Arauca: comunidades confinadas están sin agua, salud ni educación

Luego de una misión en terreno, la Defensoría del Pueblo constató las graves consecuencias humanitarias que han dejado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el corregimiento Cañas Bravas, población rural ubicada entre los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondón, en el departamento de Arauca.

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El informe de este visita da cuenta de que al menos 25 familias campesinas están confinadas en sus viviendas, donde también se encuentran niños y adultos mayores; lo mismo ocurre con 170 familias indígenas del pueblo Hitnú que no pueden salir de sus resguardos.

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Además, el confinamiento ha generado desabastecimiento de los víveres necesarios para la alimentación de la población, así como la imposibilidad de asistir a citas médicas y adquirir medicamentos, una situación que afecta especialmente a la población de la tercera edad y pone en grave riesgo su derecho a la salud y a la vida.

Por ello, en la visita humanitaria la Defensoría entregó medicamentos de primera necesidad a los pobladores de la tercera edad que no habían podido acceder a sus medicinas vitales a causa del confinamiento.

De otra parte, se observó que bienes civiles y viviendas de los pobladores quedaron destruidas por el efecto del uso de armas no convencionales, como los tatucos o cilindros bomba, y se advirtió que era posible que hayan quedado remanentes explosivos después de los enfrentamientos, con grave riesgo para la población civil.

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El equipo de la Regional Arauca de la Defensoría del Pueblo evidenció así mismo el nulo a agua potable, la escasa prestación de los servicios de salud y la falta de brigadas médicas al interior de las comunidades, lo que podría ser ocasionada por el pésimo estado de las vías carreteables y la demora en la adecuación de los s al puente construido sobre el río Ele.

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De otro lado, las 13 escuelas rurales y el centro educativo El Tránsito en Bocas de Ele, permanecen cerradas y la mayoría no cuentan con la infraestructura básica, lo que vulnera el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes de la zona.

Por todo esto, el organismo de derechos humanos hizo un llamado a las autoridades de los municipios aledaños al corregimiento de Cañas Bravas, especialmente a la alcaldía de Arauquita y a la Gobernación de Arauca, para que de manera inmediata se preste asistencia humanitaria a esta población, se asignen los recursos necesarios y se implementen estrategias de atención integral a los afectados por las confrontaciones armadas.

Asi mismo, la Defensoría instó a los actores armados ilegales a dejar por fuera del conflicto a la población civil de la zona, respetar su vida y sus derechos humanos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo no descarta que las confrontaciones armadas se puedan trasladar a otras zonas del departamento, por lo que reiteró su llamado a tomar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar los derechos de las comunidades de la región.

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