El giro que dio un caso de tortura y venganza por el crimen de un policía

El 21 de noviembre de 2009 a orillas del río Cauca, en zona despoblada de Palmira, fue encontrado flotando, el cuerpo de una persona envuelta en sábanas al interior de una bolsa negra. Aunque estaba en estado de descomposición, la necropsia determinó que tenía 20 heridas de arma blanca y que su cuello estaba atado con alambre dulce.

(Lea: Impedir a personas LGBTI donar sangre es discriminatorio: Corte)

La persona que fue asesinada unos seis días antes de su hallazgo, según la Fiscalía, era Hámilton Colorado Agudelo, quien había salido de prisión unas semanas antes, vinculado por el homicidio del patrullero de la Policía Henry Alberto Rico Viviescas, perpetrado el 15 de enero de 2009 en medio de un atraco en el que su moto fue hurtada.

La moto era propiedad de Elena Ferro Alzate, entonces compañera sentimental del patrullero Rico Viviescas. La mujer, según la acusación de la Fiscalía, fue quien buscó a Diego Edison Londoño Gómez para torturar y asesinar a Colorado, como una venganza. En la planeación de los hechos habría participado su nueva pareja sentimental José Guillermo Núñez Muñoz.

Londoño Gómez, confeso asesino, indicó que, para lograrlo, llegaron hasta la mujer con quien Hamilton Colorado tenía una relación sentimental. Ella le habría dado una mezcla de licor y escopolamina que permitió someter al hombre. Y, según los testigos, la pista para llegar a Colorado empezó en la misma cárcel desde donde le hicieron “inteligencia”.

(Lea: Niegan medida que pedía ordenar a Duque no opinar sobre elecciones)

El 31 de octubre de 2009, cuando ya Colorado estaba fuera de la cárcel, la mujer, conocida como ‘la india’ intentó buscarlo. Y, como al parecer ‘la india’ “se estaba echando para atrás”, se habría acordado llevarse a la hija de la mujer para que no pudiera hacerlo y garantizar que cumpliera lo acordado.

“Sí, nosotros con la niña la podemos manipular”, fueron las palabras que Ferro le habría dicho a los testigos. Una vez doblegado Colorado, este fue atado de pies y manos y por el cuello, y fue sometido a diversos actos de tortura.

“Lo amarraban en las manos y en la nuca y ya después de someterlo ya le empezamos a dar golpes con un martillo y un cincel (…) Le daban golpes en la barriga para hacerle perder aire, para que así no pudiera gritar y yo lo torturaba por los lados de las costillas con una navaja, con una puñaleta”, dijo Londoño Gómez.

(Lea: Las reglas para que menores venezolanos en abandono tengan la nacionalidad)

“Cuando salimos de ahí, la doctora Elena me ayudó a lavarme las manos porque las tenía ensangretadas”, agregó el testigo quien dijo que Ferro, a quien llamaban ‘la Doctora’, estuvo presente en el lugar y hasta habría ayudado a limpiar la casa en donde todo ocurrió.

Por los hechos, Elena Ferro (expareja del policía asesinado) y su nueva pareja José Guillermo Núñez fueron procesados por los delitos de homicidio agravado y tortura y fueron condenados el 13 de junio de 2018 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cali a 36 años de prisión. Esa decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de esa ciudad el 11 de octubre de 2019.

Contra esa decisión, Ferro presentó un recurso de casación, que es de carácter extraordinario, y en el cual se alegan supuestos errores probatorios en los que habrían incurrido tanto la Fiscalía como los jueces que la condenaron. Ese recurso está en manos de la Corte Suprema de Justicia que debe definir si hay algún motivo para revocar la condena, como pretende la mujer, o si la ratifica.

La defensa de Elena Ferro, adelantada por el prestigioso abogado Álvaro Rolando Pérez asegura que en la acusación de la Fiscalía no se hicieron de manera expresa las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde supuestamente se hizo la contratación del asesino. “La acusación está fincada en un testigo único, quien refiere hechos abiertos, sin concreción alguna y dispersando o atomizando la labor defensiva”, dijo.

(Lea: Contratos tercerizados no pueden evadir deberes con empleadas embarazadas)

“Ahora bien, igual sucede con la presunta intervención del testigo único Diego Édinson Londoño Gómez, quien durante las entrevistas que rindió no aportó una fecha clara y concreta del día de los acontecimientos factuales, como tampoco logró exponer el lugar en dónde los produjo, por cuanto refiere no recordar esas pequeñas incidencias, cuando, con estos se estructuran los hechos jurídicamente relevantes”, agregó el jurista que cuestionó también la calidad en que la mujer fue procesada pues aunque en la acusación se dijo que fue quien ordenó todo, esta fue condenada como coautora del terrible crimen.

