Acuerdo de Paz: las alertas de informe de la Procuraduría

La Procuraduría General presentó al Congreso su tercer informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. La Procuradora Margarita Cabello Blanco, en dialogo con EL TIEMPO, explicó los principales hallazgos

Lo primero que debo resaltar es que, como entidad, hacemos un seguimiento riguroso y permanente a la ejecución de los compromisos adquiridos por las diferentes entidades del Estado frente a la implementación de los seis puntos del Acuerdo de Paz. Este es un trabajo que se debe llevar a cabo durante los quince años previstos en el Plan Marco de Implementación. Se trata de una labor que se realiza en la totalidad del territorio colombiano y que, en esta ocasión, arrojó 322 recomendaciones que se ponen a disposición del país y de la comunidad internacional.

En segundo lugar, en este informe, realizamos un análisis especial sobre el enfoque de género que permitió identificar avances y retos en la materia en relación con la implementación del acuerdo. Yo tomé la decisión de llevar a cabo este estudio, pues considero que las decisiones y las acciones que se están desarrollando desde diferentes entidades deben comprender las particularidades de la situación de las mujeres y de personas con orientación sexual e identidad de género diversas

El conflicto armado en Colombia ha afectado a estos grupos poblacionales de manera diferenciada y la respuesta debe comprender las desigualdades estructurales a las que se enfrentan. No podemos ser inferiores a ese reto y he dado instrucción de no perder de vista este corte transversal en el análisis.

Finalmente, debo también ser enfática en que, así como se resaltan los avances, también hicimos recomendaciones que vamos a socializar y que traduciremos en requerimientos a diferentes entidades, en una permanente vigilancia preventiva y en un control continuo de la gestión. Esto va a permitir que las víctimas del conflicto armado y que la sociedad, en general, puedan ver avances significativos en los términos de lo acordado.

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Encontramos avances y retos importantes. Para dar algunos ejemplos, identificamos un aumento en el ritmo en la adopción de los Planes de Reforma Rural Integral. Este es un proceso que, desde 2018, presenta demoras. Sin embargo, en el último año, se identifica un progreso reflejado en resultados concretos. Actualmente, el país se acerca a la cifra de 10 de 16 planes que se establecieron como meta originalmente.

También hay avances significativos en el trabajo de esclarecimiento de la verdad. Se han generado 51 espacios privados de reconocimiento de responsabilidades y nueve “Encuentros por la Verdad” que dan cuenta del trabajo que está realizando la Comisión de la Verdad.

En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, se pudo determinar que fueron incorporadas 12.918 personas al trámite ante la JEP. Además, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelantó acciones humanitarias de búsqueda: se hallaron 4 personas vivas a finales de 2020, se recuperaron 33 cuerpos y se coordinó o contribuyó en la entrega digna de 10 restos óseos de personas dadas por desaparecidas.

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Estos son logros muy importantes pues hay retos de coordinación interinstitucional que se están tratando de superar y que resaltamos como uno de los elementos a mejorar para aumentar la eficiencia y la efectividad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El informe, además, da cuenta de unas falencias que se deben atender con prontitud. En primera medida, se alerta sobre la violencia en contra de lideresas, líderes, defensoras y defensores de derechos humanos, y de quienes se encuentran en proceso de reincorporación. Este es un asunto de mayor trascendencia y, desde el Ministerio Público, hemos alertado sobre la importancia de mejorar las condiciones de seguridad para hacer frente a ese lamentable fenómeno de violencia.

Adicionalmente, hemos encontrado un escaso avance en el desarrollo del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y en el punto de participación política. Consideramos que se requieren mayores acciones para acelerar dicho desarrollo.

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Finalmente, la Procuraduría también ha detectado demoras en la generación de resultados en el marco de la reforma rural integral y en la sustitución de cultivos de uso ilícito. Atendiendo a esta información, ya he dado indicaciones puntuales a las y los delegados responsables para que, desde nuestras misionalidades, aportemos a la viabilización de soluciones.

Establecimos varias razones. El 71% del total de las hectáreas que han ingresado al Fondo de Tierras se concentra en solo 15 municipios del país. Además, los municipios focalizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, es decir, los que se encuentran en los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional, tienen poca participación en el Fondo.

