Duro informe cuestiona alta impunidad en casos de violencia sexual en el conflicto armado

Aunque históricamente el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 35.000 víctimas de violencia sexual, hay una impunidad casi completa en este tipo de hechos y los delitos sexuales siguen teniendo un papel “secundario” en las prioridades de investigación del Estado, señala un informe de seguimiento a tres decisiones de la Corte Constitucional (Auto 092 de 2008, Auto 009 de 2015 y Auto 515 de 2018) que han versado sobre este tipo de hechos y ordenado un especial seguimiento a más de 630 de estos casos.

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El informe fue elaborado por la Mesa de Seguimiento a los Autos 092 y 009, conformada por la Corporación Sisma Mujer, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la Corporación Casa de la Mujer, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas y la Ruta Pacífica de las Mujeres.

La Mesa señala que pese a que han pasado dieciséis años del Auto 092 y nueve del Auto 009, hay una alta impunidad en los más de 600 casos a los que hacen seguimiento y “los modelos y estrategias de investigación y judicialización de la violencia sexual en el conflicto armado han demostrado ser ineficaces”. 

Aunque los datos son parciales, se señala que según la Fiscalía, un 73,6 por ciento de 458 casos reportados en los Autos 092 y 009 no tenía ningún avance de esclarecimiento. En comparación, datos de la Fiscalía sobre delitos sexuales en general, en el periodo del 13 de febrero de 2020 al 12 de febrero del 2023, señalan una tasa de esclarecimiento del 32,96 por ciento.

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Así mismo, se llama la atención sobre el hecho de que es infructuoso que el a la justicia se divida por actor armado, “pues esto ha llevado a una discriminación entre víctimas aun cuando, como lo demuestran los patrones de victimización identificados por la Corte, los hechos victimizantes y sus impactos fueron comunes para todas ellas”.

Otro de los grandes llamados de atención tiene que ver con que en los más de 630 casos identificados, ni la justicia ordinaria ni la transicional “han logrado dar una respuesta efectiva a las víctimas, en tanto el centro ha estado en los perpetradores y no en los hechos victimizantes”.

Sobre los avances en la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió en septiembre del 2023 su macrocaso 011, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio. 

Y en cuando a la justicia ordinaria, el último informe de gestión de la Fiscalía señalaba sobre la judicialización de hechos relacionados con el conflicto armado que entre el 13 de febrero de 2020 y el 12 de febrero de 2023 se imputaron 130.538 hechos a Justicia y Paz, de los cuales 1.969 correspondían a solicitudes de imputación por delitos sexuales.

Más allá de estos avances en la investigación, que en todo caso no han sido suficientes, el informe de seguimiento de la Mesa sostiene que otra de las falencias es que falta un registro confiable, por cuanto no existe una entidad o un registro que dé cuenta de manera unívoca del universo de víctimas y de casos y la disparidad de datos “no solo refleja la baja calidad de la información que emiten las entidades, sino también la falta de articulación y la ineficiencia de las estrategias implementadas para lograrla”.

De otro lado, se cuestiona que existen obstáculos para el a la justicia, que se evidencian desde la “baja voluntad y poca capacidad” de las entidades para entregar información completa, oportuna, confiable y coherente”.

Según el documento, también existe hoy por hoy una falta casi absoluta de articulación entre entidades tanto para el reporte de información completa, como para unir esfuerzos para garantizar de forma integral los derechos de las víctimas.

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“Para la Mesa este es un síntoma de un problema estructural: la falta de políticas para el a la justicia –incluyendo una política criminal que aborde la violencia sexual en el conflicto de manera adecuada-, y la persistente renuncia a elaborar una política integral de derechos para estas víctimas, que no solamente aborde el a la justicia, sino también el a los servicios de salud en condiciones de calidad, la reparación, la atención y la protección”, se lee.

Frente a este tema también se critica que pareciera que hay una “renuncia de facto” de todas las entidades a buscar alternativas para superar el rezago en el que están los casos identificados desde 2008.

