'Había unos intereses en la Unidad de Restitución que hacían dilatar los tiempos': Giovani Yule

La Unidad de Restitución de Tierras, una de las entidades clave para la implementación del acuerdo de paz del Teatro Colón, lleva a cuestas la dispendiosa y hasta ahora demorada tarea de devolver a las víctimas del conflicto los territorios que habían sido despojados por los grupos armados.

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En diálogo con EL TIEMPO, el director de la entidad, mayor Giovany Yule, entregó un balance de esta labor, que encontraba un cuello de botella en la fase judicial del trámite, un bache que, según sus declaraciones, se está intentando superar.

También habló sobre las características de estos predios que suman 11 millones de hectáreas, el 10 % del territorio Nacional, quiénes son los despojadores y las nuevas dinámicas de disputa territorial.

Desde que llegamos a la URT, dimos la información de que el 65% de las solicitudes que habían entrado en toda la historia estaban siendo negadas. Comenzamos a mirar y, efectivamente, había unos intereses aquí en la Unidad que lo que hacían era dilatar los tiempos y, a veces, negar las solicitudes, porque lo primero que hacían era mirar si en los territorios había proyectos mineroenergéticos y si las solicitudes afectaban estos macroproyectos. Nos tocó eliminar esa serie de obstáculos, que lo que hacían era valorar más los intereses macroeconómicos que los de las víctimas.

Comenzamos a revisar y nos tocó replantear esa estrategia, por eso, actualmente, hemos invertido ese indicador. La negación está sobre un 27%. Es decir, un 73% están siendo aprobadas. Por otra parte, en el Registro de Tierras Despojadas llevamos un número de hectáreas de 11.137.329, de las cuales, en este gobierno, se han tramitado 5.422.000. Con respecto a los predios que han sido colocados ante los jueces especializados en restitución, llevamos 10.424.000 hectáreas, de las cuales 5.441.000 corresponden a este gobierno. Hemos hecho casi lo mismo o incluso más de lo que se hizo en 12 años. Estamos esperando ahora que los jueces y magistrados logren agilizar estos procesos.

Hemos tenido muy buena conversación con jueces y magistrados, hasta tal punto que logramos constituir cinco juzgados técnicos a nivel nacional, que comenzaron a funcionar este año. Esperamos que, con esos juzgados técnicos, podamos sacar un mayor número de resoluciones, porque de ese despojo, que supera las 11 millones de hectáreas, la mayoría pertenecen a las comunidades indígenas y afrodescendientes. 

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Bajo esas condiciones, logramos el año pasado constituir un proyecto financiero exclusivamente para la ruta étnica, de tal manera que, para 2025, ya tenemos un proyecto financiero exclusivo para atender tanto la etapa istrativa, como la etapa judicial y la etapa de posfallo en los asuntos étnicos.

Desde hace aproximadamente un año, venimos adelantando conversaciones con la empresa Argos, que tiene procesos de restitución en Montes de María, una región afectada por la violencia y las masacres perpetradas por el paramilitarismo, que obligaron al campesinado a desplazarse. Argos ingresó para comprar tierras, y varias sentencias han favorecido a las víctimas. Durante el diálogo, la empresa expresó: "Necesitamos entregar esas fincas antes de que se terminen los procesos". Como resultado, se ha establecido un diálogo entre los solicitantes y la empresa, a través de la Fundación Crecer en Paz, y en diciembre logramos entregar 260 hectáreas a 5 familias, antes de que finalice el proceso judicial. Este acuerdo es muy significativo, ya que podría considerarse una restitución temprana. La idea es invitar a todos los actores que han despojado tierras a que, en lugar de esperar el litigio hasta que se emita una sentencia, firmemos acuerdos como el que alcanzamos con Argos, para poder entregar esos territorios y avanzar en el proceso de reconciliación.

La mayoría de los territorios despojados se encuentran en las zonas donde el paramilitarismo ha tenido presencia y, en algunos casos, aún sigue estando. Después están las tierras de los terratenientes agroindustriales multinacionales y, también, las de las guerrillas. Todo este contexto del conflicto armado en Colombia ha sido uno de los factores clave en la disputa territorial.

Después del conflicto, algunas empresas y agroindustrias han empezado a adquirir tierras en lugares donde las comunidades han abandonado sus fincas. Estas tierras han sido compradas, evidentemente, a precios mucho más bajos de lo que correspondería en el mercado. Estos casos también se consideran despojos. En algunos casos, incluso se ha utilizado a actores armados para facilitar el despojo territorial.

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De igual manera, ha habido hacendados o terratenientes que han invadido tierras que son reservas naturales o áreas de conservación. Así, el despojo no solo ha afectado a indígenas, campesinos y afrocolombianos, sino también al propio Estado. Podríamos decir que, en este momento, ese despojo abarca más de 11 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 10% del territorio nacional.

Las Farc también tienen, por supuesto, una participación en el despojo. Hemos estado realizando todo el ejercicio para analizar cómo establecer un diálogo y avanzar en la restitución. Esto incluye a los actores armados que siguen vigentes, ya que eso sería una muestra de voluntad para restablecer la armonía de las víctimas que han sido golpeadas en el marco del conflicto y la violencia. 

Hemos estado realizando un ejercicio de coordinación con todas las entidades involucradas en la posibilidad de la reparación de las víctimas del conflicto armado. En este proceso, hemos mantenido una conversación muy fraternal con la Agencia Nacional de Tierras, con la Unidad de Víctimas, con todas las instituciones que también tienen responsabilidad en el tema de la restitución, con el Ministerio de Vivienda y con la Agencia de Desarrollo Rural. Incluso hemos logrado acuerdos con algunas de estas entidades para explorar cómo avanzar en la materialización de las órdenes judiciales.

Ahí es donde hemos logrado ar a más de 7.000 víctimas en 12 regiones del país. Cuando asumimos la dirección de la Unidad de Restitución de Tierras, recibimos un acumulado de sentencias que aún no se habían cumplido. En esa tarea estamos. Hemos diseñado una estrategia para visitar los territorios y las regiones, para conversar con las personas que ya tienen una orden judicial a su favor y, por supuesto, para materializar su restitución. Hemos logrado llegar a la mayoría de las personas que en este momento tienen órdenes judiciales que aún no se han materializado.

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Redacción Justicia