Durante la instalación de un foro sobre el régimen tarifario de los servicios públicos, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez se refirió a la idea de la que ha estado hablando también el presidente de la República, Gustavo Petro, de modificar la fórmula de las tarifas de servicios públicos.
Al respecto Rodríguez mencionó que “cualquier intento de reforma del régimen tarifario debe partir por aumentar la cobertura y calidad de estos servicios, aún si se pretende perseguir una mayor solidaridad en la tarifa final”.
El Contralor General reconoció que en los últimos años han incrementado significativamente las tarifas, generando tensiones y cuestionamientos de la comunidad. Al tiempo, se han identificado problemas estructurales de inequidad e ineficiencia en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo.
De acuerdo con el jefe del órgano de control, los ajustes al régimen tarifario deben centrarse en garantizar que los costos de las ineficiencias no recaigan sobre los s, así como en fomentar una mayor competencia, hacer las cosas más transparentes y comprensibles.
Rodríguez señaló que un estudio intersectorial presentado este viernes, titulado ‘Análisis y Evaluación del Régimen Tarifario de los Servicios Públicos Domiciliarios en el Territorio Nacional’, muestra que el Sistema Único de Información (SUI), no está cumpliendo con su objetivo porque los datos reportados son incompletos, imprecisos o inoportunos, lo que dificulta las labores de inspección, vigilancia y control, así como la formulación, dirección y coordinación de las políticas, planes, programas y las regulaciones sobre esta materia.
“Es necesario que la Superintendencia de Servicios Públicos cumpla su papel de vigilancia y control y exija a los operadores del servicio, el acatamiento estricto de la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 y, si es del caso, aplique las sanciones correspondientes por la omisión en el reporte de esta información en el Sistema Único de Información, (SUI)”, dijo el Contralor General.
En cuanto a las tarifas de energía y gas, Rodríguez dijo que la firma del ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’ en 2022 fue un paso importante pero no ha logrado resolver de manera integral los problemas estructurales.
“Este pacto surgió como una respuesta a una crisis que ya se había gestado durante años, exacerbada por un incremento promedio del 43 por ciento a nivel nacional en el precio del kilovatiohora, entre 2022 y 2023. Este incremento no solo afectó el bolsillo de los colombianos, sino que también reveló las profundas desigualdades que persisten en nuestro sistema energético. Vemos como, en regiones como el Caribe, históricamente ha habido una precariedad en el suministro eléctrico y con aumentos de tarifas particularmente relevantes”, dijo Rodríguez.
Al tiempo, el Contralor General reiteró un llamado que hizo hace varias semanas sobre la sostenibilidad del servicio de energía.
“Las demoras en el pago de la opción tarifaria, los pagos del servicio de los entes territoriales, así como el giro de subsidios, los impagos de muchos s posiblemente lleguen a impactar a otras empresas, por ejemplo, a Afinia, y con esta, las finanzas del Municipio de Medellín, incluso al mismo departamento de Antioquia, lo cual se puede replicar en el resto del país. No olvidemos que la intervención de Electricaribe por el no pago a los generadores, impactó no solo al Caribe sino a casi todo el país”, indicó el Contralor.