En 18 años han sido condenados por corrupción 3 exgobernadores de Guainía

Este lunes se conoció la condena de 5 años de prisión que la Corte Suprema de Justicia impuso al exgobernador de Guainía Efrén de Jesús Ramírez Sabana (2004-2007) por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Esta es la segunda condena en su contra, pues en abril la Corte lo había condenado a 7 años y 4 meses de prisión por contratación irregular y peculado en favor de terceros.

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Sin embargo, este no es el primer exmandatario del departamento que es condenado por temas de corrupción. Con Ramírez van tres exgobernadores sentenciados desde 2004 y hay otros dos casos en trámite. EL TIEMPO buscó sus historiales.

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Efrén de Jesús Ramírez Sabana fue gobernador de Guanía entre 2004 y 2007, ganó las elecciones de 2003 representando a las Autoridades Indígenas de Colombia (Aico).

Además de condenas, de acuerdo con un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Corporación Nuevo Arcoiris, fue sancionado en el 2006 por la Procuraduría, quedando inhabilitado por 11 años para ejercer cargos públicos, debido a una violación del régimen de inhabilidades.

Esa sanción se sustentó en que Ramírez Sabana se posesionó como gobernador estando inhabilitado para ejercer el cargo porque tenía una condena de 12 meses de prisión por inasistencia alimentaria. En el desarrollo de esa investigación, el gobernador fue objeto de una suspensión de 90 días.

Sus recientes condenas por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado tienen que ver con 21 contratos que analizó la Corte Suprema.

El expediente por el que fue condenado el pasado 8 de junio se relaciona con nueve contratos que Ramírez suscribió entre 2004 y 2005 sin tener en cuenta los principios que regulan la función pública y la contratación estatal, y desconociendo, según la Corte, la planeación, transparencia, economía y selección objetiva.

Y la condena de abril de este año es por irregularidades respecto de 12 contratos suscritos en 2004. Uno de los contratos, por ejemplo, tenía el objetivo de suministrar dotación a funcionarios de la Secretaría de Educación en el que se entregaron al contratista 67 millones de pesos de más sin justificación alguna, señaló el alto tribunal.

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La Corte Suprema también encontró un contrato firmado con Satena para suministrar 206 tiquetes para cubrir el desplazamiento del personal docente de las zonas rurales de difícil a la región en 2002, en donde el contratista aplicó una promoción y otorgó 14 tiquetes más. Se evidenció que los tiquetes terminaron en manos de personal de la Secretaría de Educación y a personas que no aparecen en la lista de la planta docente.

De acuerdo con la Corte Suprema, Ramírez Sabana “optó por hacer entrega de 124 tiquetes a personas que no reunían los requisitos específicos, es decir, a personas que no eran docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales ubicados en áreas rurales de difícil ”.

Esto, “para obtener beneficio patrimonial ilegal mediante la apropiación de dineros públicos, con el consecuente detrimento para el erario estatal”.

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En el 2007, Iván Vargas Silva del Partido de la U, fue electo como gobernador de Guainía para el periodo 2008-2011.

Pero finalizando su mandato, en septiembre de 2011, Vargas Silva se convirtió en el primer gobernador condenado estando en ejercicio de su cargo puesto que, acogiendo de manera íntegra la exposición de la Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo halló penalmente responsable por el delito de corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

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De acuerdo con la investigación, Vargas Silva entregó dinero a de comunidades indígenas de Guainía para que votaran por él en los comicios de octubre de 2007.

La Alta Corporación le concedió a Vargas Silva la detención domiciliaria por ser padre cabeza de familia de dos menores de edad.

Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, quienes fueron gobernadores de Guainía entre 2012–2015 y 2016–2019, respectivamente, aceptaron en junio de 2021 cargos por corrupción.

La aceptación se hizo a través de  un preacuerdo con la Fiscalía en el que se comprometieron a regresarle a Guainía más de $ 16.000 millones que se habrían apropiado con hechos de corrupción.

Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron una situación de macrocriminalidad en la que los exfuncionarios, en asociación con algunos de sus colaboradores, habrían suscrito irregularmente varios contratos de suministros y obras públicas entre 2012 y 2018, “que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual”, señala la investigación.

