La seguidilla de presuntas faltas del Minsalud frente al desabastecimiento de medicamentos, según la Procuraduría

A las afueras del Ministerio de Salud, el 9 de octubre del año pasado, llegaron decenas de pacientes con enfermedades huérfanas para protestar por la falta de medicamentos esenciales para sus condiciones. No fueron los únicos afectados; personas con VIH e incluso con cáncer se quedaron sin recibir tratamientos vitales debido a este desabastecimiento, del que la Procuraduría responsabilizó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por la omisión o retardo injustificado de sus funciones.

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En el llamado a juicio disciplinario, conocido este martes 2 de enero, la Sala de Instrucción enumeró cronológicamente las faltas por las cuales le imputó los cargos, a título de culpa grave. 

En primer lugar, recae sobre el Ministerio de Salud y el Invima la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de medicamentos en el mercado y, ante una contingencia por desabastecimiento, adoptar las medidas necesarias para regular el flujo, de cara a la atención que deben brindar las EPS a sus pacientes

Esta fue la regla que rompió, según la Procuraduría, generando un riesgo de "incremento de la morbimortalidad de la población perjudicada por la escasez, afectando sus derechos fundamentales a la salud y a la vida".

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La grave situación fue advertida por Acemi desde mediados de 2022. Sin embargo, durante los meses siguientes no se contemplaron planes de mejora y la crisis empeoró. Según los registros del gremio citados por la Procuraduría, "los problemas de abastecimiento permanecieron desde entonces y solo se controló en un 15 % de los casos".

Algunas de las referencias que empezaron a desaparecer de los anaqueles de los dispensarios fueron medicamentos contra la hipertensión arterial, los trastornos mentales y el dolor. Hubo algunas completamente desabastecidas, como ciertos medicamentos contra el VIH.

En marzo de 2023, el Invima publicó en su página los productos con alerta, junto con un resumen de la gestión del Ministerio para restablecer su normalidad. Había 115 en monitorización, 14 en riesgo de desabastecimiento y 39 declarados como desabastecidos.

En ese momento, la Cartera sabía que una de las principales causas era el atraso en los trámites de registro sanitario, una tarea que debe cumplir el Invima.

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"La Sala corroboró que el atraso en el trámite y respuesta de las solicitudes relacionadas con el registro sanitario de medicamentos y biológicos era considerable. Existían 2.351 solicitudes sin resolverse y, entre estas, 71 requerimientos eran de productos que, para la fecha, presentaban desabastecimiento o riesgo de escasez", reza el documento.

Sin embargo, siguieron otros meses de paquidermia. Solo hasta el 30 de octubre de 2023, día en el que el Tribunal istrativo de Cundinamarca ordenó al Minsalud y al Invima adoptar medidas cautelares de urgencia para hacer frente a la crisis de desabastecimiento que vivía el país, la entidad actuó.

Este ultimátum se produjo para proteger los derechos e intereses colectivos que habían sido vulnerados por deficiencias en la gestión pública.

En respuesta, el Ministerio elaboró un plan con acciones concretas por grupo terapéutico y mesas técnicas con las farmacéuticas. Aún así, para la Procuraduría, se quedaron cortos. "La entidad era competente para planear y ejecutar otras iniciativas diferentes para superar el atraso en los trámites pendientes con el Invima", advirtió.

Además, y este es el punto en el que basan principalmente la imputación, las medidas solo se ejercieron de forma diligente y eficiente cuando el Tribunal lo ordenó, tardando seis meses en reaccionar y ejecutar un plan para garantizar el derecho a la salud de los pacientes.

"El doctor Jaramillo Martínez, en su calidad de ministro de salud y protección social, solo planeo y ejecutó acciones concretas orientadas a prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos, mediando una orden de un tercero, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento de sus funciones", refutó el Ministerio Público.

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Por su presunta omisión, el Ministro podría ser suspendido por un máximo de un año en caso de perder el juicio al que fue llamado, lo que lo obligaría a dar un paso al costado como cabeza de la cartera y afectaría sus aspiraciones electorales. En todo caso, el proceso quedaría en manos de la siguiente istración de la Procuraduría, dirigida por Gregorio Eljach.

Redacción Justicia