El escándalo de supuestas facturas falsas y estafas que rodea a prestigiosa empresa de Medellín

La que ha sido por muchos años una empresa conocida del sector agropecuario antioqueño, hoy está inmersa en un escándalo de presunta corrupción que tiene imputadas por la Fiscalía a varias personas, entre ellas, algunos de sus extrabajadores y socios.

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Se trata de Ivanagro, una firma con más de 20 años de operación en el mercado del bienestar animal. Sus líos judiciales y financieros empezaron hace cerca de 10 años, cuando se ganaron un millonario negocio para mejorar 1.000 pequeñas y medianas empresas, teniendo como aliadas a otras compañías.

EL TIEMPO tuvo al expediente que cursa en un juzgado de Medellín en el que tanto la víctima, el empresario y dueño Iván Darío Franco, como los imputados tienen opiniones contrarias en los cuatro delitos en juego: estafa agravada, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y istración desleal.

En el escrito de acusación de la Fiscalía aparece narrado cuál habría sido la irregularidad que afectó las cuentas de la empresa, y quiénes, al parecer, estuvieron detrás de ello, tanto externos como personal de nómina. En la lista están Óscar Alberto Aguirre, Eddy Wilmar Valencia, Omaira Lucía Gómez, Dora Inés Fandiño, Ana Cecilia Yepes, Leonor Stella Puentes, Bárbara Puentes, Yolima Puentes, Yesenia Cruz y Norllys Martínez, quienes fueron capturados el año pasado para la audiencia de imputación. 

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Si bien el fiscal del caso, Carlos Alberto Aranceta, elaboró un escrito de acusación, la audiencia ante el juzgado no se ha podido instalar. Lo que tiene el investigador es que se habría dado una estafa de 46.000 millones de pesos en 109 facturas cuestionadas por servicios que supuestamente nunca se prestaron o son falsos, las cuales fueron adquiridas en el mercado del factoring por entidades financieras que ahora le están cobrando al dueño de Ivanagro.

Los hechos empezaron cuando la compañía de insumos agrícolas se interesó en tres proyectos de financiación de riesgo compartido con las empresas Gextión SAS, representada por Leonor Puentes, y Q1A SAS, representada por su hermana Yolima. En el último de esos proyectos, de 2016, es que se habrían presentado inconvenientes en los que estarían inmersos trabajadores de todas las firmas, incluyendo gente de confianza de Ivanagro: el gerente contable, Óscar Aguirre; su auxiliar era Eddy Valencia, y la contadora Omaira Gómez.

"Mediando un acuerdo común y con división de su trabajo atendiendo la importancia de sus aportes, se concertaron para de manera indefinida en el tiempo alterar el contenido y forma de un sinnúmero de documentos privados, con los cuales modificaron la realidad y lograron inducir al engaño a las víctimas, obteniendo un provecho ilícito para sí, en perjuicio del patrimonio de aquellas", explicó la Fiscalía en su escrito de acusación.

La tesis es que Gextion, Q1A y Cinergy habrían facturado servicios inexistentes a nombre de Ivanagro, generando 109 facturas presuntamente falsas por el monto de 46.000 millones de pesos. Esas se las "endosaron a terceras compañías de factoring para su circulación en el mercado de valores y posterior cobro, notificaron el endoso en propiedad dando instrucciones de pago, y finalmente recibieron los recursos en virtud de dichos endosos", dice la acusación. Es decir, habrían alterado documentos para quedarse con la plata y luego pasarles las deudas -a nombre de Ivanagro- a entidades financieras. 

Al final, según las víctimas, también se habrían dado millonarios sobregiros desde las cuentas de la empresa por parte de su equipo contable con el fin de solventar las operaciones de factoring; así como falsificaciones de queches para pagar impuestos.

Las preocupaciones sobre este tema empezaron porque si bien más del 80 por ciento del último proyecto ya se ejecutó, no se ha dado una liquidación porque una interventoría de la Universidad de Antioquia determinó que había irregularidades en el negocio fraudulento, del cual el dueño cayó en cuenta cuando en 2019 lo aron para que pagara dos facturas pendientes por 600 millones de pesos.

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Juan Camilo Bolaños, abogado que representa a Ivanagro en este caso, le dijo a EL TIEMPO que "los responsables de dichas conductas delictivas pusieron en jaque a Ivanagro y nutrieron de falsas facturas el mercado de factoring colombiano". Y que este escándalo tiene ahora a la compañía en mora de pagar los 46.000 millones de pesos que les están cobrando las empresas de factoring que adquirieron las facturas sospechosas.

Por su parte, desde parte de la defensa de los implicados le dijeron a este diario que tienen cómo demostrar los documentos que prueban que las facturas no son falsas porque sí se prestaron los servicios, y que incluso el dueño estaba enterado de varios movimientos. Por eso, le solicitaron a la Fiscalía que haga varias correcciones a su escrito de acusación, pues creen que los montos de los que están hablando no corresponden a la realidad.

Al juicio, de hecho, planean llevar más de 20.000 documentos en los que buscarán tumbar la tesis del fiscal Aranceta. 

A la par del proceso penal, hay un expediente civil en el que el dueño de la empresa y su abogado le pidieron a un juez que congele las peticiones de las empresas de factoring que están cobrando su plata, pues los reclamantes incluso buscan hacerse con los activos de Ivanagro para no salir perdiendo.

"A pesar de declararse víctimas, como Ivanagro -lo cual supone reconocer el hecho delictivo-, hoy quieren derivar de esas facturas falsas una obligación en contra de Ivanagro y ejecutarla, incluso rematando sus bienes y la base fundamental de su operación, con la que sostiene a cientos de empleados directos e indirectos", le dijo a este diario el penalista Bolaños.

El juez de garantías les dio la razón a las víctimas y frenó tales intenciones, pero un juzgado del circuito manifestó que ese congelamiento no se ajustaba a la ley, tesis que comparte la defensa de los imputados. Ante ello, Bolaños puso una tutela en el Tribunal Superior de Medellín, donde no le salió a favor y como impugnaron, el caso está ahora en la Corte Suprema de Justicia.

En el despacho del magistrado José Joaquín Urbano, de la Sala Penal, reposa el expediente en el que deberá resolver si otorga medidas de protección hasta que se resuelva el proceso penal contra los imputados, o si, por el contrario, ordena que Ivanagro pague con sus recursos las cuestionadas facturas. 

Por parte de la defensa dicen que las representantes de Gextion y Q1A ya han pagado parte a las empresas reclamantes, pero que no pueden hacerlo solas y más teniendo en cuenta que el proyecto fue con riesgo compartido. 

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]