La defensa de Ferro dijo que en el caso se habrían presentado múltiples errores, que no se habría establecido cuando ocurrieron los hechos ni como la mujer habría participado en el mismo, así como que con los testigos y en el proceso quedaron hechos “sin concretar, tergiversados e inexactos”.

Y solicitó la absolución de la mujer al señalar que no hay claridad sobre qué pasó, qué día pasó y por qué Ferro habría contratado a una persona para comer tales crímenes a una persona quien perdió uno de sus brazos mucho antes.

(Lea: Pensión convencional: cumplidos criterios, empresa puede darla y despedirlo)

“Aun hoy, después de más de un lustro de la primera versión de Diego Édinson Londoño Gómez, no sabemos ni dónde, ni cómo Elena Ferro Alzate le contrató para semejante crimen, ni mucho menos el por qué para esa delicada tarea contrataron a un discapacitado físico, pues no puede olvidarse que alias 'el mocho' sufrió la amputación de un brazo antes de los hechos investigados”, indicó la defensa que cuestionó repetidamente al testigo.

En concepto enviado a la Corte en poder de EL TIEMPO, la Procuraduría pidió desestimar estos argumentos al indicar que ese testimonio, más un cúmulo de pruebas, fueron los que llevaron a la Fiscalía a acusar a los procesados.

Entre estas, está el testimonio de dos personas más que participaron en el crimen que fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Superior Cali al dictar sentencia y precisar que todo se trató de una venganza.

“Diego Edison Londoño es el autor material del homicidio, en el juicio oral relató cómo se ejecutaron los hechos, señaló a Elena Ferro Álzate como la autora intelectual del delito, la defensa no pudo desacreditar la versión que rindió el testigo por cuanto fue consistente en informar como se ejecutó el crimen. Por lo tanto, no hay duda de que informó lo que vio y el aporte hecho en la materialización de los delitos ya denunciados”, dijo la Procuraduría.

(Lea: Armando Benedetti y Musa Besaile, citados a versión libre por caso Fonade)

La entidad agregó que los “alegatos planteados se asemejan a uno de instancia, en que con criterios subjetivos pretenden reabrir un debate agotado en los despachos judiciales".

Pero la Fiscalía, quien fue la que inicialmente llevó a la mujer a juicio, le pidió a la Corte Suprema de Justicia revocar la condena al indicar que se le violaron sus derechos fundamentales al debido proceso porque supuestamente, esa entidad, no logró probar el rol de coautor que le endilgó en la acusación.

“La Fiscalía no determinó de manera clara cuáles fueron las conductas realizadas por Elena Ferro Álzate y José Guillermo Núñez Muñoz pues si bien fácticamente los acusó por contratar a Diego Londoño (…), en la calificación jurídica los catalogó como coautores de los delitos de homicidio agravado y tortura”, dijo Mónica Jiménez Granados, fiscal Quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la fiscal delegada, esa entidad no logró precisar cuándo Ferro y Muñoz aron a los ejecutores del plan, ni cómo, ni dónde, ni a cambio de qué, ni “cuáles fueron los compromisos de la pareja con el ejecutor”.

(Lea: Corte ordena a EPS dar pañales que le había negado a joven con discapacidad)

“Si bien se probó que la señora Elena Fierro lo contrató para ultimar al exconvicto, no fueron claras las circunstancias de tiempo modo y lugar bajo las cuales pasó de ser determinadora o coautora (…) La descripción fáctica carece de la información del porqué la señora Ferro aparece en el inmueble escogido para la ejecución del delito. Tampoco quién fue el responsable de buscar el inmueble y sin en ello tuvo participación dicha señora”, dijo.

Incluso, la fiscal delegada señaló que “no es claro el relato (que entonces hizo la Fiscalía) sobre el objetivo de la tortura” porque si lo que querían era obtener información, no era lógico poner a la víctima “en estado de enajenación al suministrarle escopolamina”.

(Lea: Servicio militar: niegan reparos de Mindefensa a fallo que exoneró a afros)

Y señaló que la entidad tampoco expuso los actos concretos desplegados por Ferro “previos, concomitantes (en ese inmueble) y posteriores para el transporte y ubicación del cadáver en el río Cauca”.

@JusticiaET