La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar a tres congresistas por el escándalo de supuesto robo de los recursos del recursos del Órgano Colegiado de istración y Decisión, OCAD Paz, para sacar adelante proyectos e inversiones para la paz.
Se trata de Wadith Manzur, Yamil Arana y Alfredo Ape Cuello.
El caso está en manos de la magistrada Cristina Lombana quien, además, citó a dar su testimonio al exconsejero para la estabilización y consolidación Emilio Archila.
La diligencia será de manera presencial el primero de agosto en horas de la tarde. Archila ya fue escuchado por este mismo caso en la Fiscalía General de la Nación.
Las denuncias de presunta corrupción con la plata de los proyectos de la paz llegaron hace alrededor de un año a Archila, y advertían sobre la supuesta existencia de un entramado en el que varios funcionarios cobraban un porcentaje del valor de los proyectos para incidir en su trámite.
Archila le dijo a este diario que recibió varias denuncias en las que se mencionaban ese tipo de cobros y se hacían señalamientos directos a algunos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación.
“Cada una de esas denuncias que recibí las trasladé a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que las investigaran. Y pedí que los funcionarios mencionados fueran reemplazados o supervisados en sus funciones relacionadas con el Ocad Paz”, indicó Archila.
En las denuncias se hacía referencia a Álvaro Ávila Silva, secretario técnico del Ocad Paz como uno de las personas vinculadas a las irregularidades y luego se conocieron menciones sobre los contralores delegados para el posconflicto Juan Carlos Gualdrón y de regalías, Aníbal Quiroz.
Las coimas, según las denuncias, eran exigidas a alcaldes para lograr que avanzaran en el trámite para la aprobación de las obras que llevarían a sus municipios.
Este caso también es investigado por la Procuraduría General que adelanta 24 casos por presuntas irregularidades disciplinarias de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos en proyectos, por cerca de 250.000 millones de pesos.
Se trata de proyectos ubicados en municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
"El Grupo Especial de Seguimiento al SGR de la Procuraduría priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD – Paz, por más de 437.000 millones de pesos, y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias", dijo la entidad.
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