Verdad y justicia: el clamor de víctimas tras un año de operativo en Putumayo

Organizar una misa, concretar la idea de un mural conmemorativo y darle la estocada final a la placa huella de la vereda hacen parte de los planes que tienen algunos familiares de las 11 víctimas que murieron en una cuestionada operación militar en Alto Remanso, Puerto Leguízamo, Putumayo.

Hoy se cumple un año de una cuestionada operación con dos versiones diferentes: fue una acción contra un grupo armado de disidentes que se dedican a acciones ilegales, o fue un error de un grupo de militares que ingresó a una caseta en donde unos civiles realizaban un bazar para recoger plata para la construcción de una vía local.

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A pesar de las versiones encontradas, el saldo es el mismo: 11 personas muertas identificadas como Pablo Panduro, Divier Hernández, Ana María Sarrias, Brayan Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva, Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexánder Peña. Además de los cinco heridos.

Ellos estaban en el sitio al que llagaron los militares a las 6:30 de la mañana y en donde se escucharon disparos que además de los muertos dejaron cinco heridos, entre ellos una mujer embarazada. El Ejército dijo que desde la caseta dispararon a sus hombres y de la comunidad que las balas solo salieron del lado en el que estaban los militares.

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Van 12 meses de investigaciones penales y disciplinarias en la Fiscalía y la Procuraduría y sobre el hecho no hay un veredicto final. El caso sigue en investigación, sin embargo fuentes del ente acusador señalaron que luego de analizar más de 200 evidencias todo está listo para esclarecer el caso y tomar decisiones de fondo en no más de dos meses, las cuales pondrían a responder ante la justicia a varias personas.

Argemiro Hernández -papá de Divier, una de las víctimas mortales, y quien estaba en su finca, a pocos minutos del bazar- aún no olvida su primera reacción al escuchar el sonido de las balas en la mañana de ese último lunes de marzo. Pensó que era algún grupo armado ilegal de los que delinquen en la zona, y no salió a ver qué pasaba con Divier y su esposa (Ana María Sarrias) sino hasta que pasaron unos minutos, cuando la cosa se calmó.

Abordó una canoa y cuando llegó hasta la entrada de la cabecera del cacerío, dos pirañas (así les dicen a uniformados de la Armada Nacional) los cercaron diciéndole que no podía pasar. “Yo le dije que allá estaba el hijo mío, el presidente de la junta de acción comunal, que yo quería darme cuenta de ellos”, contó Argemiro.

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Los disparos de hombres vestidos de negro ya habían acabado, pero la respuesta fue un no rotundo. La única solución que encontraron fue volver a las 12 del mediodía, cuando otra persona logró meterse y ver que había muchos muertos en la cancha. Dos de ellos eran Divier y Ana María, desde ahí todo fue dolor para Argemiro quien al rato se fue a contarle a su familia lo ocurrido, aunque no entendía bien qué había pasado, pues los militares no decían mayor cosa.

Un relato igual de blando en explicaciones recibieron las familias de los otros muertos y heridos, a los que trasladaron a otra parte para hacerles chequeos.

La comunidad insiste que el bazar fue convocado por Divier y el resto de comunidad con el fin de recolectar fondos para hacer una placa huella que permitiera una mejor conexión vial en la zona. En la fiesta había programados encuentros deportivos, comidas y bebidas. De hecho, en los videos que circularon en redes se ve que previo al ataque varias personas tomaban licor.

Rodolfo Pama, papá del menor de edad que murió en los hechos identificado como Brayan Santiago, le contó a EL TIEMPO que en los últimos días, por fin, pudieron avanzar en la construcción de la placa huella.

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“No hemos parado a pesar de lo ocurrido, a pesar de que esto nos recuerda siempre la sangre inocente de nuestros campesinos que murieron en ese operativo”, dijo. Para él, recorrer esos cientos de metros es también caminar por donde quedó derramada la sangre de Brayan Santiago, a quien señalaron de supuesto de disidente de las Farc.

