Procuraduría pide a la Corte avalar la última reforma a la justicia

La Procuraduría General le solicitó a la Corte Constitucional que dé luz verde a la reforma a la justicia aprobada por el Congreso en 2021 por varias razones.

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En primer lugar, contrario a lo dicho por el Consejo Superior de la Judicatura, que pidió al alto tribunal tumbar la norma por vicios de forma y de fondo, el Ministerio Público aseguró que no hubo irregularidades en el trámite en el legislativo

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De fondo, la Procuraduría dijo que las reformas incluidas en el texto aprobado, como considerar la justicia como un servicio público esencial, la creación de dos cargos de magistrados en el Consejo de Estado o incluir a la jurisdicción disciplinaria en la estructura orgánica de la Rama Judicial (en cabeza de la Comisión de Disciplina Judicial), no viola la Constitución.

La reforma aprobada modificó las funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial permitiendo que sus integrantes (los presidentes de las Cortes) elaboren conceptos vinculantes para la Judicatura sobre el plan de inversiones y el presupuesto de la Rama. Ese punto fue cuestionado ante la Corte por la Judicatura y defendido por la Corte Suprema de Justicia en el debate en el Congreso y reciente entrevista de su presidente, el magistrado Luis Antonio Hernández, con este diario.

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La Procuraduría dijo que esos asuntos “se ajustan a los preceptos constitucionales” en tanto que el Congreso tiene facultad para hacer dichas modificaciones y “regular y definir las funciones del Consejo Superior de la Judicatura”, así como “establecer la manera en que se debe relacionar con las demás instancias de la Rama Judicial”.

“No se encuentra reproche respecto del hecho de que las entidades encargadas del gobierno judicial deben tener en cuenta para la toma de sus decisión, las consideraciones e intervenciones de los funcionarios e instancias encargadas de la función jurisdiccional en cabeza de la Comisión Interinstitucional, las cuales son las llamadas a ilustrar con mayor suficiencia a los órganos de gobierno sobre las necesidades, retos y problemáticas del sector justicia”, dijo la Procuraduría.

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El Ministerio Público también pidió avalar los artículos aprobados sobre el presupuesto de gasto de la Rama Judicial que quedó fijado en el 3 por ciento del presupuesto y que crea una contribución especial para sentencias judiciales, entre otros.

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