La batería de pruebas que tiene la Corte Suprema contra congresistas investigados por corrupción en la UNGRD

El capítulo que avanza en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (UNGRD) y que tiene como implicados a cinco excongresistas y un exparlamentario, está tomando forma.

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EL TIEMPO conoció la batería de pruebas que reposan en el expediente, que hace trámite en el despacho del magistrado Misael Rodríguez y que tiene como implicados a los congresistas Wadith Manzur, Andrés Calle, Iván Name, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique, Liliana Bitar y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera.

Este proceso arrancó el pasado 24 de mayo del año pasado, cuando la Sala expidió el auto del inicio de la investigación previa, y siguió con el documento del 27 de julio en el que la Corte le comunicó a los aforados la investigación la cual se materializó el 12 de noviembre, cuando se abrió la instrucción formal. 

Dentro de ese caso, la Corte, como actividades probatorias, tiene en su poder los interrogatorios de Olmedo López junto con una libreta; así como las declaraciones de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y registros de conversaciones, en ambos casos se tienen registros de conversaciones. Estas personas fueron llamadas para que dieran sus testimonios, pero guardaron silencio.

En el inventario de pruebas y testimonios se destacan los testimonios que rindieron Jaime Ramírez Cobo (asesor del Dapre); Diana Carolina Martínez Joya (exsecretaria privada de Olmedo López), José Roberto Acosta Ramos (director de Crédito Público), Luz Stella Campillo Hernández y Lady Nathalie Gómez Acosta (funcionarias de Minhacienda); y Andrea Carolina Ramírez Oliveros, funcionaria de la Función Pública.

Los testigos María Alejandra Benavides Soto y el salpicado en el escándalo Luis Carlos Barreto Gantiva, también guardaron silencio; además, se está tramitando la certificación jurada del presidente Gustavo Petro.

Además, se tienen las declaraciones de Sandra Liliana Ortiz, exconsejera para las Regiones, Luis Fernando Velasco Chaves, exministro del Interior, y Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y del DNI.

Funcionarios de la Corte, dentro de este proceso, realizaron una inspección a la UNGRD, de la cual se obtuvo el expediente contractual de algunos contratistas, así como las hojas de vida de funcionarios del nivel directivo, soportes de los CDP emitidos en los proyectos de Cotorra, Saravena y El Salado en El Carmen de Bolívar y registros de visitantes e ingresos a la entidad.

También se realizó una inspección a la Fiduprevisora en la que se recolectó información de proyectos y contratos, pero una de las inspecciones más relevantes fue la llevada a cabo en la sede del Ministerio de Hacienda. Allí se obtuvo el expediente laboral de funcionarios de la Dirección de Crédito Público y asesores de la Oficina de enlace con el Congreso, registro de visitantes e ingresos a la entidad. Además de las actas y registros de las sesiones de la CI en 2023 (situación particular del registro de la sesión del 15 de diciembre).

Como pruebas anexas se hizo un ‘Back up’ del perfil de de un servidor en el ministerio y expedientes de los contratos que tuvo con la entidad y se recabó el plano topográfico del tercer piso de la entidad (ubicaciones relevantes: despacho del ministro y Oficina de Enlace Legislativo).

Para robustecer el expediente y validar las declaraciones de los declarantes, se ordenaron varias solicitudes de información, entre las que se destacan las realizadas a las Alcaldías (Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar) y a las Gobernaciones de Córdoba, Arauca y Bolívar.

También se desplegaron dos misiones de trabajo, una a la Unidad de Apoyo Investigativo para que elaborara los perfiles de contratistas en los municipios de relevancia, así como los perfiles social, laboral y político de congresistas y sus relaciones con funcionarios de las UTL y funcionarios del nivel territorial con sus respectivos análisis financieros.

Mientras que a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) se le encomendó la extracción de información del celular de Jaime Ramírez Cobo y de Andrea Carolina Ramírez Oliveros (enlace del Minhacienda con el Congreso).

Recordemos que a lo largo de las dos primeras semanas de diciembre del año pasado los congresistas fueron citados a indagatoria, siendo Liliana Esther Bitar Castilla la única que rindió declaraciones y presentó documentos.

Dentro de este proceso también se realizó diligencia de allanamiento y registró a la residencia de Jaime Ramírez Cobo y de María Alejandra Benavides Soto, exsecretaria de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Así como a la residencia de Andrea Carolina Ramírez Oliveros.

Este diario conoció que de las evidencias electrónicas incautadas en los operativos se han emitido órdenes al Laboratorio de Informática Forense de la Dijín para la recuperación y extracción de la información almacenada.

Redacción Justicia