La obra no ha terminado, pero Rodolfo añadió que si todo les sale bien, los cerca de 1.800 metros van a ser transitables para los habitantes de las fincas que viven más al fondo del casco urbano del cacerío, en el cual vive gente que se dedica a diversas actividades, como la agricultura y la construcción con madera.

De ese lugar, que pertenece a la jurisdicción de Puerto Leguízamo, Putumayo, pero al que se llega más fácil por Puerto Asís, recién ocurrieron los hechos la gente empezó a irse por temor. Incluso, los familiares cuentan que se les empezó a coger miedo a los soldados del Ejército que iban a patrullar la zona. Sin embargo, en los últimos meses eso ha cambiado.

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Argemiro fue hace un par de semanas a Alto Remanso. Vive en Florencia, aunque se la pasa viajando a donde le resulte trabajo como constructor de casas de madera. Sobre la situación actual del cacerío, dice que poco a poco la gente ha vuelto a sus casas. El reflejo de ello es que según su cálculo ya hay tres y hasta cinco niños estudiando en la escuela, aunque antes de la operación militar eran entre 15 y 20 los estudiantes.

Para no afectarlos principalmente a ellos, la comunidad ha frenado sus intenciones de poner flores, pancartas u otro tipo de símbolos que dignifiquen lo que les pasó ese lunes.

“No se hizo ninguna cruz, ninguna flor, sino que se borró para volver a despejar la vereda, pero en sí estuve hablando con don Rodolfo, me dijo que por medio de la Cruz Roja se había dicho que nos iban a dar el cemento y ar con dos pintores para poner un monumento aparte, donde van a quedar mi hijo, la nuera y los demás fallecidos”, relató el papá de Divier.

Ahora solamente se habla de la idea de hacer un mural, aunque Rodolfo subrayó que puede que sea difícil, pues hay otras voces en Alto Remanso que prefieren no pintar las caras de las 11 víctimas en la escuela, a la que ya no irán los dos hijos de Divier y Ana María, pues tuvieron que irse a vivir con sus abuelos.

La niña está con los paternos (Argemiro y Gladys), y el niño con los maternos. Esta familia, precisamente, es una de las que piden ayuda económica, y tiene prevista una misa en un municipio de Caquetá en conmemoración de un año de los hechos.

Mientras tanto, lo que sí es un sentimiento común es el deseo porque la justicia entregue resultados. La tarea de esclarecer las dos versiones que hay está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que la encargó a la oficina de la vicefiscal Martha Mancera, que ha venido avanzando en la recolección de pruebas que incluyeron la reconstrucción de los hechos y sofisticadas pruebas de balística, además de la confrontación de los testimonios de militares y la comunidad.

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Un grupo de 20 peritos expertos apoyan la investigación, por instrucción del fiscal Francisco Barbosa Delgado. La Procuraduría también avanza en las investigaciones disciplinarias por los hechos y ya abrió una indagación preliminar a seis uniformados.

El abogado David Melo, quien lleva el poder de 36 personas de la zona, se quejó que el ente acusador no haya tomado aún decisiones de fondo en esta investigación.

A su turno el abogado Augusto Gaitán, de la Asociación Minga y quien representa a dos familias, le manifestó a este diario que la Fiscalía no les ha dejado acreditarse como víctimas, y que les han dicho que eso lo podrán hacer únicamente en la formulación de acusación, en caso de que se llegue a ese paso.

Por eso, una de sus representadas -quien recibió un tiro en el brazo ese día- interpuso una tutela que ha sido negada en el Tribunal Superior de Ibagué y en la Corte Suprema de Justicia. En ella, se pide que les dejen acreditarse como víctimas para conocer del proceso, pero los magistrados consideraron que estos recursos no eran procedentes.

Es así como Augusto espera que sea la Corte Constitucional, desde su Sala de Selección de Tutelas, la que opte por revisar este caso y les permita tener mayores dientes a la hora de saber qué ha pasado dentro de esa indagación que lleva un fiscal especializado en la defensa de los derechos humanos.

Entre tanto, la frase que repiten todos los entrevistados por este diario es verdad, justicia y reparación. La palabra final la tienen los investigadores de la Fiscalía y la Procuraduría.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49