectaciones a la vida, integridad y libertad, o en probables infracciones al derecho internacional humanitario”, expuso el defensor Carlos Camargo Assis.

Las posibles afectaciones a civiles se focalizarían en los barrios La Pista, La Isla, El Camino, El Comercio, El Caguán, El Natal, La Virgen, La Playita, Llano Verde, Nueva Esperanza III y El Polideportivo, así como en las veredas que forman parte de los consejos comunitarios Gualmar, Río Satinga y Río Sanquianga y en los resguardos indígenas La Floresta, Bacao Turbio y Sanquianguita.

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También en las veredas El Cedro, La Laguna, Sajal, Caserío Aragón, Alto Merizalde y Guabillales se vienen presentando enfrentamientos entre los mismos grupos disidentes de las Farc, y entre estos y las Fuerzas Militares.

Además del riesgo por esos combates, la alerta temprana de la Defensoría también señala que existen formas de control y violencia basadas en género sobre mujeres afrodescendientes, quienes son obligadas a realizar trabajos domésticos para integrantes de grupos ilegales.

“Retenes ilegales, el cobro de extorsiones, la verificación de horarios estrictos de entrada y salida de las veredas y del tránsito por el río de la zona y el casco urbano son algunas de las conductas ilegales de las que están siendo víctimas los pobladores. De manera que urge la actuación de las autoridades civiles y la Policía Nacional, cuya finalidad sea la protección de las familias que habitan en Olaya Herrera y sus alrededores”, sostuvo Camargo.

Las conductas, dice la Defensoría, podrían agravarse, dificultando aún más la asistencia y atención humanitaria que prestan los funcionarios de los entes locales y los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo cual pone en riesgo su vida, integridad, libertad y seguridad.

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“Es urgente poner en marcha una labor completa de prevención y atención a las comunidades, ante las acciones violentas de los grupos armados ilegales, y darle prioridad a un trabajo de desminado”, concluyó la Defensoría del Pueblo mediante un comunicado de prensa.