Emilio Tapia pasó la noche en una URI de la Fiscalía en Barranquilla

Fuentes de la Fiscalía General le confirmaron a EL TIEMPO que Emilio Tapia, investigado por un contrato firmado entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), quedó bajo custodia de la autoridad pertinente, y este miércoles sería trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá. 

Hasta el lunes Tapia estuvo recluido en un centro médico de Barranquilla, en donde, tras ser dado de alta, se procedió a su captura.

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El 25 de septiembre un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, y Emilio Tapia Aldana.

Para la Fiscalía, Emilio Tapia era quien estaba detrás de las empresas que conformaron la unión temporal. Al no conseguir las pólizas bancarias para presentarse a la licitación, Centros Poblados acudió, dice el ente acusador, a personas "probablemente expertas" en la falsificación de documentos.

Tapia, quien fue condenado por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá, pasó la noche del lunes en un calabozo de la URI de la Fiscalía, en Barranquilla, a la espera de su traslado a Bogotá. 

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El nuevo hecho de corrupción en el que se vincula tiene que ver con la firma del contrato con el Mintic, que era para llevar internet a escuelas rurales. En ese contrato, que fue declarado caduco tras descubrirse la falsedad de las pólizas, se había alcanzado a entregar un anticipo de 70.000 millones de pesos.

Frente a la situación de Tapia, que desde casa por cárcel termina de pagar su condena por el 'carrusel', la Procuraduría General le pidió a la juez primera de Ejecución de Penas de Barranquilla que le revocara la prisión domiciliaria.

Para el órgano de control, el hombre habría violado la casa por cárcel pues, según dijo la Fiscalía en la audiencia por el caso de Centros Poblados, habría asistido a reuniones en diferentes ciudades del país para lograr la adjudicación del contrato. Es decir, salió de la prisión domiciliaria sin permiso para ello.

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Por el llamado 'carrusel' de la contratación están condenados, entre otros, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, con tres penas (24, 39 años y 30 años); el exsenador Iván Moreno (14 años), el exrepresentante Germán Olano (8 años), el exgobernador Álvaro Cruz (6 años), el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi (13 años), el expersonero Francisco Rojas Birry (8 años), el abogado Álvaro Dávila (19 años) y los empresarios Emilio Tapia (7) y Julio Gómez (10).

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