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Por estos hechos, el exmandatario Rodríguez Sánchez reconoció su participación en el delito de concierto para delinquir agravado, así como 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos, 35 de peculado por apropiación y 5 de cohecho propio.

Por su parte, Zapata Parrado reconoció además del concierto para delinquir, su responsabilidad en 24 hechos de interés indebido en contratos, 15 de peculado por apropiación, tres de cohecho, uno de corrupción al sufragante, cuatro de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y uno de fraude procesal.

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El preacuerdo en el que reconocen los hechos y se comprometen a devolver el dinero, a cambio de rebajas en sus penas, está actualmente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Hasta el momento, según informaron fuentes de la corporación, la Sala no ha proferido sentencia a falta del cumplimiento de uno de los acuerdos por parte de un procesado.

Desde antes del año 2000 hay registros de hechos de corrupción en el departamento. Contando las dos sentencias en trámite de Rodríguez Sánchez y Zapata Parrado, en los últimos 18 años serían tres los exgobernadores condenados: a Vargas Silva y Ramírez Sabana se les une Arnaldo José Rojas Tomedes, quien fue gobernador entre 1998 y 2000.

En mayo del año pasado la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a Rojas Tomedes a 5 años de prisión domiciliaria por las irregularidades en cuatro contratos que celebró o autorizó cuando fue mandatario de ese departamento, y que no cumplieron los requisitos legales.

Esta sentencia contra Rojas Tomedes se refiere a hechos ocurridos entre los años 1998 y 2000, cuando la Gobernación a su cargo recibió una suma superior a los 200 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Regalías para desarrollar un proyecto cuyo objetivo era controlar la contaminación por mercurio.

La Sala encontró que de los 28 contratos por los que la Fiscalía acusó al exgobernador, se evidenciaron y demostraron irregularidades esenciales en cuatro de ellos en los que hubo una actuación dolosa del procesado: el contrato 028 de diciembre 30 de 1998, el 017 del 3 de septiembre de 1998, el 027 de diciembre 30 de 1998, y la orden de servicios 0133 del 30 de diciembre de 1998.

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Para la Corte, en los tres primeros se desconocieron requisitos legales en su tramitación y celebración, pues se vulneró la transparencia y selección objetiva. Y en el último negocio jurídico, el 0133, también se incumplieron los requisitos legales al no verificarse la capacidad del contratista por tratarse de un menor de edad.

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Aunque la defensa señaló en su momento que el entonces gobernador delegó en su secretario de Agricultura y Medio Ambiente, y en otros funcionarios, toda la contratación –y sustentó que por ello el mandatario no conoció de las irregularidades que pudieron presentarse–, la Sala precisó que ello no lo releva de responsabilidad.

Según la providencia, incumplió su deber de supervisión, control y vigilancia de la actividad contractual y de los procesos de selección que se adelantaban, en un proyecto que era clave para controlar la extracción aurífera a través de prácticas mineras ilegales que ocasionaron daños a la salud y el ecosistema.

“De allí que se demandaba de él una estricta labor de supervisión, en cuanto era garante de la legalidad de la actuación contractual, pues como representante legal del ente territorial, era quien podía comprometer con su voluntad final los dineros del departamento”, concluyó la sentencia.

De otra parte, cabe mencionar que el exgobernador de Guanía entre 2000 y 2003, Hildebrando Díaz Molina, fue sancionado en 2006 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General con una multa de 90 días de salario básico devengado para la época de su gobernación, equivalentes a $8'853.120.

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En las elecciones regionales de 2019, Juan Carlos Iral Gómez ganó la gobernación de Guainía con 9.965 votos y el respaldo del partido de la U (que no gobernaba desde 2008).

Sus principales propuestas de campaña se refirieron a la transformación del territorio, el desarrollo económico y social, y al fortalecimiento de los sectores productivos para dinamizar la economía y así disminuir el desempleo en la región.

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En junio de 2020, la Contraloría abrió un proceso fiscal contra el mandatario por un presunto daño al erario de 112 millones en la compra de víveres durante la contingencia sanitaria por el covid-19.

VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

En Twitter: @JusticiaET