¿Rebaja de penas del 20 % generalizada? Expertos cuestionan propuesta del Eln

Una rebaja del 20 por ciento para cualquier persona condenada en Colombia y sin importar el delito fue una de las propuestas que puso sobre la mesa la delegación de paz del Eln, como mecanismo de “alivio humanitario” por la grave situación de derechos humanos que se vive en las cárceles del país.

(Lea: Eln pide rebajar el 20 % de condenas de todos los presos 'sin importar delito')

Así lo dijo Juan Carlos Cuéllar, quien es gestor de paz del Eln, a través de la cuenta de Twitter de la delegación, como uno de los asuntos que se tratarían en Ciudad de México en las negociaciones de paz.

Lo anterior, por su generalidad y, sobre todo, por versar sobre la política criminal del país, y no exclusivamente sobre cómo sería un eventual mecanismo de justicia transicional para los integrantes del Eln en caso de lograr un acuerdo de paz.

Así lo dijo por ejemplo el exministro de Justicia y exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, quien aseguró que la discusión de una rebaja de la pena máxima de prisión en Colombia es válida, pero no al interior de la ‘paz total’ que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, ni en el negociación con el Eln. En ese sentido, recordó que el Gobierno presentó un proyecto de ley para la ‘humanización’ de las cárceles, que propone, entre otros, rebajar la pena máxima a 40 años.

(Lea: La demanda que busca proteger las cargas industriales de un naufragio)

“Yo estoy de acuerdo con el ministro de Justicia en el sentido de que hemos ido aumentando las penas exponencialmente y eso no ha incidido en la reducción de la delincuencia. Hasta 1980 la pena máxima era de 24 años para los crímenes más atroces, luego subieron a 30, luego a 40, a 60. Es válido la discusión, pero no al interior de la paz total ni de las negociaciones con el Eln, sino en la fijación de la política criminal”. dijo.

Para Gómez Méndez, la negociación con esa guerrilla tiene otro objetivo y no podrían incluirse temas como rebajas de pena generalizadas para todos los reclusos, sin diferenciar delitos ni la gravedad de los mismos, por lo que ese punto de la propuesta, en su criterio, sería un “embuchado dentro de la negociación”.

(Lea: Exmagistrado de la Corte Constitucional demandó la tributaria de Petro)

“Menos sentido tiene que un grupo que está en plan de reinserción, que lo que busca son amnistías o indultos, pretender rebajas para todo el mundo. Eso se ha hecho en el pasado, sí, cuando la visita del Papa, pero no me parece que este tipo de propuestas correspondan al éxito de una negociación con un grupo armado con objetivos políticos”, agregó.

En medio de este debate, expertos consultados llamaron la atención al detalle de la propuesta tal y como se publicó por la delegación del Eln, en el sentido que el tope máximo de 25 años de prisión estaría establecido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no es cierto. Sí contempla una pena máxima de 30 años el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y se determinó que, cuando hay una condena de pena perpetua (que no se ha aplicado), esta se revisa a los 25 años.

(Lea: Curules de paz: Procuraduría pide tumbar reglamentación actual y hacer una nueva)

Igualmente, indicaron que es necesario precisar si la rebaja de pena del 20 por ciento incluiría todo tipo de delitos, incluyendo casos como delitos sexuales a menores de edad, delitos de lesa humanidad, entre otros, o sí es solo para delitos políticos. Al respecto, por ejemplo, el exfiscal Mario Iguarán dijo que esto no podría abarcar delitos de lesa humanidad.

Y el exfiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que toda la propuesta no es “seria”.

“Empezando por el Gobierno que alcahuetea las rebajas de penas, ahora todo el mundo pide lo mismo. Se necesita una política criminal coherente, que atienda la situación de la criminalidad existente y la tutela de los derechos ciudadanos”, agregó.

(Lea: ¿Decirle a un subalterno que no 'da la talla' es acoso? Destituyeron a jueza)

El exfiscal Guillermo Mendoza Diago dijo a EL TIEMPO que, con la poca información y detalle que se conoce de esta propuesta, podría ser viable una posible rebaja de pena de convictos resocializados si los programas para esa labor y los de justicia restaurativa son eficaces.

“Pero no para efectos de descongestión carcelaria; tampoco rebajar las penas actuales sin que haya motivos razonables que lo expliquen”, agregó al indicar que esto tendría que evaluarse sobre cada preso individualmente.

El exfiscal Iguarán aseguró que le tomó por sorpresa que el Eln esté haciendo una propuesta que incluiría tanto al delincuente común como a las bandas criminales, por lo que parecería un tema que se están “tomando a la ligera”.

(Lea: Corte no investigará a embajador en Nicaragua por denuncia de Karen Abudinen)

Iguarán dijo que aunque se necesitan precisiones, una propuesta para procesos de negociación o de sometimiento debe incluir unos máximos en materia de verdad y de reparación y que en esos escenarios una rebaja de pena o la fijación de una máxima de 25 años no es desproporcionada, si se tiene en cuenta el tipo de delitos de los que se está hablando como secuestro, sedición, narcotráfico o extorsión, siempre que no cobije delitos de lesa humanidad y haya medidas de reparación.

“No es desproporcionada porque no puede cobijar a los delitos de lesa humanidad, siempre y cuando ese mínimo de justicia, que se logra con pena privativa de la libertad, sea acompañado por unos máximos en materia de verdad y de reparación. Si se miran las penas que, al final, se ponen a estas personas por haber incurrido en narcotráfico, en el concierto para delinquir, en la misma extorsión, se pagan realmente entre 25, 30 o 35 años”, dijo.

(Lea: ¿Qué hay detrás del fallido proyecto de la ‘supersala’ anticorrupción?)

En todo caso, Iguarán precisó que una eventual pena máxima de 25 años tendría que ser toda efectiva en cárcel, sin ningún tipo de subrogados como libertad condicional o casa por cárcel, entre otros.

@JusticiaET