'Se está utilizando la privación de mi libertad como instrumento de presión': general (r) Mauricio Santoyo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que rechazó un recurso de habeas corpus presentado por el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y excomandante del Gaula en Antioquia entre los años 1997 y 2001.

Santoyo asegura que se ha prolongado ilícitamente la privación de su libertad en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- por un proceso que cursa en su contra por los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. 

El oficial en retiro, condenado en 2012 en los Estados Unidos a 13 años de cárcel y al pago de una multa de US$125.000 por sus nexos con paramilitares y narcotraficantes, presentó un habeas corpus en marzo de este año luego de haber sido notificado por la JEP de la apertura de un incidente en el que evaluarían su eventual expulsión por no hacer aportes plenos sobre la verdad del conflicto. 

Santoyo alegó en dicho recurso que "la privación de su libertad se ha prolongado de manera ilícita porque la JEP, a través de decisiones proferidas por sus diversas Subsalas, le ha negado el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada pese a que objetivamente cumple con los requisitos para acceder a ella".

(Lea también: General (r) Mauricio Santoyo, con un pie por fuera de la JEP: le abrieron incidente por no aportar a la verdad)

También indicó que han pasado más de 5 años desde que la Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de desaparición forzada, por la investigación que cursa en su contra por la desaparición de los defensores antioqueños Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, y que, en ese sentido, se ha superado el plazo razonable para definir su situación jurídica.

También alegó que la privación de su libertad se ha usado como un "método de presión y amedrentamiento" cuando él ha aclarado que su intención nunca ha sido aceptar los cargos por las desapariciones de los líderes Monsalve y Quintero, ocurrida desde el 6 de octubre del año 2000. 

"Es la muestra más fehaciente de que se está utilizando mi privación de libertad como herramienta o instrumento de presión para que renuncie a mis derechos fundamentales a no autoincriminarme, a la presunción de inocencia y a un juicio justo con observancia de la plenitud de las formas", indica el habeas corpus de Santoyo.

El oficial (r) también alegó que la JEP no ha sido ecuánime en su caso. "Se ha acudido a todo mecanismo diferente a enviar mi caso a que sea enfrentado y resuelto por un juez imparcial con sustento en la valoración de las pruebas y la congruencia típica de los cargos que se me enrostren: se está impidiendo, incluso, el aporte de pruebas para defender mi inocencia como ha sido mi deseo", agregó.

La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Fernando León Bolaños, indicó que "no se evidencia la existencia de una privación o prolongación ilegal de la libertad" en el caso de Santoyo pues su detención, desde el 2019, "tiene origen en una decisión de autoridad judicial competente".

Las salas de la JEP le han informado a la Corte que le han negado la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Santoyo porque no ha acreditado el cumplimiento de su deber "de contribuir a los derechos de las víctimas, verdad, no repetición, reparación inmaterial de las víctimas, así como también atender a todos y cada uno de los requerimientos efectuados por los distintos órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición".

La Corte también aseguró que las decisiones de la JEP no han sido arbitrarias y que "lo que se observa es que el interesado pretende instrumentalizar el habeas corpus para obtener un pronunciamiento acorde con su particular pretensión, situación que desnaturaliza el actual trámite constitucional, como si se tratara de una tercera instancia".

(Lea también: General (r) Mauricio Santoyo va a juicio por caso de defensores de derechos humanos desaparecidos forzosamente en Medellín)

"La privación de su libertad es consecuencia de una decisión legítima (...) la autoridad que conoce de su asunto ha venido dando cumplimiento al procedimiento especial al que voluntariamente se sometió, por lo que no es viable en este asunto que el juez de habeas corpus sustituya al funcionario judicial competente para resolver situaciones propias relacionadas con la libertad del implicado, esto es, en el ámbito de la Justicia Especial para la Paz", agrega la Corte Suprema.

Santoyo está privado de la libertad en Colombia desde el 7 de mayo de 2019 en el Centro de Reclusión Especial Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro en el norte de Bogotá. Quedó preso tras regresar al país de purgar su condena en los Estados Unidos.

Desde 2021, año en que fue itido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Santoyo ha venido solicitando que le concedan el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, pero siempre le han cerrado las puertas en la cara. En mayo del año pasado le negaron la libertad advirtiendo que ha incumplido sus compromisos con el sistema y que sus aportes a la verdad han sido insuficientes. Este marzo la JEP reafirmó que sus dichos han sido "insuficientes y negacionistas".

El 25 de septiembre de 2024, la Fiscalía 56 de la Dirección Especializada contra violaciones a los Derechos Humanos acusó a Santoyo por la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), ocurrida desde el 6 de octubre del año 2000. Santoyo fue vinculado al caso por su antigua comandancia en el Gaula y por sus alianzas con paramilitares para cometer múltiples crímenes para dicha época. 

(Lea también: JEP niega libertad al general (r) Mauricio Santoyo)

Como quiera que se declaró inocente y que aseguró que no participó de dicha desaparición pues para la época de los hechos, dice, ejerció funciones istrativas en Bogotá “sin ningún rol operativo", la JEP le abrió un incidente para verificar si lo expulsa del sistema. Mientras eso se decide, por ahora, seguirá preso.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]