Demoras en el reconocimiento de miles de pensiones y pago a 152 fallecidos: las irregularidades que encontró la Contraloría en una auditoría a Colpensiones

La Contraloría General de la República realizó una auditoría que 'raja' a la a Colombiana de Pensiones - Colpensiones- por la lentitud en algunos de los procedimientos que adoptó en 2023, durante la istración de Jaime Dussán, relacionados con el reconocimiento de las pensiones de vejez o de invalidez, con los fallos de tutela, e incluso, con el pago de pensiones a fallecidos.

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La auditoría resulta de suma importancia en la actual coyuntura pues en el diseño de la reforma pensional, recién aprobada por el Congreso, Colpensiones queda con la responsabilidad de istrar los recursos pensionales de todos los colombianos con un umbral de hasta 2.3 salarios mínimos de cotización.

Precisamente la capacidad de la a, que actualmente tiene 6,7 millones de afiliados, ha sido cuestionada por entidades como la Procuraduría General de la Nación. "Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; no tiene la capacidad técnica, logística, istrativa, ni operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025", advierte un oficio de la procuradora delegada Diana Ojeda.

"Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”, agrega la Procuraduría.

La auditoría de la Contraloría relaciona 22 hallazgos o irregularidades que tienen vínculo con la advertencia del Ministerio Público.

Uno de los principales hallazgos de la auditoría guarda relación con miles de solicitudes de pensión de vejez que Colpensiones dejó vencer en 2023 cuando la ley habla de cuatro meses para dar respuesta a un ciudadano que ha solicitado su derecho a la pensión. En 2023 se radicaron 105.957 de estas solicitudes. La Contraloría analizó una muestra de 69 mil peticiones y encontró que 2.985 de estas "no fueron resueltas o no recibieron una respuesta de fondo dentro de los cuatro (4) meses, términos establecidos en la normatividad vigente".

Según la Contraloría, 1.488 de estas peticiones presentan demora por "falta de capacidad productiva", 854 por "trámites internos sin respuesta" y 579 casos se encuentran en consulta cuota parte, es decir, por tener vínculo con servidores públicos.

En la auditoría, Colpensiones le reconoció a la Contraloría que los casos de pensiones de vejez vencidas son más de ocho mil. “La vigencia 2023 culminó con 54.893 casos pendientes (una disminución del 43% frente a la proyección inicial de 96.072 solicitudes) y 8.609 solicitudes vencidas (una disminución del 79% frente a la proyección inicial de 41.268 casos vencidos al cierre de la vigencia)”, indicó la entidad.

La misma situación se presentó con las pensiones de invalidez, pero en menor proporción, pues de 7.524 solicitudes que se radicaron en 2023 se analizó una muestra de 4.763 solicitudes encontrando que 230 presentaron retrasos y no se respondieron en los cuatro meses que dispone la ley.

La auditoría agrega que en las pensiones de sobrevivientes se radicaron 24.785 peticiones, el ente fiscal analizó poco más de 21 mil y encontró que 948 de ellas no fueron resueltas en el término de dos meses que otorga la normatividad vigente. “671 presentan dilación por falta de capacidad productiva; 20 solicitudes por trámites internos sin respuesta, 30 solicitudes no habían sido entregadas a la Dirección de Prestaciones Económicas –DPE y 120 por investigación istrativa”, dice la auditoría.

De 105.793 solicitudes de indemnización sustitutiva la Contraloría tomó una muestra de 73.277 casos encontrando que 432 peticiones “no fueron resueltas o no se les dio respuesta de fondo dentro de los términos establecidos”, dice la auditoría. 

Con relación a los auxilios funerarios, la entidad también dejó vencer 176 solicitudes de poco más de 18 mil analizadas.

La auditoría también revela que en los cruces de bases de datos entre Colpensiones y la Registraduría aparecen “152 pensionados registrados como fallecidos en la base de datos de la Registraduría del Estado Civil pero que continúan recibiendo pensiones activas en Colpensiones”.

100 de estos casos corresponden a pensionados por vejez, 24 por sobrevivencia y 28 por Invalidez. Al respecto Colpensiones respondió que "verificó que todos se encuentran retirados; es decir que no se encuentran activos como lo afirma el órgano auditor".  “En 52 registros les fue suspendida la mesada pensional previo al retiro definitivo por causa de muerte, y en 2 casos, el ingresó fue con estado suspendido, por lo que, no se realizaron giro de valores, para un total de 54 registros”, agregó Colpensiones. 

“Esta situación puede comprometer recursos parafiscales al realizar pagos indebidos de pensiones, presentándose un riesgo para la recuperación de los mismos, debido a la falta de depuración periódica de las novedades de fallecidos y retiros de la nómina en las bases de datos en Colpensiones”, dice la auditoría, pero Colpensiones advierte que la Registraduría no notifica de inmediato los casos de defunciones.

La auditoría también habla de dos casos de pensionados que reciben mesadas de Colpensiones pero a la vez reciben Beneficios Económicos Periódicos -BEPS-, programa para quienes cotizan menos de un salario mínimo y que que cerró el 2023 con 49.025 ciudadanos beneficiarios.

Según la Contraloría, Colpensiones también dejó vencer en 2023 1.334 solicitudes de correcciones de historias laborales de 652.898 solicitudes que se presentaron ese año. Así mismo, la entidad del Estado tendría problemas en sus bases de datos. El año pasado 24.521 solicitudes de pensión fueron excluidas de sus propios reportes pues “carecían de información relacionada con el número de semanas cotizadas y la fecha de otorgamiento”.

El ente fiscal también llama la atención por un contrato celebrado entre Colpensiones y el sistema de medios públicos RTVC, por más de 13.800 millones de pesos, para servicios de pauta en los diferentes medios de comunicación masivos, alternativos, digitales y dirigidos.

Según el organismo habría una inconsistencia y es que Colpensiones estaría pagando por adelantado sin presentar soportes. "El pago se realizó antes de cumplirse el período certificado en el informe de supervisión, lo cual pone de manifiesto las deficiencias en la supervisión del contrato", dice la auditoría sobre un pago de poco más de 3 mil millones.

En 2023 Colpensiones fue demandada en 82.485 ocasiones y se presentaron y 45.700 acciones de tutela. También se presentaron 1.622 incidentes de desacato, de los cuales 313 resultaron en sanciones.

Para la Contraloría es claro que Colpensiones presenta fallas en los procesos de revisión y seguimiento de las acciones de tutela en su contra “toda vez que la información no es coherente y congruente con el estado registrado en la herramienta JURIDAC. Lo cual genera pérdida de confianza en la integridad y precisión de la información proporcionada”, dice la auditoría.

También evidenciaron problemas a la hora de contestar los fallos de tutela. “A pesar de que, en las notificaciones de las isiones de tutela, se ordena a Colpensiones brindar una respuesta dentro de los (2) dos días hábiles al recibido de la solicitud, se constató que las respuestas dadas excedían el plazo otorgado. De los (11) once casos revisados, se evidencio que en (4) cuatro casos no se cumplió el término del requerimiento judicial”, agrega el estudio.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia @JusticiaET