La alerta por amenaza de grupos ilegales a indígenas awás de Colombia y Ecuador

La presencia y disputas de grupos armados ilegales y bandas del crimen organizado en la frontera entre Ecuador y Colombia han puesto contra las cuerdas a cerca de 29.000 integrantes de la etnia indígena awá que habitan en la zona, unos 23.165 en territorio colombiano y 5.524 en el ecuatoriano.

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Esto es doblemente preocupante teniendo en cuenta que ya la Corte Constitucional había reconocido que este pueblo indígena está en riesgo de exterminio por cuenta del conflicto armado; además, estas comunidades tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Por eso, las Defensorías de Colombia y Ecuador emitieron la primera alerta temprana binacional, en la que ponen de presente la situación y piden prevenir las violaciones de derechos y proteger a las personas pertenecientes a la gran familia awá.

Desde Bogotá, el defensor de Colombia, Carlos Camargo Assis, y el defensor de Ecuador, César Córdova Valverde, entregaron el documento que señala que en la actualidad, la presión y el auge de las actividades ilícitas que ejercen las disidencias de las Farc, el Eln y grupos de crimen organizado causan que los awá sean víctimas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; ataques contra la vida e integridad física de los líderes y de las comunidades, accidentes con minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados; además de desplazamientos forzados y confinamientos.

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“La posibilidad de llevar a cabo su accionar en una frontera porosa, con brechas de presencia estatal, favorece los intereses de los grupos ilegales para acceder a los circuitos de economía de la coca, minería ilegal, tala ilegal de bosques y otras economías ilícitas, así como por las posibilidades que ofrece la franja fronteriza ecuatoriana para el ocultamiento de hombres y material de guerra”, señaló Camargo Assis.

El defensor de Ecuador agregó que la alerta busca que se verifique “la situación de derechos de nuestros pueblos transfronterizos y en el caso ecuatoriano evidenciar, entre otras, las afectaciones incidentales fruto del conflicto armado de la hermana República de Colombia y las condiciones actuales de nuestro pueblo que les impide ejercer plenamente los derechos humanos”, sostuvo Córdova Valverde.

Sobre las condiciones que han facilitado la vulneración de los derechos de los awás, el documento sostiene que los grupos armados usan a su favor “el aislamiento geográfico, la posición estratégica binacional de resguardos y comunidades y otros factores de vulnerabilidad como la poca o nula presencia estatal y la condición diferencial de estas comunidades, para instalarse dentro o cerca de los territorios awá”.

Frente al reclutamiento, el Defensor del Pueblo de Colombia indicó que durante el último año, especialmente en la región de Tayambí (Colombia) y Chical (Ecuador), cada mes los grupos armados habrían reclutado entre 7 y 8 jóvenes del pueblo awá.

Además, el Observatorio de Derechos Humanos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) reportó que desde agosto de 2022 hasta la fecha han sido asesinados 14 indígenas awá.

También se reportaron más de 10.000 víctimas de confinamiento y desplazamiento forzado, que representan aproximadamente el 50 por ciento de la población total awá, quienes además han vivido otros hechos como amenazas, intimidaciones, torturas y enfrentamientos.

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Ante este escenario, el documento hace varias recomendaciones a los Estados, como tramitar de manera inmediata la alerta temprana binacional ante las autoridades de ambos países para la protección integral, atención humanitaria, mitigación de vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades del pueblo awá.

“Les recomendamos al Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador y al Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, con el acompañamiento de las Cancillerías de ambos países, fortalecer la cooperación bilateral para mantener la presencia de la Fuerza Pública como factor disuasivo ante el accionar de los grupos armados ilegales”, añadió Camargo.

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También se pidió a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior de Colombia y al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador que instalen una mesa de diálogo permanente con autoridades awá de ambos países para garantizar el derecho y principio de participación y hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la alerta.

Con estas peticiones se busca que Ecuador y Colombia tomen acciones urgentes para que muchos derechos que se encuentran en riesgo no se vulneren y los casos donde se haya materializado el hecho no se repitan.

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