Abogado de víctimas que demandaron a Chiquita Brands y la Drummond va a juicio en Estados Unidos por dos cargos

Terry Collingsworth, uno de los abogados más conocidos por representar a víctimas que han demandado a Chiquita Brands y la Drummond por supuesta financiación al paramilitarismo, enfrenta en Estados Unidos dos procesos que en diciembre pasaron a la etapa de juicio.

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Su fama como defensor de derechos humanos tiene un último antecedente, y es que representó a unas de las víctimas que el año pasado ganaron una demanda en un juzgado de West Palm Beach, Miami, el cual declaró que la empresa bananera financió en la década de los 90 a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). 

Su labor de ar a personas -incluso exparamilitares- para tales pretensiones, sin embargo, se ha visto empañada por cuestionamientos sobre la veracidad de los testimonios y la forma en que llega a ellos, pues tanto en el país norteamericano como en Colombia tiene procesos abiertos por presunto soborno a testigos.

En Estados Unidos, el Tribunal para el Distrito Norte de Alabama -donde la multinacional tiene su sede- ordenó hace un mes que las dos demandas que hay contra el abogado vayan a manos del jurado, un grupo de personas que tendrá que definir si prosperan los cargos de supuesta difamación a la Drummond a través de cartas y una entrevista, y el de presunto pago de testigos fraudulentos y su aparente vulneración de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (Rico). 

EL TIEMPO tuvo a los dos documentos en los que además de exponer los hechos, el juez David Proctor hizo una serie de cuestionamientos al papel que el abogado habría tenido al momento de buscar personas que declararan en contra de la compañía para después llevar sus voces ante los estrados judiciales y ganar demandas.

"Algunos de estos testigos habían dado previamente declaraciones exculpatorias sobre Drummond a las autoridades antes de que se les pagara. Es decir, testificaron que Drummond no estaba involucrado en los crímenes. Pero la evidencia de la Regla 56 podría permitir que un jurado determine que, después de recibir pagos de los demandados, estos testigos cambiaron sus posiciones e implicaron a Drummond en los asesinatos", dice uno de los expedientes que revisó el juez.

Ante el llamado a juicio, en diálogo con este diario el abogado demandado contestó que las afirmaciones de la Drummond son "ridículas", añadiendo que "el juez determinó que las pruebas son controvertidas, por lo que debe haber un juicio, pero las pruebas son muy claras: yo tenía motivos sólidos para decir que Drummond financió a las Auc y que estábamos presentando reclamos legítimos contra Drummond, no 'extorsionando' fondos".

El año pasado, en otra entrevista con este medio, Collingsworth había señalado que sí proporcionó "fondos a algunas de las familias de mis testigos para reubicarlos, ya que recibieron amenazas de muerte cuando estaban a punto de testificar contra la empresa. Hemos recibido declaraciones juradas de múltiples expertos, incluido el Programa de Protección de Testigos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que lo que hice para proteger a las familias de los testigos era legal, ético y moralmente necesario".

Por eso ahora insiste en que la multinacional no ha logrado identificar ninguna prueba de que vulneró la ley Rico de Estados Unidos. "El hecho de que Drummond no haya podido probar ni uno solo de estos elementos necesarios para un caso Rico, obliga a este tribunal a dictar sentencia sumaria", concluyó.

En cuanto a la supuesta difamación por parte del abogado, el debate empieza en 2011 cuando escribió tres cartas que envió al gobierno de Países Bajos y a Itochu Corporation, empresa con la que la Drummond quería sellar negocios. Una de las misivas decía que son "hechos objetivos que Drummond era cómplice de las Auc en los asesinatos de cientos de colombianos", incitando a supuestamente a frenar todo vínculo comercial con la multinacional.

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El proceso tiene el primer antecedente con una carta del 18 de enero de 2011 hecha por Collingsworth. En el expediente se leen tres comprometedoras frases que al parecer redactó, por ejemplo que "cientos de ciudadanos colombianos (...) tuvieron un familiar asesinado por fuerzas paramilitares que trabajaban en nombre de Drummond". O que la empresa "tiene un historial atroz en materia de derechos humanos". Otro de los documentos en cuestión se envió tres semanas después: el 4 de febrero, con mensajes como que la Drummond pudo "salirse con la suya" con los homicidios. Mientras que el último -del 19 de septiembre de 2011- decía que la demandante "tiene antecedentes de graves crímenes contra los derechos humanos".

La entrevista es el segundo capítulo por el que le reclaman al abogado de víctimas. El 26 de agosto de 2013, le dio una entrevista a Alternativa Latina en la que según lo recopilado por el tribunal de Alabama, "hizo numerosas declaraciones sobre la presunta complicidad de Drummond en un asesinato y su presunta colaboración con una organización terrorista".

Pero así como en su demanda la Drummond hizo acusaciones, Terry Collingsworth se defendió de ellas. Citando una declaración del 3 de diciembre de 2009 de Jhon Jairo Esquivel, alias El Tigre, y otra de 2006 de un hombre llamado Rafael García, dijo que sus cartas están soportadas con evidencia de que supuestamente la empresa era cómplice de los crímenes cometidos por paramilitares. Aunque a renglón seguido, se recuerda que ante Justicia y Paz, 'el Tigre' no salpicó a la Drummond.

Por eso, el tribunal recordó que en este caso es la Drummond la que "debe demostrar que Collingsworth actuó con malicia real", pues en Estados Unidos una persona no puede ser acusada de difamadora sin que se le compruebe, de lo contrario se atentaría contra la libertad de expresión. Eso sí, antes de remitir el expediente al jurado, el juez David Proctor dejó anotado que "además de las preocupaciones sobre la credibilidad de los testigos de quienes Collingsworth obtuvo declaraciones que implicaban a la Drummond, el tribunal también tiene serias preocupaciones sobre la credibilidad de Collingsworth en función de su conducta de litigio. Incluso, los de su antigua firma C&S tenían preocupaciones similares".

Y es que durante muchos años, el abogado trabajó para el bufete Conrad & Scherer (C&S), del cual salió después. Una de las tareas que tendrá el jurado es establecer si la firma tenía conocimiento de que él había enviado las cartas y negociado arreglos para pagarles bajo cuerda a testigos. En el expediente reposa que el 23 de mayo de 2012, cuando ya se habían escrito las misivas, el abogado de Conrad & Scherer llamado Jim Carroll envió un correo buscando que su compañero se apartara de la firma y de los casos de la Drummond, pues los testigos que había usado en varias demandas "no son confiables" o "han cambiado sus historias".

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En conclusión, el tribunal afirmó que ante las mentiras del abogado a ese y otros despachos, debe hacerse un examen a fondo del caso. "Collingsworth no solo pagó a estos testigos para que cambiaran sus historias y le dieran un testimonio útil, sino que también engañó materialmente al tribunal sobre la cantidad de pagos y quién recibió los fondos. Y lo hizo repetidamente. Si esto no plantea una cuestión de hecho para un jurado sobre la malicia real, el tribunal no está seguro de qué podría dar lugar a tal inferencia".

Por el momento, no se conoce de la fecha en la que los jurados empezarán a analizar el expediente para deliberar. En Colombia, la denuncia por supuesto soborno a testigos va en fase de indagación, y ya la Procuraduría alertó que hay un alto riesgo de que ese proceso precluya.

Carlos López - Redacción Justicia