También se constató que un gran porcentaje de los predios baldíos y fiscales patrimoniales ingresados al Fondo presentan ocupaciones previas. Esto implica que no podrían ser adjudicados a campesinos sin tierra o con insuficiencia de esta, sino que deberían ser objeto de procesos de formalización o de regularización de la propiedad.

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Como resultado del análisis efectuado, la Procuraduría General de la Nación estableció que uno de los factores de riesgo en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz es el desconocimiento frente al enfoque étnico por parte de las entidades responsables de la ejecución.

Influye, además, el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios, y la persistencia y aumento en la siembra, producción y comercialización del cultivo de coca. Estas condiciones están asociadas con la falta de garantías de seguridad para las comunidades en la tenencia y disfrute de sus territorios. El desmantelamiento y la lucha contra las organizaciones criminales son fundamentales para la implementación del Acuerdo de Paz y en particular del Capítulo Étnico.

La situación de seguridad en los territorios continúa siendo uno de los mayores retos que enfrenta el país. Pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional para atender esta situación, continúa siendo insuficiente la respuesta institucional para atender problemáticas como la violencia en contra de lideresas, líderes, defensoras y defensores de derechos humanos, y de personas en proceso de reincorporación.

Por eso hacemos un llamado para alcanzar mayor articulación entre las entidades del orden nacional y territorial de tal forma que se ofrezca una respuesta más efectiva y se atiendan los riesgos a nivel local de forma más contundente.

En el informe se reiteró la urgencia de poner en marcha las medidas dispuestas en el Acuerdo de Paz, en especial las relacionadas con la capacidad institucional para proteger la vida, integridad y seguridad de las lideresas y líderes sociales, las defensoras y defensores de derechos humanos, y las personas en proceso de reincorporación.

Igualmente, se resalta la importancia de impulsar políticas dirigidas al desmantelamiento de organizaciones criminales. Por eso, hacemos un llamado a generar resultados concretos a través de las instancias y programas contemplados en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, y al planteamiento de soluciones desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Al tiempo que se reconocen las gestiones de la Fiscalía General de la Nación, se recomienda fortalecer la capacidad de la Unidad Especial de Investigación de ese órgano de control para que continúe trabajando en el esclarecimiento de los casos de amenazas y homicidios contra líderes, lideresas y personas en proceso de reincorporación.

Consideramos, además, que se debe buscar una solución sostenible frente a las dificultades presupuestales y de personal que enfrenta la Unidad Nacional de Protección, y garantizar la implementación del Decreto 660 de 2018 que crea el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, entre otros.

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Tenemos constituidas 420 agencias especiales en los procesos penales que se adelantan por crímenes contra lideresas y líderes sociales y 250 agencias especiales por hechos victimizantes contra las personas en proceso de reincorporación.

En relación con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), es urgente la adopción de medidas integrales, pues a un año de finalizar la vigencia del Plan de Desarrollo 2018-2022, solo 6.777 familias, es decir el 8% del total de los beneficiarios, han recibido proyectos productivos, con corte a marzo de 2021.

Ante este diagnóstico, se hizo un llamado a involucrar a los sectores de agricultura y ambiente para duplicar esfuerzos, en coordinación con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

El alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, dijo que el plan marco de implementación del acuerdo tiene cerca de 500 indicadores y señaló que la Procuraduría encontró significativos avances.

Habló del desarrollo rural integral: “Cuando llegamos al gobierno, en materia de catastro multipropósito no se había avanzado absolutamente nada. Hoy en día tenemos el documento Conpes, 150 millones de dólares en implementaciones, por lo menos la mitad de los municipios del país van a terminar con su formalización”.

Indicó que en temas de mujeres y género se ha avanzado significativamente. “Tenemos el marcador presupuestal, tenemos la planeación robusta para cada uno de los indicadores, estamos cambiando la vida de las etnias y de las mujeres”, indicó Archila.

El funcionario había destacado, desde Popayán, que la Fiscalía, a 16 de julio de 2021,

tenía investigaciones por 382 afectaciones a excombatientes y sus familiares, registrando avances investigativos respecto de 204 hechos, con un 53 por ciento de esclarecimiento.