La Fiscalía emite una directriz sobre la protección de la libertad de prensa

Este martes el fiscal general Francisco Barbosa Delgado firmó la Directiva 003, “Por medio de la cual se imparten lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal”, como un documento inédito para proteger la libertad de prensa en Colombia.

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Según se informó, en esta directiva se estableció que la policía judicial y los fiscales deben tener especial consideración y respeto en relación con el secreto profesional de los periodistas “para garantizar que el comunicador pueda tener mejor a las fuentes de noticias y que la ciudadanía pueda acceder a la información de interés público”, dijo el ente investigador en un comunicado.

Así mismo, se determinó que como regla general está constitucionalmente prohibido que los fiscales exijan a un periodista “rendir entrevista o testimonio en relación con información suministrada por sus fuentes”.

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La excepción es que será posible citar a periodistas como testigos, pero con estrictas limitaciones constitucionales.

“Los fiscales se abstendrán de ordenar cualquier actividad investigativa que ponga en riesgo el secreto periodístico, entre ellas la inspección al lugar de trabajo, al medio de comunicación u otro sitio donde reposa la información periodística”, añadió el órgano de control.

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Según la Fiscalía, esta directiva va en cumplimiento del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que ese derecho “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

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Finalmente, el ente investigador informó que seguirá cumpliendo el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia que garantiza la libertad de “expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.

En ese sentido, la Fiscalía señaló que “seguirá ejerciendo su misión constitucional en el marco del respeto a los derechos humanos y a las distintas instituciones que conforman la sociedad democrática colombiana”.

La directriz se conoce cuando desde el Congreso se emitieron opiniones en el sentido de plantear que el organismo de control haga “intervenciones” a los medios de comunicación por noticias publicadas, lo cual podría llevar a la revelación de las fuentes de informes periodísticos que han sido críticos del Gobierno. Así lo hizo, por ejemplo, la senadora Isabel Zuleta en relación con una publicación de la revista Semana sobre la polémica generada por el robo a la ex jefa de Gabinete Laura Sarabia.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) aseguró que “no resulta transparente ni bien intencionada la invitación a realizar debates generales de control político en un contexto político tenso y polarizado, con el objetivo de cuestionar desde la política a los medios que cuestionan esa política desde el periodismo en ejercicio de su labor. Y menos aún, como ya se está haciendo, anticipando la eventual conveniencia de nuevos límites a medios y periodistas, siguiendo el ejemplo de regulaciones en otras latitudes”.

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Además, indicó que si se presenta un caso en que un medio llegue a afectar el derecho a la honra y al buen nombre de una persona, esta tiene el derecho a exigir que se rectifique, “a denunciar la comisión de delitos como la calumnia y la injuria, y hasta a reclamar indemnizaciones por perjuicios”, todo lo cual tiene un amplio marco legal en el país.

De otro lado, la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró que la directiva realmente se firmó hace dos meses y que, en su criterio, “resulta insuficiente para garantizar el libre desarrollo del periodismo y no responde a las obligaciones de esta entidad en términos de protección a la prensa”.

Lo anterior, dijo la Fundación, porque incluye lineamientos que ya se encuentran protegidos por la Constitución, como la prohibición de pedir a la prensa que revele la fuente de su información.

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“La normativa se limita a hablar de la protección de la fuente –lo que es fundamental en las democracias–, pero no aporta nuevos elementos que protejan el desarrollo del periodismo”, dijo la Fundación, y aseguró que la entidad “ha obstaculizado el trabajo de las y los periodistas judiciales, quienes han enfrentado dificultades para acceder a las ruedas de prensa y a la información que está en poder de la entidad.

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