Panama Papers: Absuelven a gerente de Servientrega y otros procesados en el escándalo

Un juzgado especializado de Bogotá dio a conocer en la mañana de este viernes la decisión a favor de varias personas que en Colombia fueron procesadas dentro del escándalo internacional conocido como los Panama Papers.

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Una de las procesadas fue Luz Mary Guerrero, accionista y cofundadora de Servientrega y Efecty, así como Jorge Humberto Sánchez Amado y Sara Guavita, quienes ocupaban importantes cargos en la transportadora; Ever Jaime Torres Pineda, entonces representante legal de Efecty; y Juan Esteban Arellano, quien representaba para la época de los hechos a Mossack Fonseca en Colombia.

Este expediente data desde 2010 a 2016, y tiene que ver con la firma de abogados panameña llamada Mossack-Fonseca, con la cual se habría creado un entramado corrupto a nivel mundial que en el país dejó la presunta venta de facturas falsas a empresas colombianas, un escándalo que también fue rastreado por la Dian.

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En la investigación de casi siete años, los agentes del ente acusador comenzaron por determinar que la firma panameña era la que manejaba las supuestas compañías extranjeras, fachadas con las que empresas colombianas suscribieron servicios que nunca se dieron, aunque sí se pagaron.

Y fue allí que aparecieron los nombres de los procesados por la justicia, puesto que al inicio de las averiguaciones supuestamente la Fiscalía consiguió evidencia que al menos 14 sociedades colombianas -en las que participaban los implicados- "habrían acudido a este método para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales".

El escándalo de los Panama Papers que salió a la luz pública y afectó a empresarios de varios países tuvo se dio hasta 2016, fecha cuando empezaron a conocerse las irregularidades que hubo con la firma Mossack Fonseca.

Fue esta firma panameña la que manejó varias empresas ficticias que pactaron la realización de operaciones financieras, que en el caso de la consejera y cofundadora de Servientrega, Luz Mary Guerrero, la habrían ayudado a enriquecerse de forma ilegal.

Esas fachadas estaban en países como Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, y los pagos por los servicios falsos habrían ido a parar a paraísos fiscales. Por dicha movida, la firma supuestamente cobraba entre el 2,5 y el 4 por ciento del valor de las facturas, dependiendo del país donde estuviera la empresa.

"Una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack". En el caso de los procesados en Colombia, esa hipótesis tuvo pie hasta este viernes en la mañana.

Tras años de investigación judicial en los que la Procuraduría solicitó absolver a los procesados, en la audiencia el juez especializado de Bogotá leyó la postura de cada una de las partes involucradas, pasando así por los delitos que acusó en su momento la Fiscalía, lo que reseñó durante todo el proceso la Procuraduría como ministerio público, y los abogados que representan a todos los acusados, quienes subrayaron que el ente investigador cometió varias falencias y no pudo derrumbar la presunción de inocencia de sus clientes, por lo que no debían ser condenados.

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Luego de ello, las consideraciones del juez fueron que -tras un análisis jurídico- se declaró la sentencia absolutaria, es decir, no serán condenadas las personas involucradas en este capítulo mundial que tuvo incidencias en Colombia y que a nivel internacional afectó a varios empresarios que intentaron tapar sus riquezas a partir de empresas y negocios fachadas.

Además, en su lectura de primera instancia, el juez manifestó varias inconsistencias que tuvo la Fiscalía en el caso en sus líneas de investigación. De hecho, aseveró que "todo parece indicar que la Fiscalía no nos ha dicho toda la verdad, ¿por qué razón? No lo sabemos".

Además, añadió que en otros frentes como la solidez de lo recolectado y la legalidad de ello hubo irregularidades, aclarando que algunos delitos prescribieron, como lo son falsedad ideológica en documento privado, istración desleal y concierto para delinquir. 

Ante los argumentos del juez especializado, que incluyeron el pedido de que se investigue a los agentes de la Fiscalía que hicieron parte de este caso,a sí como a funcionarios de la Dian, el ente acusador apeló, por lo que se espera una decisión de segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49