Jueces no intervendrán en preacuerdos, su función será solamente fallar: ministra de Justicia

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, con el apoyo del Ministerio de Justicia, se han puesto de acuerdo para robustecer las funciones acusadoras de la Fiscalía y eliminar la intervención de los jueces, quienes actualmente tienen el poder de aceptar o negar las decisiones de la Fiscalía.

(Lea: El 'parapolítico' Álvaro 'El Gordo' García se declara en quiebra y quedará libre sin pagar la multa de $ 13 mil millones por la masacre que planeó)

Semejante enmienda está contenida en el proyecto de ley de reforma procesal penal, que presentarán la Corte y la Fiscalía en las próximas sesiones ordinarias del Congreso.

La revelación la hizo a este cronista para EL TIEMPO la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien apoya el proyecto. Ella acaba de ser aspirante a la Fiscalía General. Es abogada del Externado de Colombia, donde cursó especialización y maestría en Derecho Penal y tiene un posgrado en Política y Criminología en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca (España).

Sí, pero debe repensarse el marco para su actuación dentro de un proceso de paz. Esa nueva construcción significa partir de los elementos esenciales del marco de paz y de la Constitución. No es lo mismo pensar en una justicia que busca la paz que en una justicia represiva. Hoy el marco es represivo. Es una justicia punitiva. En cambio, en el marco de la paz se empiezan a promover modelos de diálogo.

Yo creo que sí hay justicia, pero no la necesaria. La justicia es un elemento de equidad, de reparación, de retribución. El problema es que no hay capacidad para fallar sobre todos los delitos y los demás reclamos y no hay posibilidad tampoco de que el sistema procese el nivel de demanda de justicia. Se deben implementar mecanismos que permitan que la justicia llegue a todos, no solo a algunos.

Se deben generar mecanismos de lo que nosotros llamamos a la justicia real. Hay muchos municipios sin justicia.

(Le invitamos a leer: Copa América: más de 30.000 policías estarán encargados de la seguridad en Colombia durante y después del partido de la final)

Que no hay Fiscalía, que no hay jueces, que no hay posibilidad de que acceda el ciudadano a la justicia.

Más de 800.

Justicia sí hay. Pero no la que debiera; tenemos un grado de impunidad del 91 por ciento.

En todos, pero mire: cuando yo digo que sí hay justicia, me refiero a que existen cortes, existen tribunales, existen jueces.

Yo no la veo como contradicción. La justicia en Colombia es irada, pero se ha generado una impunidad que avanza sin que la justicia tome correctivos.

Porque hay tres fenómenos que yo he identificado. Uno, saturación del sistema. Dos, los fiscales no alcanzan a investigar los hechos porque tienen mucho trabajo y tres, también archivan.

Sí, para también un índice de 4 millones de delitos anuales. Hay delitos que no se denuncian y el nivel de violencia ha crecido. Los grupos criminales amenazan y hay gente que no denuncia esos hechos.

Eso al comienzo funcionó. Ya no.

Porque empezó a notarse la debilidad de la Fiscalía en el tema de investigación. Y se lo digo porque yo soy parte del sistema desde hace muchos años

Una reforma procesal que, entre otras cosas, está siendo preparada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y acompaña el Ministerio de Justicia.

La propuesta es volver a que funcionen los principios de oportunidad y los preacuerdos. Y eso significa decir que el preacuerdo, incluso, va a tener la posibilidad de que se genere un arreglo, un allanamiento, una negociación de pena y que en algunos casos es decisión de la Fiscalía como es en el sistema anglosajón, por ejemplo. Entonces ahí lo que pasa es que la Fiscalía decide con su facultad acusadora sobre la base del preacuerdo.

Sí. Ley procesal penal de reforma. Lo van a presentar la Corte, la Fiscalía con apoyó del Ministerio de Justicia anterior. Se va a presentar después del 20 de julio.

En darle facultad a la Fiscalía para manejar el principio de oportunidad y el preacuerdo. Hasta ahora estaba en una responsabilidad compartida entre Fiscalía y jueces. Muchas veces los jueces decían que no aceptaban ese preacuerdo. El proyecto que se prepara dice que va a ser Fiscalía la que decida, porque la acción penal está en cabeza constitucional de la Fiscalía. Es un proyecto de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía. Coadyuvado por el ministerio.

