El debate por idea de casa por cárcel a culpables de delitos de lesa humanidad

Paralelo a la propuesta de eliminar varios delitos –entre ellos la inasistencia alimentaria–, el Gobierno planteó la semana pasada la idea de otorgarles el beneficio de casa por cárcel a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.

La medida, en caso de confirmarse, se implementaría solamente en personas que hayan pagado el 60 por ciento de su condena en adelante. Tal propuesta forma parte del proyecto de ley para la modernización y humanización que presentó el Ejecutivo en el Congreso de la República hace ocho días.

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Y desde que se conocieron sus primeros apartes (defendidos por el Ministerio de Justicia, principalmente) se desató una polémica a nivel jurídico porque se presentaron varios reparos a los 83 artículos que la contienen. Precisamente, el beneficio de prisión domiciliaria no fue la excepción.

Órganos como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación salieron a rechazar de facto tal idea, pues consideran peligroso que delincuentes que hayan cometido tan graves delitos tengan la posibilidad de salir de las cárceles. Incluso, hay voces que dicen que esto podría traer consecuencias con los compromisos internacionales que tiene Colombia en materia de derechos humanos.

Así lo advirtió Javier Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, que en diálogo con EL TIEMPO destacó que ellos tienen un decálogo de observaciones al proyecto, las cuales fueron expuestas en el Capitolio.

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Frente a la polémica mencionada, anotó que “la preocupación del ente de control se enfoca en la concesión de prisión domiciliaria a personas que hayan sido condenadas por crímenes de lesa humanidad y de guerra”, pues cree que la idea como tal es improcedente.

No obstante, distinto piensa el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Él está detrás del andamiaje del proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere humanizar el sistema carcelario, y darles un nuevo tratamiento a los internos.

Los crímenes que entran en la cuestionada iniciativa parten del Estatuto de Roma, en su artículo 7, que habla de “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Se trata de los asesinatos, el exterminio, la esclavitud, la tortura y la desaparición forzada, entre otros, los cuales se vieron durante el conflicto armado colombiano.

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El proyecto de ley fue radicado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna; del Interior, Alfonso Prada; y algunos congresistas de la bancada de Gobierno.

El cuestionado punto sobre lesa humanidad se incluye en el artículo 6, que en caso de pasar sus debates en el Legislativo, modificaría el artículo 38G del Código Penal. En él se especifica que serán beneficiados los sentenciados por dicho delito que hayan superado el 60 por ciento de la pena, y además cuenten con un concepto favorable del Consejo de Tratamiento y Atención social penitenciario, y el Consejo de Disciplina.

Ante la diversa cantidad de opiniones que se conocieron por el beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad, el ministro Osuna salió a explicar en un video publicado el viernes en redes sociales cuatro puntos que permiten entender mejor de qué trata la idea.

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Según Osuna, “la legislación hoy en día contiene el beneficio cuando se ha pagado el 60 por ciento de libertad condicional, nosotros lo que proponemos es endurecerlo por prisión domiciliaria. Ya existe la libertad, ahora lo que queremos es que sea domiciliaria”.

Con ese argumento quiso apagar el incendio que se formó porque, de acuerdo con sus palabras, se alcanzaron a escuchar algunas “voces alarmadas”, aunque no dio nombres de los que estaban preocupados.

Un día antes de la intervención, uno de los mensajes con fuertes reparos lo dio el fiscal general, Francisco Barbosa, a quien esta idea le parece “absolutamente repugnante”. Es decir, él no está de acuerdo con que a una “persona que haya cometido delitos de lesa humanidad la vayan a meter en una casa para que esté tranquilo viendo Netflix”, y asegura que dicha disposición podría caerse en la Corte Constitucional.

Esa no fue la única inconformidad. En representación del Ministerio Público, el procurador Sarmiento le indicó a este diario que “hoy no hay prisión domiciliaria para los crímenes de lesa humanidad y guerra en ningún evento”, contrastando lo dicho por el ministro.

Por otra parte, el abogado Marlon Díaz destacó que la propuesta del Gobierno “satisface la idea de pasar de un Estado carcelero a uno resocializador, única forma de superar el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria”.

En cambio, el penalista Camilo Burbano, que está de acuerdo con desprenderse del populismo punitivo, resaltó que “el proyecto debe limitar la concesión de algunos beneficios para delitos de lesa humanidad, ya que esto podría ir en contra de las obligaciones internacionales de Colombia en la sanción de esta clase de conductas”.

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Además del artículo 6, en el noveno se establece que la libertad condicional para condenados por lesa humanidad se podrá evaluar luego de cumplidas las cinco séptimas partes de la sentencia.

Y que podrían obtener permisos para salir por 72 horas una vez descontado el 35 por ciento de la pena, no se tengan antecedentes de mal comportamiento, y se haya estudiado o aportado a programas de restauración.

Mientras que los permisos para salir de la cárcel los fines de semana, para los culpables de crímenes de lesa humanidad, correrían después del 50 por ciento de cumplida la pena.

Estas ideas formarán parte del debate que se adelantará en las próximas semanas en el Congreso, del cual los órganos de control estarán pendientes, y al que el ministro invitó a expresar las diferentes posiciones con argumentos sólidos. 

Carlos López

En Twitter: @CarlosL49