‘Estamos investigando a la Comisión de Acusación por presunta demora en un proceso contra el presidente Petro’

El magistrado y actual presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao, en entrevista con EL TIEMPO, reveló que la corporación abrió una investigación preliminar a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presunta dilación en un procesos contra el presidente Gustavo Petro.

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Explicó los alcances de esta indagación y la etapa en la que se encuentra. También contó los avances que ha tenido al frente de la alta Corte, y un proceso que lleva la corporación relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

La representación para mí ha sido muy honrosa y ha implicado un compromiso grande. Hemos celebrados dos salas por fuera de la ciudad, inauguramos dos sedes nuevas (Bucaramanga y Villavicencio), se han realizado jornadas pedagógicas en varias ciudades, por lo que podemos decir que hay un balance positivo en lo educativo y preventivo frente a la lucha contra la corrupción en los temas disciplinarios dentro de la Rama Judicial. Obtuvimos en este primer semestre dos certificaciones de calidad: se renovaron la certificación antisoborno y anticorrupción en la Comisión Nacional.

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Hemos hecho una modificación en la página web de la Comisión que nos permite entregar certificados en tiempo récord a las personas sobre dos clases de procesos: el primero sobre las sanciones vigentes a los abogados litigantes y el segundo sobre los antecedentes disciplinarios. Esta página entró en funcionamiento esta semana y en menos de 36 horas tuvimos un récord de 15.000 consultas. Estos certificados se expedían a petición de los interesados, pero ahora los abogados y los ciudadanos pueden consultar el historial de los más de 400 mil abogados que hay en Colombia. Se puede consultar por tres formatos de búsqueda: por la cédula, el nombre y el número de la tarjeta profesional del abogado.

Hasta el momento tenemos 5.011 sanciones disciplinarias en tres años y medio, esa es una cifra que demuestra un trabajo muy intenso donde hay que practicar pruebas, resolver recursos y proferir decisiones de fondo. De esos 5011, 4.623 han sido para abogados y 388 para funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Solo en este año 2024, a lo largo de 46 Salas Plenas, hemos preferido 998 sanciones de abogados y 17 contra funcionarios, para un total de 1.015 decisiones de fondo. En la actualidad está pendiente resolver 1.732 investigaciones contra abogados y magistrados.

El Presidente (Gustavo Petro) en compañía de sus asesores y de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago nos recibieron a los presidentes de las altas Cortes en un desayuno, cuya característica fue la cordialidad, el mutuo respeto y sobre todo la ponderación de parte de los presidentes de las altas Cortes de la independencia judicial. El Presidente se mostró muy receptivo al diálogo y creo que la agenda de la justicia ocupa un lugar importante en este momento para el Presidente de la República. Hablamos de los temas propios de la justicia y de las competencias de todas las Cortes.

Ese tema no se tocó en ese encuentro.

El Presidente nos mostró con mucho orgullo un lugar que tienen dentro del Palacio, donde hay un museo de García Márquez. En ese lugar tienen obras originales del escritor y otras obras traducidas a diferentes idiomas.

Como tantas veces lo hemos indicado, la Constitución del 1991 es un instrumento suficiente para el manejo de la institucionalidad en Colombia. Nada es perfecto todo es susceptible de ser mejorado, pero no es necesario una modificación constitucional, la Constitución del 91 fue producto de consensos que respetaron las diferencias históricas que ha tenido el país, en lo que seguimos insistiendo es en el cumplimiento de la misma Constitución a través de los mecanismos de los sistemas de pesos y contrapesos que ella contiene, y en el desarrollo de la arquitectura institucional. No somos un país perfecto, hay cosas que se requieren, seguimos teniendo un centralismo excesivo, pero los mecanismos de la Constitución nos permiten resolver esas diferencias, no hay necesidad de cambiar. Ese mito de que cambiando la Constitución cambia la realidad ya lo vivimos en el siglo 19 y hubo cualquier cantidad de constituciones que no resolvieron los problemas. Necesitamos voluntad y cumplimiento.

No, para nada. El debate democrático parte también de la tolerancia frente a las diferencias de las opiniones, la independencia también es respetuosa de las diferentes formas de pensamiento. Sentimos que se expresan las opiniones, pero el respaldo de las mismas es la independencia. Es propio de la naturaleza del debate democrático que las personas puedan expresar opiniones acerca de las decisiones de los jueces.

Es correcto, estamos investigando a la Comisión de Acusación por la presunta demora en un proceso contra el presidente Petro. Ese proceso está a cargo de este despacho (magistrado Cajiao), luego de que un ciudadano presentara una queja a ese respecto. Estamos practicando las pruebas, entre ellas, la ampliación de la versión para poder hacer las constataciones que sean del caso. La queja hace referencia a la investigación que lleva la Comisión de Acusaciones respecto a los topes de la campaña ‘Petro Presidente’. Se investiga desde el punto de vista jurídico a la Comisión de Acusación de la Cámara porque son los jueces naturales del Presidente de la República, en este caso específico por un tema de los topes de la campaña. La Comisión hace la investigación a los congresistas como jueces; más no como parlamentarios. Ya decretamos algunas pruebas, entre ellas, la ampliación de la queja, la cual se tomó el jueves 1 de agosto. Yo no puedo investigar la violación de tope yo lo que investigo es la demora. Este proceso apenas arranca, debo saber cómo va el caso en el Congreso.