(Además: La ministra de justicia Ángela María Buitrago ya había hablado sobre el 'fast track' y la flexibilidad para impulsar el cumplimiento del acuerdo de paz)

Que la Fiscalía es el dueño de la acción penal. Si yo soy dueño de la acción penal, yo puedo decidir si sigo la investigación, si la paro o si la termino.

No. Eso está sometido a un juez. Es decir, después de que la Fiscalía acuerda, tiene que ir ante un juez para que el juez confirme. Y la mayoría de veces se están perdiendo los acuerdos. Se paraliza todo.

Así es. Se busca primero que se llegue prontamente a una responsabilidad en los preacuerdos. Que se diga es responsable, la pena es esta y el juez la impone.

Pero para dictar sentencia, no para el preacuerdo.

Las cortes buscan agilizar, recortar la impunidad. Porque muchas veces el proceso es tan largo que prescribe o que el juez decide que no y lo archiva, o lo devuelve, cuando la Fiscalía cree que es perfecto el arreglo y el juez dice que no, que investigue más. Eso tiene detractores y partidarios. Pero la Constitución lo permite porque el artículo 250 dice que la acción penal está en cabeza de la Fiscalía General.

Correcto.

Yo creo que hay dos factores. Uno, el relajamiento en los archivos. Es decir, la Fiscalía está archivando el 81 por ciento de las denuncias. Cuando no hay un delito, el archivo sería consecuencia clara, por ejemplo, de que el fiscal dice mire, esto es un negocio, un contrato. Esto no tiene nada que ver con lo penal, el problema de eso es que de ese 81 por ciento, el 67 por ciento dice que archiva porque no ha encontrado al responsable.

Así es. Y lo tiene que hacer la Fiscalía.

Yo creo que ahora está incorporando la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, elementos de todos estos análisis, pero llegó hace poco. Encuentra ese panorama.

Sí, y creo que tiene políticas claras frente a eso.

Hay la necesidad de proyectar por lo menos una reforma procesal en términos de elementos que no existen hoy en día. Por ejemplo, la desmovilización de grupos colectivos, que es un proceso muy complejo.

Sí. Y no solo la justicia. Todos. Hasta el sector privado tiene corrupción. En muchas ocasiones solamente unos ganan las licitaciones o porque otros terminan siendo adjudicatarios únicos y exclusivos. Odebrecht. Uno tiene que ser sincero en esto. La sociedad colombiana ha generado un modelo de corrupción en todo el estamento privado y público. No todas las personas, pero hay un modelo de corrupción que subyace que es muy fuerte. Y si no se ataca la corrupción, tampoco tenemos posibilidad de solucionar muchas cosas.

Yo creo que sí. De eso todo el mundo es consciente.

La Constitución tiene normas suficientes. Yo creo que hay otras visiones y otros caminos.

¿A usted cómo le parece que va el país?

El país está lleno de conflictos. Lo dice el CICR y el Presidente lo ha mencionado, no lo digo yo.

Dije ‘déjeme dos minutos’ y a los dos minutos le contesté. Viendo el país como está, acepté.

Yo diría que son varios países en uno solo, porque el país tiene territorios donde hay otras dinámicas. Nosotros nos acostumbramos a Bogotá. Pero mire Cauca.

Unas dinámicas de violencia, de control del poder. Mire Cúcuta, Tibú, Gamarra. Putumayo. El país tiene un tema de criminalidad muy fuerte. Aquí hay una crisis humanitaria, crisis de territorio: crisis es lo que está generando tanto problema.

Yo creo que sí. Pues es que en un país que tiene tanta violencia, la crisis humanitaria es una consecuencia lógica de esa violencia. ¿Por qué? Porque se están afectando personas que no tienen nada que ver con el conflicto. Se está afectando población campesina. Se está afectando población étnica en una disputa en la que muchos de ellos no tienen nada que ver. Y desde ese contexto la crisis humanitaria es desplazamiento, pérdida de territorio, amenazas, extorsión, y eso es lo que se quiere solucionar. Pero si nosotros seguimos pensando en que tenemos que amargarle la vida al del frente, seguiremos en crisis.

Primero, aceptar que eso está pasando, y yo los problemas no los niego ni los meto debajo del tapete.

Aceptar por parte de la sociedad que estamos viviendo una crisis grave.

Pues yo creo que en el fondo hay mucha gente que entiende que a veces ceder es bueno y hay mucha gente que entiende que está primero el país que el partido. Y en ese contexto también mucha gente entiende que está primero el país que el interés personal. Puede que no sean muchos, pero los hay.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO