Las razones para pedir a la JEP investigar asesinato de recién nacidos en las Farc

Relatos de madres que alcanzaron a escuchar el llanto de sus hijos antes de que los mataran, tras haber sido sometidas a procedimientos abortivos, hacen parte de las evidencias que, dentro del macrocaso 07, evalúa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su investigación sobre el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las Farc.

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En general, la JEP ya estableció que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc en el marco del conflicto armado, y hasta ahora se han acreditado en este caso 3.771 víctimas individuales y colectivas, de las cuales el 60 por ciento son mujeres.

Y si bien la JEP avanza en una línea sobre las violencias sexuales y otras violencias de género asociadas al reclutamiento y utilización de niños y niñas, en la que se analizan hechos de anticoncepción y abortos forzados, hace unos días al despacho relator de este caso llegó una petición de la Procuraduría para que se investigue, como un crimen separado, el asesinato y desaparición de recién nacidos.

En un documento de 33 páginas, conocido por EL TIEMPO, el Ministerio Público le envió a la JEP 27 testimonios de mujeres que, con un avanzado estado de embarazo, fueron sometidas a procedimientos abortivos que incluían métodos como golpes contundentes, imposición de trabajos forzados, toma de medicamentos, uso de instrumentos quirúrgicos y la combinación de varios.

Estos relatos los hicieron las propias víctimas ante la JEP, durante diligencias de ampliación de observaciones en el macrocaso 07, y la Procuraduría los trajo a colación para resaltar que la política de anticoncepción obligatoria que hubo en las Farc no solo llevó a abortos forzados, incluso a mujeres en avanzado estado de gestación, sino al asesinato y desaparición de bebés que nacían vivos.

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Los casos y nombres de las víctimas, muchas de las cuales seguían siendo menores de edad cuando sufrieron estos hechos, tienen estricta reserva, pero el ente de control refirió algunos de sus relatos, como el de una mujer que contó que aunque intentó ocultar su embarazo, “la entregaron al frente 40, allá había un hospital grandísimo. Había quirófanos, estaba adaptado para atender cualquier tipo de cirugía. Eran diez mujeres embarazadas, entre ellas, una de ocho meses con dos semanas. A todas les practicaron el legrado, la que no se sometiera era orden de fusilamiento”.

A la mayoría de las víctimas las obligaron a ingerir medicamentos para producirles abortos. Por ejemplo, una mujer contó que fue reclutada a los 14 años, quedó en embarazo y fue forzada a tomar pastillas en dos oportunidades, pero estas no funcionaron y llegó al séptimo mes de gestación, “los mandos acudieron a alias el Enfermero, quien mediante inyecciones del mismo medicamento y una intervención quirúrgica logró el resultado final: la víctima expulsó una pequeña niña muerta”.

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También hay relatos que refieren que cuando los medicamentos no funcionaban, les introducían objetos punzantes para provocar la muerte del feto en el vientre de sus madres; y otras mujeres contaron que alcanzaron a sostener a sus hijos antes de que murieran por los daños a su integridad que sufrieron en los procesos abortivos.

Por ejemplo, una mujer a quien obligaron a abortar a los 8 meses “en su relato indica que la escuchó llorar, se la arrebataron de sus brazos y la lanzaron al río Guayabero”.

Otra víctima contó que le hicieron tomar pastillas, pero tuvo un parto normal: “Mi bebecito salió vivo con las pastas que me habían dado y se le dificultaba mucho respirar”; y una más narró cómo, con siete meses de embarazo, le inyectaron un medicamento, “al otro día tuve el niño, era un varón, nació vivo. El médico lo mandó a botar vivo a la basura (...) lo saqué de la basura y lo tuve en mis manos como media hora hasta que se murió en mis manos”.

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Para el Ministerio Público, matar a un neonato no se enmarca dentro del crimen de aborto forzado que actualmente investiga la JEP, y consideró que la violencia contra bebés indefensos debe ser investigada independientemente.

De acuerdo con el Ministerio Público, de los 27 relatos de embarazos avanzados, en el 81 por ciento de los casos se produjo el parto y los bebés nacieron vivos, pero hoy están desaparecidos; en otro 11 por ciento, el bebé sobrevivió al aborto, y en otro 7 por ciento ocurrieron lesiones al feto.

El documento del ente de control añade que de los 27 casos recogidos, el grupo con mayor incidencia fue el bloque Oriental, con un 44 por ciento de las victimizaciones reportadas, seguido por los bloques Noroccidental y Sur, con un 15 por ciento; los bloques Magdalena Medio y los casos en los cuales no fue posible determinar el bloque, con el 7 por ciento; y el 4 por ciento de los casos fueron en los bloques Nororiental, Caribe y el Comando Conjunto Central.

“Los atentados contra sus vidas e integridad personal, en condiciones de extremo sufrimiento, deben ser investigados, juzgados y sancionados por parte de la JEP, al haber ocurrido en el marco del conflicto armado y haberse perpetrado en el contexto del reclutamiento y la utilización de niños y niñas, al interior de las Farc”, argumentó en síntesis la Procuraduría.

Fuentes en la JEP le dijeron a este medio que el documento en mención fue enviado por la Procuraduría a la JEP el 6 de junio, se incorporó efectivamente al expediente del macrocaso 07 el 15 de junio y ahora mismo está siendo analizado para darle una respuesta, con varias precisiones, en los próximos días.

Sobre la investigación de los delitos de género, refirieron que el caso 07 tiene una línea específica de investigación sobre violencias sexuales y otras violencias de género asociadas al reclutamiento y utilización de niños y niñas, y solo entre mayo de 2022 y marzo de 2023 en esta línea se hicieron 10 diligencias con víctimas directas e indirectas acreditadas dentro del caso.

En las audiencias, realizadas en Barranquilla, Villavicencio, Florencia, Cúcuta, Ibagué y Bogotá, se escuchó directamente a 145 víctimas acreditadas en el caso, el 92 por ciento de ellas mujeres.

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Asimismo, se definieron ámbitos para investigar las violencias intrafilas que afectaron de manera diferencial y desproporcionada a las niñas reclutadas, incluyendo la investigación de las violencias reproductivas y obstétricas.

Ahora mismo, el despacho avanza en la anonimización de los relatos, para proteger la identidad de las víctimas, de modo que, en garantía del debido proceso, esa información pueda entregarse a los comparecientes y sus abogados para que se pronuncien sobre los hechos denunciados.

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