El caso de Bernardo Moreno y los largos tiempos de la Corte Suprema

Recientes noticias de primera plana sirven para recordarle al país uno de los principales problemas de nuestra istración de justicia: la casi macondiana tardanza que signa la gran mayoría de los procesos judiciales.

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El pasado 21 de agosto, Bernardo Moreno, exsecretario de Casa de Nariño en el gobierno Uribe, quedó preso por orden de la Corte Suprema de Justicia: va a pagar una condena de poco más de 5 años por su participación en el escándalo de los sobornos que recibieron los excongresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para apoyar el proyecto que revivió la reelección.

El vaso se puede mirar medio lleno y conformarse con una nueva demostración de que, sin importar la posición o el poder que llegó a tener el procesado, la justicia terminó dictando una condena en su contra (la segunda en el caso de Moreno, pues ya había pagado ocho años por el caso de las ‘chuzadas’ a la Corte Suprema). Pero cuando se mira el asunto en perspectiva, la lectura cambia: Bernardo Moreno fue condenado por un escándalo que va a cumplir ya 20 años. 

Casi dos décadas le tomó a la justicia dictar sentencia en un caso por el que otros de los implicados ya cumplieron condena y recuperaron su libertad hace rato.

La tardanza en los procesos penales que se adelantan en la Corte Suprema es un lastre que no se ha podido solucionar a pesar de que desde hace ya seis años, por cuenta de las reformas ordenadas por la Corte Constitucional para garantizar la doble instancia de los aforados, muchos de los procesos que antes sobrecargaban a los nueve magistrados de la Sala Penal quedaron en manos de las nuevas Salas de Instrucción y Primera Instancia, que tienen seis y tres magistrados, respectivamente.

La justicia que se demora incluso décadas no solo golpea la confianza del ciudadano.

 También afecta garantías de los procesados, que tienen derecho a que cuanto antes se resuelva su situación judicial, sea cual sea el fallo, y a no cargar por tan extensos periodos el inri de un señalamiento penal.

Mucho más por el perfil de sus procesados –que son congresistas, ministros, gobernadores e incluso exmagistrados cuyos casos surtieron ya el trámite de la Comisión de Acusación– el país espera de la Corte mayor celeridad. Casos como el del hoy alcalde de Sincelejo, Yahír Acuña, o el embajador Armando Benedetti, con investigaciones que se iniciaron hace una década o más, o el del polémico exmagistrado Leonidas Bustos (que desde el 2018 aparece señalado como el cerebro del ‘cartel de la toga’) exigen que esa exótica llave de decisiones en derecho y eficiencia judicial empiece a verse con mayor frecuencia en el país.

Y no es un problema solo de la Corte. Desde los juzgados que se tardan meses para ordenar embargos o desembargos en los casos de miles de colombianos ‘colgados’ con alguna deuda hasta polémicas libertades e incluso absoluciones, el ominoso peso de la mora judicial desequilibra todo el sistema.

Lograr mayor eficiencia de los servidores judiciales en todos los niveles es una necesidad para el país. Y lo es también blindar el sistema de las trampas y dilaciones que terminan generando impunidad y afectando la eficiencia judicial. En la reciente absolución por homicidio y financiación de organizaciones criminales que favoreció a Alfonso ‘el Turco Hilsaca’, ya apelada por la Fiscalía, el juez del caso pidió a la Comisión de Disciplina Judicial investigar las que considera maniobras dilatorias que llevaron a que ‘el Turco’ y los otros procesados se salvaran por preclusión del cargo de concierto para delinquir. Pasaron más de 9 años desde las primeras audiencias de un proceso por un homicidio ocurrido cinco años antes (en el 2009) para que hubiera sentencia. 

Y cuando llegó ese momento, el juez encontró que uno de los cargos penales en contra del polémico empresario ya no podía tenerse en cuenta porque a la justicia se le pasaron los tiempos.

JHON TORRES

Editor de mesa central

En X: @JhonTorresET