Controversia por los cambios en los preacuerdos y principios de oportunidad que planteó Ángela María Buitrago, ministra de Justicia

La propuesta de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre los cambios en la estructura de los preacuerdos y principios de oportunidad, que celebra la Fiscalía con ciudadanos imputados o acusados por delitos, ha generado división entre numerosos juristas e inquietud en la Fiscalía General.

En entrevista con el periodista Yamid Amat para EL TIEMPO, Buitrago aseguró que su Ministerio prepara una propuesta conjunta con la Corte Suprema y la Fiscalía para eliminar la intervención de los jueces en la aprobación o denegación de esos mecanismos de justicia premial. 

La ministra planteó, en ese sentido, retirar a los jueces de la aprobación o denegación de dichos arreglos, para que solo intervengan en la etapa final, es decir, al momento de dictar sentencia. "La Fiscalía es el dueño de la acción penal. Si yo soy dueño de la acción penal, yo puedo decidir si sigo la investigación, si la paro o si la termino (...) Eso está sometido a un juez. Es decir, después de que la Fiscalía acuerda, tiene que ir ante un juez para que el juez confirme. Y la mayoría de veces se están perdiendo los acuerdos. Se paraliza todo", declaró la ministra a Amat.

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Aunque la ministra aseguró que la propuesta hace parte de un proyecto de ley en el que trabajan la Corte Suprema y la fiscal general Luz Adriana Camargo, consultamos con voceros de la Corte y de la Fiscalía que aseguran que la nueva iniciativa no es de autoría de ellos. Desde la Corte se advierte que están abiertos a discutir el tema para llegar a consensos sobre la reforma a la justicia que necesita el país. Pero fuentes de la Fiscalía le indicaron a EL TIEMPO que la propuesta causó "sorpresa" pues la catalogan de "inconveniente" en materia constitucional.

Los preacuerdos y los principios de oportunidad son mecanismos de terminación anticipada de los procesos penales para evitar que los casos no lleguen a juicio. En el preacuerdo el imputado o acusado obtiene una rebaja de pena y en el principio de oportunidad se le exonera de la misma, pues se extingue la acción penal por motivos de política criminal.

Los preacuerdos celebrados por la Fiscalía y los procesados son presentados ante los jueces de conocimiento, mientras que los principios de oportunidad se presentan ante los jueces de control de garantías, que realizan un control que actualmente es obligatorio y automático.

Aún no se conocen detalles de la propuesta que reveló la ministra Buitrago en entrevista con Amat, pero algunos penalistas han manifestado su oposición a la misma por generar una presunta concentración de poder en la Fiscalía. "Eso tiene detractores y partidarios. Pero la Constitución lo permite porque el artículo 250 dice que la acción penal está en cabeza de la Fiscalía General", anotó la ministra Buitrago en la citada entrevista.

"Eliminar ese tercero imparcial que es el juez de garantías o de conocimiento de este trámite le daría un poder un poco desbordado a la Fiscalía. El juez no puede ser un simple notario para fallar sentencias. No. Tiene que mirar si los requisitos que están en la ley y en la Constitución se cumplen, sí o no, en el preacuerdo o el principio que le ponga de presente la Fiscalía. El problema no es de la ley, fue la jurisprudencia la que le puso muchos límites a la figura de los preacuerdos", advierte el penalista Juan Felipe Criollo.

El penalista y procesalista Juan Francisco Navarrete advierte que aunque la propuesta puede resultar de gran utilidad para que sea más célere la definición de los casos, termina “desnaturalizando” la función de los jueces. “Considero que no es la solución y que puede generar una ruptura institucional porque los jueces aprueban los preacuerdos que están conforme a la ley y a la Constitución, de tal suerte que pretender la intervención del juez solo para el fallo es desconocer la función constitucional de los jueces”, señaló, advirtiendo que la Fiscalía es titular del ejercicio de la acción penal, no la "dueña" de dicha acción. 

Desde la Corporación Excelencia en la Justicia advierten que respaldarían la propuesta de la ministra solo si se llega a un consenso con la Fiscalía y la Corte Suprema. "Nos parece que en línea de lo que prevé la Constitución es una buena iniciativa concretar ese artículo en lo que hace ajustes al sistema penal acusatorio. En lo que hace específicamente de darle la facultad a la Fiscalía para manejar el principio de oportunidad y el preacuerdo, viniendo esa iniciativa de los entes que dictan la política rectora en esa materia, podría ser pertinente homologar el sistema penal acusatorio colombiano al sistema anglosajón. En todo caso, sí pensamos que deberían existir escenarios de medición de responsabilidad, de control, cuando se otorguen esos distintos beneficios", declaró Hernando Herrera, presidente de la Corporación.

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, anunció que respalda la propuesta ministerial. "El trámite del preacuerdo es una excelente alternativa, que poco se usa. Por ello, acompañamos no solo esta solicitud, sino que vamos más allá: no debe haber capacidad de veto por las víctimas, el fallo en casos de preacuerdos debe limitarse a aprobar el acuerdo y no ser toda una decisión extensa, y deben ampliarse los beneficios y opciones del preacuerdo a todos los delitos, sin las exclusiones que tenemos hoy en día", expresó Bernate.

"Así funcionan las negociaciones y los principios de oportunidad en los países donde el sistema de acusatorio es realmente aplicado, como por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra, donde la Fiscalía tiene la decisión sobre estos mecanismos", agregó el penalista Camilo Burbano quien considera que la propuesta es viable, pues agilizaría muchísimo la resolución de los casos.

El penalista Luis Carlos Oviedo también respaldó la propuesta advirtiendo que "al día de hoy, con la postura actual de los jueces en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, se han venido presentando dificultades en la aprobación de los preacuerdos, generando un desgaste algunas veces innecesario para la justicia, las víctimas y el procesado”.

Según datos sobre el Sistema Penal Acusatorio de la Corporación Excelencia en la Justicia, en 2022 el 41.4% de las sentencias condenatorias se obtuvieron por preacuerdos (18.880 condenas). 8.488 personas fueron condenadas en el juicio y otras 7.472 con aceptación de cargos.

Consultamos con el Ministerio de Justicia sobre la claridad de propuesta de la que habló la ministra, pero estamos a la espera de una respuesta.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia @JusticiaET