La tutela que pide revelar el detalle de los estudios en derecho que cursó un excontralor general de la República

El vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, le ha pedido al alto tribunal que seleccione una acción de tutela que le pide a la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano que revele la información relacionada con los estudios de pregrado en derecho que cursó el excontralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, con ocasión de un convenio de cooperación que suscribió la universidad con el ente de control fiscal para profesionalizar a sus servidores públicos y a sus familiares.

El 12 de agosto del año 2019 el representante legal del Politécnico, Leonardo Gil Quiñonez, suscribió con la gerente istrativa de la Contraloría, Sandra Patricia Bohórquez, el Convenio de Cooperación Académica 276, en el que ofrecían programas de pregrado y posgrado para los servidores del organismo fiscal y sus familiares, hasta el primer y segundo grado de consanguinidad, incluyendo a cónyuges y compañeros permanentes.

En el convenio se habla de títulos profesionales que se homologan y cursan en máximo cuatro años en las modalidades presencial y virtual. El excontralor general Carlos Felipe Córdoba, quien asumió en el ente de control fiscal el 1 de septiembre de 2018, cursó un pregrado en derecho obteniendo su título en el año 2021 pero explica que no estudió con dicho convenio.

El periodista Juan Pablo Barrientos, fundador del medio de comunicación Casa Macondo, ha perdido en dos instancias una acción de tutela en la que le pide al Politécnico Grancolombiano que revele información sobre las materias que cursó el excontralor, el número de créditos de cada una, su intensidad horaria, si reprobó alguna, si le practicaron exámenes, si los ganó, la identidad de los profesores que lo acompañaron y el número de semestres que cursó.

El Politécnico le respondió al periodista que dicha información versaba sobre datos personales y sobre una historia académica que requieren la “autorización previa, expresa e informada por parte del titular para recolectar y tratar sus datos personales”, es decir, que para entregarlos se requería la autorización del excontralor.

Por esos hechos, Barrientos presentó una tutela invocando que su derecho de petición fue vulnerado. Pero a mediados de este año perdió el caso en primera y segunda instancia pues el Juzgado 43 Penal con Función de Garantías de Bogotá, y posteriormente el Juzgado 50 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, declararon improcedente su petición.

El vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, ha insistido para que el alto tribunal seleccione el asunto advirtiendo que se abriría un debate sobre el derecho a acceder a la información con datos reservados, o semi reservados, de instituciones de educación superior privadas como es el caso del Politécnico Grancolombiano.

“Cualquier tema referente al o no, sobre datos personales o semiprivados, requiere una revisión exhaustiva de cada caso. Así mismo y tal como ya se ha señalado se requiere denotar el tipo de información, su impacto y si está dentro de los marcos de excepción. Por lo mismo, estos casos no iten un análisis superficial, como se ha dado en primera y segunda instancia del caso en cuestión, donde únicamente se hizo referencia a que, existía una respuesta que determina los datos como reservados sin mayor explicación”, indica Ibáñez.

“Sin perjuicio de lo anterior, no se debe obviar que para el presente caso debe tenerse en cuenta otros factores, que promueven un debate de mayor interés como lo son la existencia de un sujeto de especial protección constitucional (periodista) y que los datos protegidos provienen de una situación que ha tenido gran debate dentro de la comunidad referente a la entrega de un título como abogado al excontralor de la república en un periodo corto de tiempo”, agrega.

El exmagistrado insistió en el expediente, que está pendiente de selección por “la importancia de proferir una decisión que determine el contenido y alcance sobre el derecho de petición, el a la información y la existencia o no de un deber de reserva de la información de las personas aquí inmiscuidas”.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]