Otro hallazgo calificado como muy grave por el informe tiene que ver con que pese a una mayor actividad por parte de entidades como la Fiscalía y la Procuraduría frente a casos de violencia sexual, la impunidad no cesa e incluso se cuestiona que el ente acusador habría concentrado esfuerzos para tener más casos inactivados, archivados, precluidos o con decisiones inhibitorias. Tampoco el Consejo Superior de la Judicatura, se indica, ha cumplido con sus obligaciones de crear un sistema de información articulado con otras entidades del sector justicia, lo cual no ayuda con las carencias sobre tener información confiable.

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También hay un jalón de orejas a la Procuraduría, que, entre otras cosas, no entregó información sobre los procesos disciplinarios en contra de de la Fuerza Pública por hechos de violencia sexual en el conflicto. Y si bien se reconoció la apertura del macrocaso 11 en la JEP para investigar este tipo de casos, el informe dice que esa decisión llegó tarde, con un rezago de más de cinco años.

El informe de la Mesa de Seguimiento concluye con varias recomendaciones a distintas entidades al Estado, por ejemplo, a la Corte Constitucional le piden hacer un seguimiento riguroso a las órdenes de los tres autos y declara que el incumplimiento de las mismas sigue siendo bajo.

Al Gobierno, entre otras cosas, le sugieren crear una política pública integral para la garantía de las mujeres víctimas de violencia sexual, que incluya garantías para el a la justicia. Así mismo, se le pide al Ejecutivo garantizar que los procesos y estrategias que se creen para esto sean replicados de forma adecuada por las entidades territoriales.

En cuanto a las recomendaciones para la Fiscalía, una es que deje de usar el “esclarecimiento” como herramienta para evaluar los avances de la entidad en el a la justicia para las víctimas, y realizar la verificación necesaria para tener información completa sobre el estado de los casos. A la Procuraduría, por su parte, se le recomendó cumplir con su deber de investigar y sancionar a integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido estos casos.

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Una recomendación para la JEP, entre varias, fue crear una política integral, coherente y equitativa para el abordaje de la violencia sexual; a la Unidad de Víctimas se le recomenzó superar el rezado en atención a las víctimas; un llamado a la Defensoría fue a que se articulara con la Fiscalía y la Procuraduría para garantizar una adecuada representación en procesos judiciales para las víctimas.

Así mismo, se sugirió al Ministerio de Salud mejorar el reporte de información sobre el impacto de los delitos sexuales en la salud física, mental u psicosocial de las víctimas y priorizarlas para atención. Y a la Unidad Nacional de Protección se le pidió diseñar un mecanismo para la aplicación de la presunción de riesgos extraordinarios en estos casos.

Luego de abrir su macrocaso 11, en septiembre del año pasado, la JEP se ha concentrado en adelantar labores de investigación e identificación de víctimas, en un primer momento, en el marco de la labor de agrupación, la jurisdicción encontró que entre 1957 y 2016 habría al menos 35.178 víctimas de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio, de todos los actores del conflicto.

Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad, que tiene a cargo este caso, ya identificó a un primer grupo de comparecientes que serán llamados a rendir versión en una primera ronda de diligencias del Caso 11, la mayoría de ellos pertenecen a 20 unidades tácticas del Ejército Nacional, que hacen parte de las divisiones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.

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Por su parte, la Fiscalía reseñó en su último informe de gestión 1.969 solicitudes de imputación por delitos sexuales en Justicia y Paz realizadas en el periodo del 13 de febrero de 2020 al 12 de febrero de 2023. El ente investigador también destacaba en su participación en la fase inicial de la construcción del documento ‘Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de Violencia Sexual con Enfoque de Género’, que busca brindar herramientas para cumplir con los estándares de debida diligencia y fortalecer las capacidades institucionales para la incorporación de la perspectiva de género y enfoque diferencial en la investigación de este tipo de casos, tanto los ocurridos en el marco del conflicto armado, como fuera de él.

Aunque históricamente el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 35.000 víctimas de violencia sexual, hay una impunidad casi completa en este tipo de hechos y los delitos sexuales siguen teniendo un papel “secundario” en las prioridades de investigación del Estado, señala el octavo informe de seguimiento a tres decisiones de la Corte Constitucional (Auto 092 de 2008, Auto 009 de 2015 y Auto 515 de 2018) que han versado sobre este tipo de hechos, y ordenado un especial seguimiento a más de 630 de estos casos.