Fiscalía alista imputación contra militares por operación del Ejército en Alto Remanso

En la mañana de este viernes, voceros y víctimas de la operación militar en Alto Remanso, Putumayo, que dejó 11 personas muertas y cinco heridas, fueron a la sede principal de la Fiscalía General de la Nación a realizar un plantón pidiendo claridades a nivel penal.

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En medio de la manifestación hubo un encuentro con el fiscal Hugo Tovar, director de la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, y EL TIEMPO conoció que en la cita quedó establecido que en los próximos días el ente acusador solicitará una audiencia ante un juez para imputar cargos a 25 militares, entre ellos un coronel, un capitán y un teniente del Ejército.

Por lo que ha trascendido, dado que la Fiscalía no ha hecho oficial el anuncio, los cargos a imputar serán homicidio a persona protegida -por las 11 personas muertas-, y homicidio a persona protegida en calidad de tentativa -por los cinco heridos que hubo el día de la operación, el 28 de marzo de 2022-. 

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Es de recordar que en la operación militar en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguízamo, murieron Pablo Panduro, Divier Hernández (presidente de la Junta de Acción Comunal), Ana María Sarrias, Brayan Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva, Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexánder Peña.

Desde entonces, el pedido de los familiares de víctimas y organizaciones que han estado al frente del caso es obtener justicia y verdad por lo que pasó en la mañana de ese día, cuando la comunidad se encontraba en un bazar y en medio de este fue atacada con disparos por tropas del Ejército, las cuales habían planeado una operación militar en el lugar porque allí había supuestamente un grupo armado ilegal comandado por alias Bruno, quien no murió en el ataque.

En el plantón de este viernes en las instalaciones del ente acusador estuvieron víctimas y representantes de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, así como de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac).

Frente a esto, el congresista Andrés Cancimance resaltó que “en Putumayo hemos vivido en medio del fuego cruzado, hemos sido señalados por los distintos actores del conflicto armado y, además, estigmatizados por el narcotráfico. Es una gran noticia que la verdad se esclarezca y se haga justicia frente a la Masacre del Remanso.”

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En el ámbito penal, cuando se cumplió un año de la operación, la Fiscalía le informó a EL TIEMPO que en dos meses iban a tener avances en la investigación, la cual empezó con un fiscal en Ibagué. En ese sentido fue que se conoció que se pedirá audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías, diligencia que se llevaría a cabo en el departamento de Putumayo.

Por su parte, a nivel disciplinario la Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación contra varios oficiales y suboficiales del Ejército, entre quienes está un brigadier general llamado Walther Adrián Giraldo, así como el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena, el capitán Jorge Erney Marroquín y el teniente Julián E. Ávila.

En el grado de suboficiales a nivel disciplinario fueron reseñados el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza y los cabos primero Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.

Las pistas recolectadas por el Ministerio Público son graves señalamientos contra los militares que hicieron parte de la operación, pues se tiene que "alrededor de las 07:13 horas (del 28 de marzo de 2022), los soldados en el área de operaciones, previa autorización del mando, entraron en combate con el Gao-r 48 (las disidencias) y, sin discriminar los blancos, produjeron la muerte de 11 personas e hirieron a cinco más, para un total de 16 civiles afectados por el actuar del Ejército Nacional”.

Además, que si bien la operación en principio se dirigió apegada a la ley, una vez acabaron los disparos los uniformados "procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación, al igual que trasladar los cuerpos de su posición, previo al respectivo estudio por parte de la policía judicial".

Está por establecerse si los militares nombrados a nivel disciplinario son los mismos a los que se les imputarán cargos en el ámbito penal por parte de la Fiscalía.

Carlos López

En Twitter: @CarlosL49