Es un tema muy delicado, pero sabemos que este caso está en manos de los órganos competentes -la investigación y el esclarecimiento de los mismos-, de manera que por ahora la prudencia nos llama a esperar las decisiones que han de tomarse.

Como es conocido este magistrado (Alfonso Cajiao) elevó imputación disciplinaria al fiscal Burgos que fue conocida por todo el país y con base en las dinámicas que se manejan a través del Código General disciplinario, una vez que se formula desde la etapa de investigación el pliego de cargos, el expediente pasa a competencia de un segundo magistrado que se encargará de verificar la etapa de juicio. Este caso pasó a manos del magistrado Juan Carlos Granados quien ha continuado con el acontecer procesal propio de la investigación. Cuando la investigación estuvo en nuestras manos no consideramos la posibilidad de retirar al fiscal Burgos de la investigación, porque no había mérito para hacerlo; sin embargo, respetamos la autonomía de la Fiscalía que tomó la decisión de retirarlo del proceso.

No somos los jueces competentes para hacer las investigaciones en relación con esos asuntos, pero saludamos el gesto del Presidente. Lo que debe existir en Colombia es una bandera institucional de lucha contra la corrupción para realizar las investigaciones, sancionar a los que correspondan y aclararle al país todo lo que ha sucedido, porque son hechos sumamente graves.

Así es, se nos compulsaron copias, esto fue repartido hace un par de semanas a uno de nuestros magistrados y estamos iniciando las investigaciones correspondientes dentro de lo que suponen las competencias propias de la Comisión. El caso llegó directamente desde la Corte Suprema de Justicia dada la importancia del tema. Se investiga la conducta de los funcionarios del despacho del magistrado de la Sala de Instrucción Héctor Alarcón Granobles.

Sabemos y compartimos que el eje central de las mismas es el sistema penal y lo relacionado con el sistema penitenciario; son dos temas cruciales para el futuro de la justicia.

Estamos esperando la sanción presidencial de la Reforma a Ley Estatutaria, sabemos que a más tardar la semana entrante el Congreso remitirá ya para su sanción presidencial el texto ajustado, el Presidente tiene por mandato constitucional 20 días para proferir la sanción y una vez que se sancione, tendremos unas facultades extraordinarias para consolidar una unidad especial de investigación, que ya tenemos completamente diseñada. Para nosotros es clave atacar la corrupción que se puede presentar en algunos sectores de la Rama Judicial, desde el punto de vista de la verificación patrimonial de la gente que la integra, es decir, la corrupción tiene un importante contenido de carácter financiero y económico sobre el cual tenemos que poner algunos énfasis cuando empecemos a trabajar en esta nueva etapa. Aspiramos a fin de año tener ya un cuerpo consolidado en concreto.

Existen funciones de policía judicial en algunos órganos en Colombia entre ellos de manera muy importante la Fiscalía General de la Nación con el CTI, la Dijín de la Policía Nacional, y la Procuraduría General de la Nación y algunas otras entidades que también luchan contra la corrupción. Esta independencia nos permite una mayor agilidad, hemos tenido que solicitar auxilios en la Fiscalía y el exceso de trabajo y el volumen que ellos llevan no les permite colaborarnos de una manera más eficiente. Esta autonomía significa poner al servicio las Ciencias Forenses de investigación con obtención de información, documentología, grafología e informática. Esto nos permitirá sintonizarnos tecnológicamente con la forma como la modernidad está desarrollando los sistemas de información para poder tener una lucha eficiente en temas de corrupción.

Ese tema lo hemos discutido ampliamente y lo haríamos centralizado desde Bogotá. Los integrantes de esta oficina se dirigirían a los despachos en comisiones cuando lo necesiten, pero tendríamos un modelo centralizado que resulta un poco más eficiente, porque hay experiencias en el pasado que nos muestran que que es mejor hacerlo directamente desde la Presidencia de la corporación, suministrándole a todas nuestras seccionales el apoyo que se requiere. En la lucha contra la corrupción la Comisión tiene varios puntos prioritarios, el tema del incremento patrimonial injustificado y carteles en el trámite de acciones de tutela en asuntos de salud y de pensiones y en temas de invasión de tierras. La centralización de dichas funciones nos permitiría tener un control más eficiente sobre nuestros propios agentes.

Con ella hablamos de los puntos específicos de la sanción de la ley estatutaria para las funciones de policía judicial, las preocupaciones en torno de los proyectos de reforma a la justicia, en donde se nos dice que debemos esperar los tiempos propios del Congreso y el Ejecutivo. Fue una reunión también caracterizada por la cordialidad y por sobre todo para nosotros es muy satisfactorio ver que desde la Rama Ejecutiva existe muchísima claridad sobre las funciones de la jurisdicción disciplinaria.

Estamos a la espera de la sanción de la ley estatutaria, apenas sea sancionada automáticamente obtendremos el espacio.

El énfasis que ha tenido la Comisión al respecto es reconocer los derechos de las mujeres. El encuentro se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre en la ciudad de Ibagué y lleva por nombre: ‘Voces de justicia, mujeres líderes’. Vamos a tener personajes de la Rama Judicial, mujeres jueces, Procuraduría, Fiscalía, Gobernadora, Alcaldía. Vamos a mostrar el trabajo de las mujeres en la región y su incidencia en la Justicia. 

Redacción Justicia:

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